Garrafas: nuevas normas de seguridad y facilidades para la venta barrial. Qué cambia

La nueva normativa para el mercado del Gas Licuado de Petróleo dada a conocer este miércoles establece pautas actualizadas que impactan de manera directa en la seguridad y accesibilidad de los usuarios de garrafas en toda la Argentina. Estos cambios buscan modernizar los estándares de control y asegurar que la distribución domiciliaria cumpla con requisitos técnicos más rigurosos, adaptados a la realidad actual del sector energético.

Un punto fundamental para la seguridad hogareña reside en la calidad de las válvulas y accesorios de los envases, para lo cual la medida oficial busca "equiparar la vida útil de las válvulas ante iguales condiciones de materiales y controles", garantizando que tanto los cilindros de 45 kilogramos como las garrafas menores cuenten con elementos de cierre certificados que minimizan los riesgos de fugas.

Para el consumidor, esto se traduce en una mayor confiabilidad al recibir un envase en su domicilio o en un punto de venta, en los cuales habrá una nueva categoría para pequeños depósitos de hasta 1.500 kilogramos facilita que comercios locales operen dentro de la legalidad de forma más sencilla.

Esta flexibilización administrativa promueve una red de distribución más capilar, aunque la norma aclara que "no podrá desarrollarse otra actividad distinta a la especificada en la presente norma en el mismo predio", permitiendo que la gente encuentre centros de abastecimiento habilitados para la venta al público bajo estrictas condiciones de exclusividad.

La normativa también refuerza el sistema de inspecciones y auditorías que deben superar los depósitos y las plantas fraccionadoras, y la autoridad de aplicación incrementará la fiscalización con certificados de aptitud técnica que ahora tienen una vigencia más clara y la obligación de los organismos de control de informar resultados en un "plazo máximo de ckinco días hábiles de emitida la certificación.

Este control sobre el estado de las instalaciones busca asegurar que el combustible almacenado mantenga sus propiedades de origen, se explicó en la normativa publicada hoy en el Boletin Oficial.

Normativas para reducir riesgos

En cuanto a la manipulación de los envases, las disposiciones técnicas ratifican que los sujetos activos están obligados a mantener los equipos de forma tal que "no constituyan un riesgo para la seguridad pública, extendiéndose esta obligación aun cuando no los utilicen", y se prohíbe cualquier práctica informal de trasvase de gas entre envases, una maniobra peligrosa que suele ser causa de siniestros graves. 

Para quienes utilizan sistemas de gas a granel en complejos habitacionales, la resolución elimina antiguos límites de almacenamiento y advierte que para recipientes de todas las capacidades "se deberán observar las directivas impuestas en tal sentido por la NFPA 58 Versión 2004", en referencia a las distancias mínimas de seguridad. Esto permite que las instalaciones de mayor tamaño incorporen tecnologías, mejorando la eficiencia del suministro compartido en zonas donde no llega la red de gas.

Es importante que los usuarios verifiquen siempre el buen estado general del envase antes de conectarlo, y para eso la nueva reglamentación exige, por ejemplo, que en zonas urbanas "las aberturas hacia la vía pública respeten las distancias a fuegos abiertos según cada categoría".

Estas mismas precauciones deben replicarse en el ámbito doméstico, manteniendo las garrafas en lugares ventilados y alejadas de cualquier fuente de ignición para evitar que las operaciones "atenten contra la salud e integridad física de la población en general".

Finalmente, este marco legal busca un equilibrio entre el crecimiento de la industria y la protección del usuario, y al actualizar normas que tenían más de una década de antigüedad, el mercado se alinea con criterios globales de protección civil. 

Un sector en transformación

La industria del gas envasado atraviesa un proceso de desregulación profunda que busca desmantelar el esquema de controles vigentes durante las últimas décadas, y ya desde principios de 2024, la Secretaría de Energía avanzó en la eliminación de los precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público, permitiendo que las empresas ajusten sus valores en función de los costos de producción y logística.

Esta desregulción del mercado apunta a incentivar la inversión privada y garantizar el abastecimiento en un contexto donde el Estado Nacional dejó de fijar los valores finales que abona el consumidor en los puntos de venta.

En sintonía con esta apertura, el esquema de subsidios también experimentó un cambio de paradigma hacia la focalización directa. El Programa Hogar, que anteriormente subsidiaba la oferta mediante compensaciones a las empresas, mutó hacia un sistema de transferencias directas a los beneficiarios mediante la ANSES, aunque con una revisión estricta de los criterios de elegibilidad.

Las últimas medidas dispuestas por el Ministerio de Economía establecen que la asistencia debe dirigirse exclusivamente a los hogares vulnerables no conectados a la red de gas natural, eliminando de forma gradual los aportes generales que distorsionaban el precio real del insumo y afectaban la caja fiscal del Estado.

Servicio esencial para 40% de la población

Se estima que alrededor de 20 millones de personas dependen del gas licuado de petróleo para cocinar o calefaccionarse, lo que representa aproximadamente al 43% de la población total del país.

A diferencia de los usuarios de gas por redes, quienes acceden a la garrafa suelen pertenecer a los deciles de menores ingresos o residir en zonas geográficas donde la infraestructura de ductos aún no llega, principalmente en las provincias del Noreste Argentino y en los cordones periféricos de los grandes centros urbanos.

La modernización de los reglamentos técnicos y de seguridad busca acompañar este volumen de demanda con un marco normativo que no se actualizaba desde 2015. Al integrar estándares internacionales y simplificar la habilitación de nuevos puntos de venta, el Gobierno apuesta a que una mayor competencia entre distribuidores logre equilibrar los precios que quedaron liberados.

De esta manera, se explicó, la industria del GLP intenta salir de un sistema de parches regulatorios para ingresar en una etapa de libre mercado, donde la seguridad técnica y la eficiencia operativa sean los ejes centrales de la prestación del servicio.