El proyecto del cambio de sede para el pago de la deuda logró media sanción en la Cámara alta

El kirchnerismo consiguió este jueves a la madrugada dar media sanción y enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, para ofrecer una alternativa a los acreedores ante las trabas a los cobros impuestos por los fallos del juez Thomas Griesa.

La norma fue aprobada por 39 votos positivos, 27 en contra y dos abstenciones que correspondieron a Magdalena Odarda y Fernando "Pino" Solanas, ambos del Frente Amplio Progresista.

El presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, justificó la ley argumentando que "se han incorporado a los holdouts" ya que se les dejará depositado el dinero y, de esta manera, la Argentina demuestra "la voluntad indeclinable de pago".

"Estoy convencido de que este es un mecanismo muy importante, es un instrumento que va a tener un resultado positivo", agregó el legislador kirchnerista en el cierre de la sesión.

La discusión en el recinto de la Ley de Pago Soberano se inició cerca de las 15 con la exposición del miembro informante por el kirchnerismo, Aníbal Fernández, y se descontaba una votación afirmativa a partir de la mayoría propia del oficialismo.

El comienzo del debate se demoró dos horas ante la embestida de legisladores opositores que impulsaron el "apartamiento" del vicepresidente Amado Boudou como titular del cuerpo, acción que fue rechazada por el kirchnerismo.

El Gobierno necesita un veloz tratamiento y sanción definitiva de la ley antes del 30 de septiembre, cuando se produce un nuevo vencimiento de deuda por unos 200 millones de dólares.

La ley en debate faculta al Ministerio de Economía a crear una cuenta en el Banco Central administrada por Nación Fideicomiso, que reemplazara como agente fiduciario al BONY, para depositar el dinero que les corresponde a los bonistas y así abrirles la posibilidad de que soliciten su giro desde Buenos Aires. Esta operación evitaría nuevos bloqueos por parte del juez Griesa.

A fin de obtener mayor consenso el oficialismo incorporó en el artículo 7 del proyecto a Francia como segunda plaza de pago, lo que apunta a atraer el interés de los inversores europeos.

Como cambios adicionales se impulsó en el artículo 12 la creación de una "Comisión Bicameral de seguimiento de origen y pago de la deuda externa" y la eximición del pago de impuestos sobre los fondos depositados en la nueva cuenta (artículo 14).

Según declaraciones relevadas por la agencia DyN, Aníbal Fernández remarcó que el dinero en dólares depositado en Buenos Aires será de "libre disponibilidad" para los acreedores, con lo cual no se verán afectados por los efectos del cepo cambiario.

El ex jefe de Gabinete defendió el objetivo de la iniciativa oficial a partir de considerar inadmisible la sentencia de la Justicia de Estados Unidos y dirigiéndose a sus pares de cámara los incriminó: "Si no votan la ley, acompañan la gestión de Griesa".

El jefe del bloque de senadores por la UCR, Gerardo Morales, sostuvo que "llegamos a esta situación por impericia, porque hay un fracaso de la gestión económica, realmente falló la diplomacia, falló la gestión económica y falló la gestión financiera".

"Hay que tener cuidado con Aníbal Fernández, porque cuando te descuidás, te enrolla la víbora", dijo el legislador jujeño a la agencia DyN para rechazar los argumentos que dio el senador kirchnerista para sostener la iniciativa.

Por su parte, la senadora nacional por el PRO Gabriela Michetti sostuvo que el Gobierno envió este proyecto al Congreso porque después de "haber manejado de modo inconsulto las negociaciones" por la deuda "ahora necesita de la complicidad" del Congreso para "llevar al país a un default total".

El santafesino Rubén Giustiniani (Frente Amplio Progresista) también se expresó en contra de la propuesta y apuntó que "el Gobierno se encuentra en una encerrona y trae el tema al debate parlamentario", pero aclaró que "en esta encerrona está el país, el pueblo argentino".

En los primeros instantes de la sesión, la senadora radical por Mendoza Laura Montero calificó el proyecto como "inadmisible" y se quejó de la actuación del oficialismo porque "ahora que estamos con la soga al cuello quieren soluciones mágicas".

"No podemos entender cómo nos han llevado a esta situación y ahora vienen a tratar de responsabilizarnos de ese proceso y a pedir soluciones mágicas para este brete en el que se han metido irresponsablemente", remarcó.

A su vez, el senador por la UCR Ernesto Sanz consideró que resulta innecesaria la aprobación de la ley dado que los principales puntos que impulsa podrían establecerse por decreto.

Solanas cuestionó la inacción del Gobierno desde que se conoció el primer fallo de Griesa: "Si el fallo de Griesa es de 2011 ¿qué esperaron durante dos años?, se preguntó el legislador porteño y afirmó que "estamos ante una propuesta que cuando el barco se hunde o el enfermo se está muriendo pide salvavidas. Le pide salvavidas al Congreso que difícilmente en estas poquitas semanas lo pueda resolver".

En tanto, los senadores Juan Carlos Basualdo (Compromiso Federal-San Juan) y Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño-Salta), aliados del massismo, se sumaron a las críticas del proyecto pese a que incorporó una de las propuestas del Frente Renovador, como sumar a Francia como sede de pago.