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Sostenibilidad de la deuda: las claves del proyecto que el ministro Guzmán ya envió al Congreso

El texto del Gobierno plantea que resulta "imperioso" brindar al Ministerio de Economía de las "facultades legales específicas" para renegociar la deuda
22/01/2020 - 00:30hs
Sostenibilidad de la deuda: las claves del proyecto que el ministro Guzmán ya envió al Congreso

El proyecto de ley para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, ingresó en la tarde de este martes por la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, y comenzará a ser debatido la próxima semana.

El proyecto para renegociar la deuda autoriza al Ministerio de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate.

El Gobierno le pide al Congreso amplias facultades para refinanciar la deuda pública, emitida bajo legislación extranjera, y que el Ministerio de Economía sea la autoridad de aplicación de la ley, según el borrador del proyecto que se envió al Parlamento.

El proyecto que el Gobierno envió al Parlamento bajo el título de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa", pide autorización para negociar la reestructuración de la deuda, y pagar comisiones y vencimientos, entre otros puntos.

Al 31 de diciembre último la deuda pública total sumaba u$s323.127 millones.

Según un informe extraoficial que dejó la anterior administración, a diciembre último la deuda con organismos privados y multilaterales de crédito llegaría a US$ 195 mil millones y la del sector público a US$ 115 mil millones, cifras que deberán ser ratificadas en el próximo informe oficial que elabora el INDEC.

El proyecto consta de siete artículos y dispone que el Congreso autorice "las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros", por lo que los títulos que se reestructuren seguirán bajo legislación extranjera, como está en los contratos originales.

Por el artículo cuatro se establece que quedan excluidos "los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable" para evitar las controversias judiciales surgidas en el pasado cuando los fondos buitres quisieron embargar bienes del Estado nacional.

El proyecto reconoce que es "indispensable" una reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera, para que el país pueda "recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica".

Se espera que el proyecto sea tratado el próximo martes en comisión y debatido por el plenario de la Cámara dos días después, informaron este martes fuentes parlamentarias, y se inscribe dentro del marco de la Ley de Administración Financiera que pide que el país mejore plazos, tasas de interés y monto de capital.

"Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional, por el plazo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 27.541, a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera", plantea el texto del "mensaje" que acompaña al proyecto en cuestión.

Según dice el texto que presenta el proyecto que deberán debatir los legisladores, el objetivo es "crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos".

El mensaje firmado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el presidente Fernández, justifica la idea de la nueva renegociación en el éxito de los anteriores canjes llevados a cabo por la Argentina.

"Este proceso de reestructuración de la deuda pública externa, implementado mediante estos dos canjes de títulos públicos (el "Canje 2005" y el "Canje 2010", y en conjunto los "Canjes") obtuvo el acuerdo de un noventa y tres por ciento (93%), quedando un siete por ciento (7%) por fuera de ellos (los acreedores "holdouts")", explica.

"A partir del mes de abril de 2018, en el contexto del colapso del modelo económico imperante, la República Argentina comenzó a experimentar graves dificultades para acceder al mercado de crédito internacional. Esta situación se vio agravada por un perfil de vencimientos de las mencionadas obligaciones altamente concentrado en el corto plazo", argumenta el documento.

Y luego agrega que el problema de sostenibilidad de la deuda pública "requiere -para su resolución- de activas políticas de deuda pública, como parte de un programa macroeconómico integral que permita recuperar un sendero de crecimiento sostenible".

"Resulta imperioso contar con las facultades legales específicas para llevar adelante los actos jurídicos propios de las operaciones que se autorizan en el presente Proyecto de Ley, designándose al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, a efectos de agilizar los procedimientos tendientes a alcanzar dicho objetivo", propone el documento.

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