Ofensiva de bonistas contra La Rioja: buscan quedarse con acciones del banco provincial y un parque eólico
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Fondos de inversión extranjeros aceleraron la ofensiva judicial contra La Rioja. Pidieron en tribunales de Massachusetts que les transfieran las acciones del Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco (PEA) para compensar una deuda impaga que ya alcanza los u$s75 millones.
La jugada legal apunta directo al corazón financiero y energético de la provincia. Los bonistas sostienen que esos activos califican como bienes comerciales y, por lo tanto, pueden embargarse para saldar sentencias judiciales que el gobierno de Ricardo Quintela no pagó.
El Comité Ad Hoc de Bonistas de La Rioja, que controla el 8,5% de los bonos verdes con vencimiento en 2028, presentó la demanda en Massachusetts. El grupo está representado por el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel. Se trata de un viejo conocido de Argentina: fue el letrado que impulsó el embargo de la fragata Libertad y quien representaba al fondo Elliott.
La provincia declaró el default en febrero de 2024, cuando no pagó una cuota de capital de u$s16 millones. Desde entonces, acumuló cinco incumplimientos consecutivos entre pagos de capital e intereses semestrales.
La crisis financiera riojana se profundizó en el último año. Los números oficiales del tercer trimestre de 2025 muestran un déficit de 0,4% de los ingresos totales, una caída brusca respecto del superávit de 10,7% que exhibía el año anterior.
El dato más preocupante: ese rojo fiscal se registró sin que la provincia pagara los intereses de la deuda en dólares. Es decir, el agujero sería mucho mayor si cumpliera con sus compromisos externos.
Qué activos quieren embargar los bonistas y por qué
Los acreedores apuntan contra dos piezas clave de la economía provincial. Por un lado, el Banco Rioja, la entidad financiera pública que opera en todo el territorio. Por otro, el Parque Eólico Arauco, infraestructura de energía renovable que se financió con los bonos verdes emitidos en 2017.
Los demandantes argumentan que estos activos no tienen protección de inmunidad soberana porque funcionan como empresas comerciales. Esa clasificación es crucial: les permitiría embargarlos para cobrar las sentencias.
La demanda subraya que una parte mayoritaria de los fondos obtenidos con la emisión de bonos verdes en 2017 financió la construcción de los parques eólicos a través de la firma PEA. Es decir, los bonistas buscan ejecutar activos que ellos mismos ayudaron a crear.
La estrategia incluye una advertencia explícita a posibles compradores. El comunicado de los bonistas señala que cualquier interesado en adquirir acciones de estas empresas debe considerar la existencia de la demanda judicial.
La provincia, mientras tanto, vendió en 2023 una de sus plantas de energía a Pampa Energía por u$s171 millones. Según los acreedores, ni un peso de ese ingreso se destinó a pagar bonos.
Cómo una deuda de u$s16 millones se convirtió en u$s75 millones
El analista Sebastián Maril, de LATAM Advisors, detalló la escalada: "Los fondos acreedores presentan una demanda para tomar posesión del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco. Son beneficiarios de un fallo que originalmente fue por u$s16 millones y hoy se eleva a u$s75 millones".
Esa multiplicación del monto responde a dos factores. Primero, la acumulación de intereses diarios sobre el capital impago. Segundo, la suma de nuevos vencimientos que la provincia no cumplió desde febrero de 2024.
El origen de esta crisis se remonta a 2017. En febrero de ese año, la gestión provincial colocó títulos por u$s200 millones. En agosto amplió la emisión por otros u$s100 millones. La tasa inicial se pactó en 9,75% anual.
En 2021, tras el canje de deuda soberana nacional, la provincia reestructuró sus compromisos. El cupón de interés bajó drásticamente a 3,5%, con un cronograma de aumentos graduales hasta llegar al 8,5% anual en 2028.
Pero ese alivio temporal no alcanzó. Tres años después, el distrito volvió a caer en cesación de pagos.
Los abogados de los bonistas eligieron la justicia de Massachusetts por una razón técnica precisa: la cláusula "reach and apply" de la legislación de ese estado.
Este mecanismo legal permite a los acreedores acelerar el cobro de deudas mediante la afectación directa de activos que pertenecen al deudor, incluso si las sentencias originales surgieron en otras jurisdicciones.
Los fallos iniciales contra La Rioja se obtuvieron en Nueva York, el 11 de septiembre de 2024 y el 7 de julio de 2025. Esas sentencias reconocieron la validez de los reclamos por pagos omitidos.
Pero ejecutar esas decisiones judiciales requería un paso adicional. Al inscribir las sentencias neoyorquinas en Massachusetts, los bonistas buscaron habilitar el embargo de las acciones del banco y del parque eólico.
La estrategia evita demoras procesales. En lugar de perseguir activos uno por uno, los acreedores apuntan directo a transferir la propiedad de empresas completas.
Qué dice La Rioja sobre el intento de quedarse con sus empresas
El gobierno de Quintela mantiene una postura de resolver el conflicto por vía judicial, sin negociar públicamente con los fondos. Fuentes oficiales indicaron que la provincia todavía busca una instancia de reestructuración de la deuda.
Respecto a la posible venta de las empresas públicas, las autoridades descartaron operaciones concretas. Aunque circularon versiones sobre la necesidad de obtener liquidez, desde la gobernación negaron negociaciones en curso.
El contexto provincial es complejo. Durante 2024, La Rioja emitió una cuasimoneda denominada "Chachos" como medida excepcional ante la restricción de fondos.
Esa herramienta de emergencia marca el nivel de tensión financiera que atraviesa el distrito. Mientras otras provincias vecinas cierran proyectos de inversión extranjera y mantienen sus perfiles de deuda al día, La Rioja languideció en default durante más de un año.
Los bonistas ratificaron su intención de agotar todos los medios judiciales disponibles. La presentación en Massachusetts representa un nuevo hito en la presión para cobrar mediante la incautación de empresas estratégicas.
La provincia enfrenta ahora una doble amenaza: perder el control de su banco público y de infraestructura clave de energía renovable por no cumplir compromisos de bonos verdes que, irónicamente, sirvieron para construir parte de esos mismos activos.