Los movimientos conocidos como "antivacunas" han aparecido tiempo atrás con diversos argumentos que manifestaban su posición en contra de la inmunización de los más chicos.  La invasión del organismo, la necesidad del cuerpo de desarrollar sus propias defensas y el bajo riesgo que, a su criterio, representan algunas de las patologías prevenibles, se encuentran entre los principales justificativos de su oposición a la vacunación de los niños.  Como consecuencia, muchas personas en todas partes del mundo han desarrollado enfermedades, que se pueden evitar solo con la aplicación de una vacuna. El sarampión, por ejemplo, es una de las patologías que se puede prevenir de este modo y se encuentra entre las principales que han "resurgido" en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. A tal punto llegó el número de personas enfermas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta para todo el continente y, en general, para el mundo. Según los datos difundidos, se registraron 21.315 casos de sarampión en 2017 y un total de 35 muertes. De acuerdo a las cifras de la mencionada institución, en 2016 sólo se contabilizaron 5.273 casos, por lo que el aumento se eleva hasta un 400%.

En otros países del mundo la situación es similar, lo cual ha provocado un severo impacto en los sistemas de salud pública locales. Australia, por ejemplo, es uno de ellos, pero tiene una peculiaridad que el resto de las naciones, no. El Gobierno ha tomado una decisión respecto de todas las personas que se manifiesten en contra de las vacunas y no hayan aplicado a sus hijos las inmunizaciones que están incluídas en el calendario obligatorio. Tiempo atrás, el país ubicado en Oceanía, había implementado una política conocida como "no jab, no pay" -en español, sin inyección no hay paga-, que tenía como objetivo sancionar financieramente a los padres que se niegan a vacunar a sus hijos. Esa medida establecía que los padres cuyos hijos no tuvieran al día las vacunas perderían un pago de fin de año de su beneficio tributario familiar, que eran 737 libras. Sin embargo, se introdujo un pequeño cambio y se decidió que los padres de los niños que no tengan todas las vacunas pierdan alrededor de 16 libras por quincena de sus beneficios impositivos por cada niño que no esté al día con sus vacunas. La nueva sanción quincenal hará que los padres pierdan casi la misma cantidad de dinero, pero las autoridades del país estiman que podría servir como un "recordatorio constante" de que no se encuentran al día con la inmunización de sus hijos y que están perdiendo dinero por ello.La medida es parte de un proceso que puso en marcha el gobierno australiano contra el movimiento "anti-vaxxer", después de haber detectado que el porcentaje de niños menores de siete años que no habían sido vacunados hubiera aumentado de 0,23% en diciembre de 1999 a 1,77% en el mismo período de 2014, de acuerdo con el parlamento de Australia.El ministerio de Servicios Sociales estableció que este tipo de medidas son necesarias para proteger la salud pública. La inmunización es la forma más segura de cuidar a los niños de las enfermedades prevenibles por vacunación y no hacerlo implica ponerlos en riesgo, al igual que al resto de la población.Según refieren desde el gobierno australiano, los incentivos financieros han alentado a las familias a cumplir con los requisitos de vacunación. A pesar de haber sido calificados como autoritarios por una porción de la población, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 -período que coincide con la introducción de la primera medida en este sentido-, la tasa de inmunización para niños de 1 año aumentó alrededor de un punto porcentual, de 92,7% a 93,6%. Sin embargo, estiman que unos 134,372 niños todavía no han sido vacunados y cuyos padres recibieron beneficios gubernamentales reducidos.