Morosidad: avanzan proyectos para refinanciar deudas de familias con tarjetas de crédito y billeteras virtuales

La comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados convocó este miércoles a especialistas en protección al usuario financiero. El objetivo: analizar la crisis de endeudamiento que atraviesan millones de familias argentinas.

En el encuentro se reveló que hay alrededor de 18 proyectos de ley relacionados con la reestructuración de deudas y la protección de consumidores fallidos. Los expositores coincidieron en que la situación actual no tiene precedentes.

La primera en exponer fue Lucía Cavallero, socióloga y docente especializada en economía familiar. Sus cifras encendieron todas las alarmas.

"Las familias argentinas acumulan hoy 39 billones de pesos en deudas", afirmó. Y agregó un dato más preocupante: el Banco Central reportó niveles de morosidad nunca vistos en los últimos 20 años.

"La particularidad es que el endeudamiento no es circunstancial ni transitorio, sino que se utiliza para subsistir y cubrir gastos básicos", explicó Cavallero. Por eso propuso que cualquier reestructuración de deuda debe garantizar que las familias no queden por debajo de la línea de pobreza.

La morosidad récord y el colapso de las billeteras virtuales

Arturo Pozzali, Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, confirmó el panorama crítico. "Hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no pueden cumplir con sus pagos, principalmente por falta de capacidad", dijo.

Pero señaló otro problema igual de grave. A diferencia de los bancos tradicionales, la comunicación con las billeteras virtuales es extremadamente dificultosa.

"Cada vez es más compleja la relación con estas plataformas", criticó Pozzali. Los usuarios quedan en una situación de indefensión cuando necesitan negociar una deuda o resolver un reclamo.

Desde Rosario, Ariadna Ciammarriello coordinó su exposición de manera virtual. Trabaja en la Oficina de Derechos de Ciudadanos del Consejo Municipal de esa ciudad santafesina.

Sus números son contundentes: "Hoy casi se equiparan los pedidos de financiación de deuda con las denuncias por estafas virtuales". Es decir, hay tantas víctimas de fraudes como personas que no pueden pagar sus compromisos.

"El consumidor que viene a nuestra oficina realmente tiene voluntad de pago", destacó Ciammarriello. El problema no es la mala fe, sino la imposibilidad material de cumplir.

Y apuntó directo contra las entidades financieras: cuestionó la "expansión agresiva, fácil e inmediata del crédito" y la falta de responsabilidad al evaluar la capacidad crediticia real del usuario.

Tasas del 600% y el negocio de la refinanciación

Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), fue el más duro en su diagnóstico. Denunció que el verdadero negocio está en la refinanciación perpetua.

"Vemos tasas de 500% o 600% en los barrios, especialmente cuando hablamos con jubilados", manifestó. Según su análisis, estas condiciones están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución.

Bussetti responsabilizó directamente al plan económico actual por el sobreendeudamiento masivo. "Estamos hablando de millones de argentinos en esta situación", enfatizó.

Su propuesta es clara: crear un mecanismo jurídico que permita al usuario sentarse con el acreedor en igualdad de condiciones. "Algo que funcione en todo el país y que permita refinanciar deudas como lo hacen las empresas", ejemplificó.

Alejandra Fernández Scarano, contadora pública e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), presentó un informe detallado sobre morosidad. Actualmente se desempeña como secretaria de Hacienda de Hurlingham.

Su explicación técnica es lapidaria: "A peor calidad del crédito, la tasa es mayor porque hay mayor morosidad y mayor riesgo". Es un círculo vicioso del que las familias no pueden salir.

Los proyectos que hay en Diputados en busca de una solución

En ese escenario, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina recibió al menos seis proyectos que proponen distintas herramientas para enfrentar una misma problemática.

La primera iniciativa con respaldo interbloques fue impulsada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), junto a legisladores de Encuentro Federal y Natalia de la Sota. El proyecto plantea la creación de un "Programa de desendeudamiento de las familias argentinas", que incluye una "línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales", con el objetivo de que puedan cancelar pasivos "en condiciones menos desfavorables". El monto máximo previsto es de $1.500.000, con una tasa definida en "condiciones normales de mercado", vinculada a la TAMAR más 10 puntos porcentuales.

Dentro del mismo espacio, los diputados Natalia Zaracho e Itaí Hagman promovieron declarar la emergencia crediticia de los hogares por un plazo de dos años. La propuesta contempla la implementación de "medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas". En ese marco, se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que permitiría ordenar los pasivos bajo un esquema en el que las cuotas no superen el 30% de los ingresos.

A su vez, tres legisladores del bloque acompañaron una iniciativa del porteño Santiago Roberto, que propone la condonación de deudas para sectores de bajos ingresos, la refinanciación de saldos pendientes y la suspensión por 90 días de procesos judiciales contra deudores.

Otra de las propuestas fue presentada por un grupo de 15 diputados de Unión por la Patria, encabezados por Roxana Monzón. El texto impulsa la creación del Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, orientado a "facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia", especialmente cuando se trate de bienes o servicios esenciales. Entre sus puntos, establece que las entidades crediticias deberán "ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas".

Desde otro espacio, los diputados santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías (Provincias Unidas) propusieron cambios en la Ley de Concursos y Quiebras. La iniciativa busca incorporar a los deudores de créditos de consumo como sujetos "pasibles de protección especial" y limitar los embargos sobre ingresos para evitar que queden por debajo de la línea de pobreza.

Por último, la bonaerense Marcela Pagano presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento. La propuesta incluye límites al endeudamiento, regulación de la publicidad crediticia, la creación de un sistema de alerta temprana basado en finanzas abiertas y un régimen extraordinario para reestructurar deudas.

En conjunto, las iniciativas reflejan un diagnóstico compartido en el Congreso: el aumento del endeudamiento de las familias y la necesidad de diseñar herramientas que permitan aliviar esa carga sin agravar la fragilidad económica de los hogares.

El modelo español como posible solución

Gabriel Martínez Medrano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), trajo una propuesta concreta. Habló del "Régimen de Segunda Oportunidad" que funciona en España.

Este sistema permite a las personas físicas reestructurar todas sus deudas en un único proceso judicial. Es una herramienta similar a los concursos preventivos que tienen las empresas.

"El principal problema jurídico en Argentina es la fragmentación de las deudas de los consumidores, que se acentúa por las cesiones de créditos", explicó Martínez Medrano. Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo.

Su planteo apunta a crear un régimen integral que unifique todas las deudas de una familia. Que el consumidor pueda sentarse una sola vez con todos sus acreedores y llegar a un acuerdo razonable.

Claudio Boada, en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, amplió la mirada del problema. "Si hablamos solamente de las personas sobreendeudadas, estamos trabajando sobre las consecuencias únicamente", advirtió.

Para Boada, la verdadera solución pasa por otro lado. "Se necesita que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y las jubilaciones", recalcó.

Su argumento es simple: mientras los ingresos no alcancen para cubrir necesidades básicas, las familias seguirán recurriendo al crédito para subsistir. Y el círculo vicioso continuará.

Al inicio del encuentro, los legisladores completaron los cargos directivos de la Comisión que faltaban designar. Para la vicepresidencia segunda fue avalado Marcelo Barbur, de Unión por la Patria.

En tanto, las secretarías primera y tercera quedaron en manos de Rosario Goitia, de La Libertad Avanza, y Sergio Casas, también de Unión por la Patria. La comisión quedó formalmente constituida para avanzar con el análisis de los 18 proyectos de ley presentados.