Cuestionan impuestos abusivos sobre publicidad

Empresarios de distintas ramas de la cadena comercial elevarí­an en estos dí­as su presentación ante la Cámara de Diputados de Buenos Aires para que los "legisladores pongan fin a estos impuestos abusivos".

Se trata de otro gravamen cobrado por algunos municipios de la provincia de Buenos Aires principalmente. Según explican empresarios reunidos para tratar este problema, estos impuestos se aplican "abusivamente" a la publicidad que hacen las marcas dentro de los locales.

Según la reglamentación, la publicidad siempre se ha considerado como la utilización de espacios públicos. Lo cierto es que el punto del conflicto que enfrenta a empresarios y municipalidades parte del cobro de tasas por avisos que ocupa espacios privados, como lo es un local comercial. "Una cosa aceptable es el costo de la propaganda en espacios públicos, pero no vamos a admitir estos gravámenes dentro de un ámbito privado", remarca el director de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumerí­a, Miguel íngel Abella.

"La voracidad fiscal hizo que aparecieran otras figuras para seguir recaudando", acusa el gerente de la Cámara de Anunciantes, Cristian Fernández. Es así­ que estos montos se aplican a elementos publicitarios que van desde calcomaní­as, una heladera con la identificación de una marca, una tiquetera para sacar turno en un local, hasta un logo determinado en la remera de un repositor de supermercado.

La manera de proceder para llevar a cabo estas recaudaciones, en su mayorí­a, es a través del servicio de cobro tercerizado.
"Esto genera absurdos, ya que llegan a las empresas liquidaciones en donde no se detalla qué es lo que se está cobrando", señala Abella.
Los valores estimativos de estos impuestos varí­an de acuerdo con la ordenanza de cada municipio y, por lo general, se cobran sobre la base de metros cuadrados. En lo que respecta a Buenos Aires, las empresas abonan cerca de $60 por metro cuadrado por año fiscal. En Córdoba los valores alcanzan los $31, en San Luis $25 y en Mendoza $15, aproximadamente.

De esta manera, según argumentan los empresarios, este abuso se suma al de las llamadas tasas de abasto que las municipalidades cobran en distintos gravámenes por dejar entrar a sus territorios productos para el consumo de la población.

En consecuencia, y frente al planteo de inconstitucionalidad que surge de esas actividades, distintas cámaras se reunieron para elaborar una presentación que llevarán en estos dí­as a Diputados con el fin de "hacer que los legisladores tomen cartas en el asunto y pongan fin a estas tasas inconstitucionales que, en definitiva, terminan perjudicando con el aumento de precios al mismo consumidor", argumentan desde la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol.

Lo cierto es que el concepto por el que cobran estas tasas parece no estar muy definido: "A las empresas las ha tomado por sorpresa este tipo de cosas porque no se está preparado para la creatividad voraz de los municipios, pero ciertamente ha llegado el momento de reaccionar", sostiene Wenceslao Luiggi Arias, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

En consecuencia, preocupa a las compañí­as el desorden administrativo y los costos adicionales que esto genera sobre la base de "facturas que llegan a las empresas sin fundamento alguno", explica Juan Tonelli, director general de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre.
Así­ es que el hecho de que la problemática pueda generar un "efecto dominó que lleve a que sea una modalidad adoptada por más municipios", preocupa a todos los sectores de la cadena comercial y, según argumentan los empresarios, "parece que siempre se apunta a las primeras marcas y se cuida mucho el hecho de no afectar a las firmas que siempre están trabajando dentro de la informalidad".

Sabrina Santopinto
ssantopinto@infobae.com