Plan de Reparación Histórica de los Ahorros: presunción de inocencia, reducción de controles y el "dinero en negro"

La frase inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, en la presentación del "Plan de Recuperación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", dejó en claro que el principal objetivo del programa es devolverle a la gente la libertad de manejar sus ahorros como desee, con menores controles por parte de organismos como la AFIP, el BCRA y la UIF, que se fortalecieron especialmente durante los últimos años del kirchnerismo, particularmente en lo relativo a las personas físicas.

El ministro explicó que el exceso de impuestos, regulaciones y controles provocó en los últimos 20 años que muchas personas se volcaran al sector informal. La intención de este nuevo programa es que regresen a la formalidad para reactivar el consumo de bienes.

"Se trata de un plan que implica un cambio en la matriz de fiscalización, con un nuevo enfoque que prioriza la lucha contra la informalidad. Incluye la reducción de los plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario, el envío al Congreso de una ley para blindar el ahorro de los argentinos ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales futuras, un aumento en los montos exentos y un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Los problemas que el Gobierno busca resolver con el nuevo plan

Tal como explicó el presidente Javier Milei en sus últimas declaraciones, no se busca recaudar, sino permitir que la gente use el dinero que antes no podía porque los políticos corruptos querían perseguirlos hasta debajo de la cama", explicó a iProfesional una fuente cercana al Gobierno.

La misma fuente agregó que se busca diferenciar el dinero negro, que muchos argentinos podrán gastar, del dinero sucio, que no podrá ser exteriorizado por quienes estén vinculados al lavado de activos o al narcotráfico, ya que esas operaciones seguirán bajo el control de la UIF.

Para comprender el problema que el Gobierno busca resolver, debemos remontarnos al 28 de octubre de 2011, cuando el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras ser reelecta, impuso controles a la compra de dólares tanto para personas físicas como jurídicas a través de la AFIP. Ese fue el inicio del llamado cepo cambiario o control de capitales.

Desde entonces, y salvo por una interrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, que también volvió a imponer el cepo cambiario el 1 de septiembre de 2019 tras el resultado adverso en las PASO de agosto de ese año, el control se mantuvo hasta el 11 de abril pasado, cuando el actual Gobierno implementó un nuevo esquema de flotación cambiaria y eliminó el cepo.

La principal duda sobre el futuro de quienes decidan comenzar a exteriorizar sus dólares o pesos no declarados fue despejada por Caputo al explicar que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para blindar a los argentinos que adhieran a este nuevo sistema, que incluye un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. En este régimen, ARCA no controlará los consumos de empresas e individuos, no se tomará en cuenta el incremento patrimonial, y su adopción será voluntaria, no obligatoria.

"Hay que blindar a los argentinos con una ley para que los gobiernos que vengan no los vuelvan a perseguir", afirmó Caputo.

Este punto será clave al momento de implementar el programa, ya que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para instrumentar lo que algunos especialistas llaman un "tapón fiscal" o "perdón fiscal".

Los puntos destacados del nuevo anuncio del Gobierno

Uno de los pilares del programa es la derogación de varios regímenes informativos y de control, entre ellos, la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el "CITI de los escribanos", que obligaba a reportar todas las operaciones notariales.

También se eliminan los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios como gas, electricidad y agua.

Por otra parte, ARCA prohibirá a los bancos exigir la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. Si una entidad insiste en ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.

Se modifican además hacia arriba los umbrales de varios regímenes:

1. Transferencias y extracciones bancarias: el límite se eleva de $1.000.000 a $50.000.000 para personas físicas y a $30.000.000 para jurídicas.
2. Extracción de dinero en cajeros automáticos: se podrá retirar hasta $10.000.000 sin necesidad de informar, tanto para personas físicas como jurídicas (anteriormente se debía informar desde $100).
3. Saldos bancarios al cierre del mes: el umbral pasa de $700.000/$1.000.000 a $50.000.000 para personas físicas y a $30.000.000 para jurídicas.
4. Plazos fijos: el límite se eleva de $1.000.000 a $100.000.000 para personas físicas y a $30.000.000 para jurídicas.
5. Transferencias y acreditaciones en billeteras electrónicas: suben de $2.000.000 a $50.000.000 para personas físicas y a $30.000.000 para jurídicas.
6. Tenencias en Alycs: se pasa de informar todos los montos a hacerlo solo cuando se superen los $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
7. Compras de consumidor final: antes se informaban operaciones a partir de $250.000 en efectivo o $400.000 con otros medios; ahora el umbral se eleva a $10.000.000 para ambos casos.

En paralelo, el director general de ARCA, Juan Pazo, anunció un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, centrado únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial.

A partir del 1 de junio próximo, los contribuyentes podrán adherirse. Al cierre del ejercicio fiscal 2026, el sistema de ARCA propondrá un monto a pagar que podrá aceptarse o rectificarse. El objetivo del nuevo esquema es reducir la carga administrativa y reenfocar la fiscalización sobre los grandes contribuyentes, fomentando así la formalización y el acceso al crédito.

Con este nuevo programa:

• No se controlarán las compras personales con tarjeta, débito o billeteras virtuales.
• Desaparecerá el CITI de los escribanos.
• No será obligatorio informar la compraventa de vehículos usados ni los pagos de expensas.
• También se elimina el COTI para la venta de inmuebles y los reportes por consumos de servicios públicos relevantes (electricidad, gas, agua, telefonía).
• No habrá exigencias fiscales bancarias, ya que se prohíbe a los bancos solicitar la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales como condición para operar. En caso de conflicto, los usuarios podrán recurrir a Defensa del Consumidor.

En resumen, el nuevo programa se centra en aumentar los umbrales de información para diversas operaciones, desregular el sistema informativo fiscal y lanzar un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que cada contribuyente podrá adherirse de forma voluntaria.