Impacto fiscal del RIGI: un legislador cuestiona el costo oculto de los incentivos fiscales

El diputado nacional Guillermo Michel reveló que, por cada u$s100.000 millones de capitales que se acojan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Estado resignará una recaudación equivalente a 1 punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI), una proyección que enciende las alarmas sobre la sustentabilidad de la recaudación fiscal de la Argentina a mediano plazo.

Hasta el momento, la ventanilla oficial computa el ingreso de 36 iniciativas corporativas que, entre los expedientes convalidados y aquellos que todavía se localizan bajo análisis, totalizan una masa global de 94.965 millones de dólares. El reporte pormenoriza que las autoridades ya dictaron la aprobación formal para 13 de estos Vehículos de Proyecto Único (VPU), un conjunto que promete desembolsos por u$s27.210 millones y proyecta la creación de 36.873 puestos de trabajo directos.

Las estimaciones técnicas para este primer bloque de inversiones autorizadas exponen el costo de los beneficios otorgados, ya que tomando como referencia un año base de funcionamiento normal de las plantas, y sobre una previsión de exportaciones anuales por u$s21.006 millones calculada por las propias firmas, el gasto tributario se ubicará en u$s1.837 millones por año. Dicha cifra representa una poda automática e inmediata de 0,27 puntos porcentuales del PBI.

El legislador y ex diretor de la Aduana nacional, alineado con el exministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la llegada de grandes capitales no será gratuita para las cuentas del Estado, y reafirmó la postura de quienes aseguran que si bien la Argentina ganará capacidad exportadora en minería e hidrocarburos, el riesgo es institucionalizar un agujero fiscal en su estructura tributaria de los próximos treinta años.

El efecto de beneficios por 30 años

Michel explicó que la mayor sangría para el fisco se concentrará en la eliminación de los derechos de exportación a partir del tercer año de vigencia de cada proyecto, una concesión que por cada u$s100.000 millones de inversión demandará un costo de 0,40 puntos del PBI.

A este componente se añade el impacto de la alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias al 25% y el esquema de transferencia de quebrantos a terceros, mecanismos que restarán otros 0,22 puntos porcentuales de la riqueza nacional.

El entramado de resignación fiscal diseñado para tentar a las corporaciones multinacionales se complementa con la exención absoluta de aranceles de importación de bienes de capital e insumos, lo cual restará 0,15 puntos del PBI al erario público.

En paralelo, el costo financiero por la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA demandará 0,14 puntos, mientras que la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias morderá otros 0,09 puntos.

Los cálculos para un eventual Súper RIGI

El panorama de erosión de ingresos fiscales se profundiza al evaluar la irrupción de los proyectos de vanguardia tecnológica amparados bajo el paraguas del Súper RIGI que acaba de lanzar el Gogierno que demanda inversiones por al menos u$s1.000 millones. 

Si las empresas deciden canalizar sus fondos mediante esta categoría especial de beneficios, que reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y fija un tope a las cargas sociales, el gasto tributario proyectado por cada u$s100.000 millones de inversión se disparará a los 1,27 puntos porcentuales del PBI.

En términos de la letra chica que regula el beneficio laboral, el Súper RIGI establece un tope del 10% para las contribuciones patronales destinadas a los nuevos puestos de trabajo. Este beneficio sectorial, calculado sobre las altas remuneraciones de convenio de actividades como la petrolera, representará por sí solo una pérdida de recaudación previsional equivalente a 0,06 puntos del PBI, ensanchando la brecha de financiamiento de la seguridad social.