Hace diez años se poní­a a funcionar el peor invento argentino: el "corralito"

"Se trata de una medida de urgencia y transitoria, que consiste en la limitación de retiro de dinero en efectivo. En 90 días terminará", aseguró Domingo Cavallo, encendido y con tono firme, al dirigirse una vez más al país desde el microcine del Ministerio de Economía para anunciar un paquete de medidas.

A partir de esas palabras, la Argentina cambió las reglas del juego financiero.

El corralito fue el resultado de un esquema político y económico agotado. Tanto desde las recetas implementadas, como en cuanto a los hombres: el presidente, el ministro de Economía y la mayor parte del gabinete ministerial.

La medida se venía evaluando desde hacía tiempo. El propio Cavallo admitió que se lo había planteado en 1996. Por otra parte, la convertibilidad no murió el 6 de enero de 2002, cuando se sancionó la ley que le dio fin, fue en rigor el día que comenzó el corralito.

"La primera vez que me lo planteé fue en 1996, pero en aquel momento no fue necesario implementarlo", se sinceró Cavallo.

"En 2001 lo decidimos porque era imposible detener la fuga de divisas, más aún luego de que el Fondo nos haya negado el desembolso de casi u$s1.300 millones. Con ese dinero, no hubiera sido necesario", agregó.

En ciertos niveles de gobierno, y para los profesionales que seguían la economía a diario, el corralito era una posibilidad cierta, pero nadie imaginó que las restricciones ideadas por Cavallo y su asesor Horacio Tomás Liendo serían tan duras.

"No avisaron, pero las actitudes se contagian de arriba hacia abajo: ministro, secretarios de Estado, directores nacionales. Si ves que tu jefe saca la plata del banco, vos hacés lo mismo", recordó Alejandro Ocaranza a La Capital, uno de los encargados de las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía de entonces.

"Las tasas de interés que se ofrecían eran ridículas. Como dice el refrán, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entre eso, y lo que había escuchado, saqué la plata del banco veinte días antes, si renovaba el plazo fijo treinta días más me agarraba", agregó.

En los días previos, la evaluación de las medidas se realizó con total discreción.

"Se discutía desde unas pocas semanas atrás, pero sólo en el gabinete acotado, donde Cavallo expuso las razones, el tiempo de duración y el objetivo de frenar la desmonetización de la economía", recuerda Juan Carlos Baylac.

"Algún funcionario de segundo nivel escuchó algo y sacó su dinero, pero fueron casos excepcionales. En realidad, nadie pensaba que las medidas iban a ser tan graves y drásticas", aporta Rafael Pascual, que fue presidente de la Cámara de Diputados entre el comienzo del gobierno delarruista y el 10 de diciembre de 2001, y que, además, hablaba a diario con el presidente.

Los bancos limitaron la entrega de depósitos a sus clientes y el país dejó de pagar a sus acreedores, en una reacción desesperada frente a los organismos internacionales que dudaban sobre su rescate.

El autor de la convertibilidad lanzaba su plan final para sostener el uno a uno, un programa en el que él mismo ya no creía. No estuvo sólo en la defensa. El 1 de diciembre de 2001, desde un programa periodístico, el presidente Fernando de la Rúa confiaba en que "la medida fue comprendida y bien recibida, ya que la gente entendió que era necesaria".

Veinte días después, con el "corralito" en plena vigencia, el radical abandonaba la Casa de Gobierno en helicóptero.

La medida fue implementada a través del Decreto 1.570/01, y la validez se extendía hasta la finalización de la fase internacional del canje de deuda pública, estimada en tres meses.

Esta operación nunca se completó, pero el denominado "corralito" provocó la ira de los argentinos, que con manifestaciones populares provocaron la renuncia del Presidente.

El "corralito" se basaba en nuevas reglas de funcionamiento del sistema financiero:

• No se podían retirar más de 250 pesos o dólares en efectivo por semana de cuentas bancarias por parte del titular.
• La restricción sería levantada en 90 días.
• Las extracciones podían hacerse en pesos o dólares.
• Se mantenía el tipo de cambio 1 a 1.
• No había restricciones a los movimientos entre cuentas.
• Se podían comprar bienes (automóviles, inmuebles, computadoras, etc.) a través de transferencias bancarias.
• Se prohíbieron las transferencias al exterior.

Las restricciones dieron lugar a algunas alternativas como compras masivas de acciones de empresas argentinas cotizantes en Wall Street, títulos públicos con demanda de los propios tenedores fuera del país, es decir, nacía el "conta con liqui".

Para el resto del público, empezó a surgir una red de "amparos" judiciales, con singular amplitud de acción en provincias (Chaco, La Rioja y Formosa).

Esta acción vía amparos continuó firme aún cuando De la Rúa ya no habitaba Olivos y había sido reemplazado por Eduardo Duhalde.

La solución oficial no fue encontrada desde la Justicia, sino con otras maniobras. El entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, comenzó a citar a los beneficiarios de los fallos judiciales de los amparos para verificar si el dinero que se retiraba estaba declarado en Bienes Personales y Ganancias. Santo remedio.

La historia continuó. El 9 de enero de 2002, el entonces ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció la ampliación para la autorización de los retiros de efectivo a $1.500 en el caso de las cuentas sueldo y a $1.200 para el resto de las cajas de ahorro.

En un escueto discurso, el exfuncionario dijo que el nuevo límite involucraba al 96% de los trabajadores. Antes, Duhalde había decidido la salida de la convertibilidad y ubicado en $1,4 el valor del dólar.

Oficialmente, el "corralito" terminó con Roberto Lavagna, el segundo ministro de Duhalde, que anunció el 2 de diciembre de 2002 la finalización de las restricciones y la liberalización de los depósitos retenidos por alrededor de $21.000 millones, ex dólares.

La medida fue acompañada por controles cambiarios, por los cuales no se permitió a ninguna persona o empresa adquirir más de 100.000 dólares.

El 28 de diciembre de 2006, la Corte Suprema avaló la pesificación y reprogramación de los depósitos, ordenando para un caso la devolución de los fondos a razón de $1,4 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período y una tasa de interés anual del 4 por ciento.

La cuenta dio $3,08 por dólar, más o menos la cotización oficial en ese momento.