Se lanzó la carrera por producir biocombustibles

Con el disparo de largada que significó la sanción de la Ley de Biocombustibles, se estima oficialmente que en el 2010 la Argentina pasará a producir 600.000 toneladas de biodiésel para mezclar con gasoil y 160.000 toneladas de etanol para mezclar con nafta.

Para alcanzar estas cifras, varias empresas grandes anunciaron inversiones millonarias en el sector, con el fin de construir refinerí­as y plantas productoras de biocombustibles. El enorme atractivo de estos proyectos de inversión se debe al aumento en el precio del barril de petróleo y a la paulatina reducción de las reservas mundiales de crudo.

Pero aparte de los incentivos fiscales que brinda la nueva ley (amortización acelerada de las inversiones, reducción del IVA y demás impuestos que afectan a las naftas), ésta posee un aspecto muy interesante que permite mejorar el retorno de los proyectos en estudio.

Se trata de la posibilidad de solicitar certificados de reducción de emisiones de gases contaminantes (CER), más conocidos como bonos de carbono, mecanismo establecido en 1997 a partir de la firma del Protocolo de Kyoto para reducir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas de paí­ses desarrollados.

En ese sentido, la Bolsa de Comercio organizó un encuentro con empresarios y especialistas de la Universidad Nacional del Centro (Unicen, ubicada en Olavarrí­a), para evaluar los requisitos que deben cumplir los proyectos de producción de biocombustibles en caso de querer obtener además los CER, que luego se comercializan en el mercado internacional.

Metodologí­as
De acuerdo con Gabriel Blanco, investigador de la Facultad de Ingenierí­a de la Unicen, si bien todaví­a no existe a nivel mundial una metodologí­a aprobada para el sector de biocombustibles (necesaria para que se aprueben los proyectos y que éstos obtengan CER), ya hay tres en proceso de aprobación para producir biodiésel (y una para etanol que está en proceso de reformulación), lo que implica que pronto estas metodologí­as estarán disponibles.

De esta forma, el especialista recomendó desarrollar los proyectos argentinos de producción de biocombustibles teniendo en cuenta estos criterios de reducción de emisiones contaminantes.

Para ello, ya existen algunos criterios a seguir, que son los que se plantean en las metodologí­as presentadas, y que también fueron requeridos por la Junta Ejecutiva (organismo de la ONU encargado de aprobarlas).

"Las metodologí­as exigen (y la junta también) que se tenga en cuenta el balance que se produce no sólo por el hecho de producir biodiésel y reemplazar diésel de origen fósil. Porque la junta pregunta qué se hizo para producir ese biodiésel, si se consumió energí­a para producirlo, de dónde salió, si se hizo a través de la plantación de girasol, etcétera. Entonces hay que ir para atrás y contabilizar todas las emanaciones que se produjeron para hacer el biodiésel", explicó Blanco.

Doble conteo
Un aspecto que hay que considerar a la hora de evaluar un proyecto de estas caracterí­sticias es que dentro de una cadena productiva aparecen distintos actores que reclaman por la misma reducción de emisiones. Esto se conoce como "doble conteo", y se trata de incluir a todos los actores para que se repartan los CER obtenidos.

El rol que juega la Bolsa de Comercio
"La función de la Bolsa es crear un mercado y promover la oferta de proyectos, en todo lo que sea biocombustibles, tratamiento de residuos y mejoras energéticas. Tratamos de que en la Argentina se desarrollen proyectos a nivel local. Y una de las cosas que también tratamos de promover es el análisis de alternativas dentro de este mercado", sostuvo Irene Wasilevsky, responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio.

Otra de las actividades que realiza la institución para promover los proyectos de reducción de emisiones de gases contaminantes es la financiación. "Estamos evaluando distintas alternativas para financiar esta clase de proyectos, ví­a distintos instrumentos. También nos dedicamos a la generación de un mercado. Y en eso estamos trabajando activamente, organizando importantes rondas de negocios con gente del Banco Mundial. Así­ que es bueno que aquellos que tengan proyectos vengan a la Bolsa. Nosotros estamos interesados en promover el mercado y contactarlos con distintos interesados", finalizó Wasilevsky.

Un mercado que plantea grandes interrogantes a posibles inversores
El Protocolo de Kyoto es el acuerdo firmado en 1997, donde 39 paí­ses se comprometen a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero por debajo de las de principios de los ’90.

El protocolo permite que los paí­ses desarrollados que contaminaron por debajo de lo permitido (o paí­ses emergentes como la Argentina) canjeen emanaciones con aquellos que superaron el lí­mite (bajo la forma de derechos de emisión o bonos de carbono).

Pero este esquema se basa en proyectos, por lo que tiene que haber reducción de emanaciones en proyectos concretos que se puedan medir. Cuando se alcanza una disminución, la empresa puede vender los certificados de reducción de emisiones (CER).

La infografí­a muestra cuáles son los paí­ses que compran y venden la mayor cantidad de CER en el mundo. Los principales compradores son paí­ses de la Unión Europea, y los principales vendedores son la India, Brasil y China.

En cuanto a los gases que se busca reducir, la mayor proporción le corresponde a los HFC (presentes en las heladeras), porque tienen un potencial de calentamiento global muy importante. Cada tonelada de HFC que se reduce equivale a varios miles de veces reducir una tonelada de dióxido de carbono (CO2).

La primer duda que surge de este mercado se da en el proceso de aprobación por parte de la autoridad nacional designada (primero se aprueba el proyecto en el paí­s y luego por parte de las Naciones Unidas), que en la Argentina es la Secretarí­a de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

"Pero a diferencia de otros paí­ses que han establecido por lo menos una serie de pautas para definir cuándo un proyecto contribuye al desarrollo sustentable, aquí­ nadie sabe hasta ahora en base a qué se define si el proyecto contribuye o no a este desarrollo", advirtió Gabriel Blanco.

En la visión del especialista, el organismo nacional no ha rechazado proyectos que podrí­an ser viables desde el punto de vista de la reducción de emanaciones, pero lo que está ocurriendo es que los hay, están en revisión desde hace más de un año. Y para seguir adelante, es indispensable la aprobación de la secretarí­a.

Volatilidad
El otro gran interrogante que se plantea en el mercado de bonos de carbono es el precio al que se van a vender los CER una vez que son emitidos. Porque la volatilidad que existe en el mercado es significativa. Hoy en dí­a, con los EEUU que siguen sin adherir al Protocolo de Kyoto, el precio está dominado por los derechos de emisión de la Unión Europea, que es el principal mercado del mundo.

"La idea original era que la oferta y la demanda regularan ese precio, pero es un mercado muy imperfecto. Porque hay vendedores y compradores que dominan, y hay una cantidad de imponderables de tipo polí­tico. Y el mejor ejemplo fue el derrumbe que se dio hace dos semanas, por la difusión de un reporte técnico de un paí­s", explicó Blanco. (Ver nota relacionada.)

En la visión del especialista, si bien en el momento de hacer un contrato se mira al mediano plazo (porque son a 8-10 años), también genera incertidumbre el clima de una región (por ejemplo, si se da un verano muy caluroso, crece el consumo de energí­a y el precio de los certificados).
Y otro aspecto a futuro es qué va a pasar con China y con India. "Si China decidiera ingresar abiertamente en el mercado, muchos creen que impactarí­a fuertemente en el precio", dijo Blanco.

Iniciativa que no buscó compradores
"Hay una empresa argentina que está avanzando por su cuenta, sin negociar con ningún comprador, con la idea de que en algún momento van a tener los certificados en su bolsillo, y luego van a salir a venderlos al mejor postor. Es una polí­tica para la cual han necesitado espaldas anchas, para financiar todo el desarrollo del proyecto. Están avanzando solos dentro del marco de aprobación del proceso de reducción de emanaciones", explicó Paula Di Pietro, especialista en bonos de carbono de la Bolsa de Comercio.

La empresa en cuestión es FIASA (Frioindustrias Argentinas), una Pyme productora de gases refrigerantes (para aires acondicionados y heladeras) de la provincia de Córdoba, que posee el proyecto de reducción de emisiones más grande del paí­s, medido en términos de CER.

El proyecto que llevan adelante es para reducir el HFC 23, un gas que cuenta con un nivel de reducción de emisiones de carbono equivalentes muy alto.

De acuerdo con Di Pietro, FIASA no se preocupó por buscar financiamiento. El proyecto está en proceso de validación y hace tiempo que escuchan ofertas para sus CER. La idea es guardarlos hasta su emisión o hasta alcanzar un buen precio para luego venderlos.

Un tropiezo que generó incertidumbre
Para ser un mercado que recién empieza, ésta puede haber sido su primera gran crisis financiera, aunque no se llegó al nivel de un crack. La Comisión Europea publicó a mediados de mayo el nivel de emisiones de dióxido de carbono que alcanzaron las empresas del continente el año pasado, bastante por debajo de los derechos de contaminación (bonos de carbono) asignados gratuitamente por sus respectivos gobiernos. El resultado: un exceso de oferta de bonos, que hizo derrumbar los precios.

"Ese precio estuvo por varios meses alrededor de los 25 euros, y hace tres semanas atrás ocurrieron algunas cuestiones del tipo técnico-polí­ticas que hicieron que ese precio se derrumbara y llegara a los 9 euros. Y el precio del CER evidentemente está enganchado con estos permisos de emisión de la UE, porque la empresa que tiene que comprar un permiso, compra el CER siempre y cuando sea más barato que el permiso de emisión europeo", aclaró Gabriel Blanco.

Para Paula Di Pietro, el impacto a mayor plazo para las compañí­as argentinas tenderí­a a ser poco significativo, "porque hay que entender que estos precios que cayeron son de derechos de emisión que corresponden a la primera fase en la Unión Europea (hasta el 2008, que es cuando comienza a funcionar el Protocolo de Kyoto y sus exigencias de reducción de emisiones). Entonces, los certificados que hoy obtengan las empresas argentinas, que sean de ahora al 2007, pueden ver su precio más reducido. Pero los de los certificados futuros no tienen grandes variaciones".

Justo Erede, economista de la Universidad del CEMA, coincidió con la especialista: "El impacto es residual, porque lo único que podemos esperar es que los precios aumenten por un crecimiento de la demanda a mediano plazo. Los primeros certificados se pagaron a u$s3 la tonelada, por el riesgo implí­cito. Y ahora por certificados ya emitidos se está pagando por arriba de los u$s15. Es decir que eso va en aumento, sin dudas".

Martí­n Burbridge
mburbridge@infobae.com