Empleados de la Aduana anuncian un paro por 3 días
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2011/11/351390.jpg)
Autoridades del Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) anunciaron un paro por tres días, para el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, como medida de protesta contra la modificación del horario laboral dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De esta manera, los empleados aduaneros se sumaron al reclamo de los trabajadores de la DGI, después de que el administrador federal Ricardo Echegaray ordenara cambios en la jornada laboral sin consultar a las agrupaciones sindicales.
La Aduana es otra de las dependencias de la AFIP y la medida de fuerza anunciada este jueves se conoció apenas horas después de que la Justicia hiciera lugar a un recurso de amparo presentado por trabajadores de la DGI.
Mientras el frente de tormenta se torna cada vez más oscuro puertas adentro para Echegaray, quien vinculó el conflicto que impulsan los empleados de la DGI con "una puja política", la Justicia avaló el reclamo gremial de dejar sin efecto el cambio de horario.
El Juzgado Nacional de Trabajo 5 ordenó suspender "los efectos de la resolución 455/2011 de la AFIP, mediante la cual Echegaray estableció una modificación de la jornada de trabajo (unificándola en todo el país de 10 a 18) y de la banda horaria de atención al público.
El recurso de amparo, presentado por las autoridades de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), se produjo en medio de un revuelo gremial que obligó al Gobierno a dictar una conciliación obligatoria para desactivar una amenaza de paro por cuatro días en la AFIP. Ahora la jueza laboral María Cruz Juanes Hernández resolvió en favor del sindicato de los empleados de la DGI y dispuso una medida de "no innovar hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo planteada".
Con este fallo inicial favorable, directivos de la Aefip concurrieron a una cita pactada en el Ministerio de Trabajo y se les informó que, al haber llevado a Tribunales el reclamo gremial, quedaban en un segundo plano los alcances de la conciliación obligatoria.