CEO de PAE encendió el debate por el futuro de biocombustibles a la espera de una nueva ley

El CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni, dijo que "es un sinsentido tener una ley que le prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles", al cuestionar de forma tajante el marco regulatorio vigente y reclamar la habilitación para que los grandes grupos petroleros ingresen formalmente a la producción de energías renovables de base biológica.

En el marco del debate legislativo sobre el nuevo marco regulatorio para la industria energética, las declaraciones públicas de los principales ejecutivos petroleros de la Argentina volvieron a posicionar la desregulación de los biocombustibles en el centro de la agenda pública. El Congreso analiza al menos dos proyectos que busca reemplazar la ley vigente hasta 2030, pero que todos coinciden en que quedo obsoleta.

La postura de Bulgheroni no pasa desapercibida ya que no sólo representa a la mayor compañía energética privada integrada de país, sino también al segundo productor de hidrocarburos, que invierte en sus operaciones locales unos u$s1.500 millones al año. Además, comprometió inversiones en el sector de biocombustibles para exportación en caso de contar con el marco legislativo adecuado.

"Lo que nosotros decimos es déjennos invertir. Tenemos los recursos, la capacidad técnica y logística, y la visión de largo plazo para desarrollar proyectos de escala internacional en el país", argumentó el ejecutivo de PAE en una entrevista con el portal especializado EconoJournal, al señalar que las limitaciones normativas actuales restringen la llegada de capitales en un momento estratégico para el mapa energético global.

Respecto a los esquemas de fijación de precios y asignación de volúmenes, Bulgheroni remarcó que "el mercado de los biocombustibles tiene que ir hacia un modelo de libre competencia y pacto entre privados, donde la oferta y la demanda determinen los valores y se eliminen los cupos que distorsionan la cadena downstream".

El máximo responsable de PAE hizo hincapié en las oportunidades de exportación que pierde el país por mantener un sistema cerrado: "La Argentina tiene una ventaja comparativa única por su producción agrícola e industrial. Si se liberan las restricciones a las refinadoras, podemos transformarnos en un jugador relevante en el mercado mundial de biocombustibles avanzados y combustibles sustentables".

En relación con el proceso de transición energética y la convivencia entre sectores, afirmó que "la integración de las refinadoras al mercado no va en contra de la industria, sino a favor de la competitividad. Si logramos un esquema eficiente, vamos a ofrecer mejores productos a los consumidores y ganar competitividad en el surtidor".

Finalmente, el directivo insistió en la necesidad de alcanzar un marco legal duradero que acompañe el diálogo por la nueva normativa: "Necesitamos reglas claras y de largo plazo que den certidumbre jurídica. No tiene lógica que a las empresas que invertimos miles de millones de dólares en el país se nos mantenga al margen de un segmento clave para el futuro energético de la Argentina".

Las pymes reclaman cuotas y alertan por el empleo

En una vereda distinta, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) planteó severas advertencias frente al proyecto oficial que se discute en el Congreso, presentado semanas atrás por la senadora Patricia Bullrich, que refleja la posición del Gobierno nacional.

La entidad que agrupa a los productores pequeños y medianos sostiene que una apertura irrestricta del mercado destruirá el entramado industrial del interior, al obligar a plantas de menor escala a competir sin ningún tipo de resguardo frente a grandes aceiteras exportadoras e industrias refinadoras de petróleo.

Desde la perspectiva pyme, la desregulación absoluta y la eliminación del sistema de asignación de cupos por origen regional atentan directamente contra la viabilidad económica de las empresas no integradas.

El director ejecutivo de la Cepreb, Federico Martelli, advirtió que la pérdida de participación en el mercado interno pone en riesgo la continuidad de 25 plantas productivas distribuidas en distintas provincias del país, lo que amenazaría más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos generados por este segmento en las economías regionales.

Para amortiguar el impacto del proyecto y evitar el cierre de establecimientos, CEPREB elevó una propuesta alternativa que busca garantizar la supervivencia de los productores regionales dentro de la nueva ley.

El esquema diseñado por las pymes propone elevar la mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil al 12,5% (frente al 10% planteado en la iniciativa oficial) y fijar una cuotificación estricta: un 5% reservado para las 17 plantas pyme regionales, un 2,5% para las 8 firmas no integradas de mayor tamaño y el 5% restante para la libre competencia de las grandes empresas aceiteras.

De esta manera, la cámara empresarial argumenta que elevar el porcentaje de corte obligatorio no solo permitirá preservar el empleo local y el desarrollo federal, sino también avanzar de forma sustancial en la sustitución de importaciones de gasoil fósil. Las pymes entienden que la preservación de su segmento dentro de la ley garantiza diversidad de oferentes, evita esquemas de concentración y asegura el abastecimiento energético a nivel federal.

El Modelo Santa Fe para el Desarrollo Federal

Frente al riesgo inminente de parálisis industrial en las plantas productivas y en busca de garantizar la convivencia equilibrada de toda la cadena de valor, la provincia de Santa Fe formalizó su posicionamiento técnico sobre el proyecto de ley en discusión.

La administración provincial acompaña los principios de desregulación y transparencia en las licitaciones impulsados por el Gobierno nacional, pero sostiene que es imprescindible introducir correcciones clave para consolidar el empleo federal, evitar distorsiones de mercado e impulsar inversiones estratégicas de largo plazo en la Argentina.

En primer lugar, la propuesta santafesina exige fijar un corte obligatorio inicial del 15% (B15) para el biodiésel, superando el límite del 10% proyectado a nivel nacional. Asimismo, establece un mecanismo de activación automática para elevar la mezcla hasta un 20% (B20) siempre que el valor del biodiésel nacional se ubique por debajo del costo de importación del gasoil fósil.

Esta medida planteada por la administración del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro apunta a sustituir los 1.500 millones de litros de gasoil que la Argentina importa anualmente, con un ahorro de divisas estimado en más de u$as1.000 millones.

En segundo término, su postura establece un principio de equidad federal mediante la segmentación del mercado en la oferta de biodiésel. Propone destinar un 40% del volumen total del corte obligatorio al Segmento No Integrado —abastecido exclusivamente con biodiesel FAME y licitado en el Mercado Electrónico—, reservando el 60% restante para las industrias integradas y las empresas refinadoras bajo esquemas de libre disponibilidad, co-procesamiento y contratos privados. Para prevenir situaciones de abuso de posición dominante, fija un tope de adjudicación del 14% por grupo económico.

Por último, el planteo de Santa Fe busca dar certidumbre jurídica al sector eliminando la discrecionalidad administrativa, al limitar las facultades de la Secretaría de Energía para reducir el corte obligatorio únicamente a emergencias extremas por un plazo máximo de 90 días.

Complementariamente, promueve la inclusión explícita de proyectos superiores a los 200 millones de dólares en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde, e instituye un mecanismo de monitoreo activo y denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para prevenir prácticas desleales.