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El motivo oculto de la suba en Ganancias: la puja entre Macri y las provincias por trasladarse el costo del ajuste fiscal

Detrás del golpe en el bolsillo que significa pagar más en el Impuesto a las Ganancias el año próximo, se esconde una fuerte pelea política de fondo
21/09/2018 - 11:00hs
El motivo oculto de la suba en Ganancias: la puja entre Macri y las provincias por trasladarse el costo del ajuste fiscal

El debate está en marcha. Detrás del golpe al bolsillo que significa pagar más por Impuesto a las Ganancias el año próximo, se esconde una fuerte pelea política de fondo.La Nación se enfrenta a las Provincias por el otorgamiento discrecional de montos que, a través de leyes provinciales, se consideran no alcanzados por el tributo

Las dos partes se acusan mutuamente de estar disfrazando sus verdaderas intenciones bajo excusas legales dudosas:

- Para el Gobierno nacional, las provincias han abusado de las exenciones al impuesto a las Ganancias para así otorgar aumentos de salarios encubiertos, que no corren por cuenta de los presupuestos provinciales sino de la recaudación de la AFIP. 

- En tanto, las provincias alegan que el Gobierno, en contradicción con la opinión de la Corte, pretende considerar a los asalariados que tienen costos vinculados a su actividad como si tuvieran un ingreso mayor al real, con el espurio objetivo de subir indirectamente ese impuesto que en la campaña electoral había prometido revertir.

Como siempre, el motivo de fondo de la pelea es plata. Ambas partes siguen en plena negociación para determinar quién pagará el costo del ajuste.

Ya la discusión era encarnizada cuando el volumen del recorte para 2019 se preveía en $300.000 millones. Ahora, tras la corrección que Nicolás Dujovne presentó ante el Fondo Monetario, ese objetivo fiscal se elevó a la friolera de $500.000 millones.

¿Cuánto implicaría este cambio que impulsa el Gobierno, en términos de dinero? Las estimaciones de los gobernadores que se sienten perjudicados apuntan a $20.000 millones al año, que hoy terminan en el bolsillo de empleados provinciales y que pasarían a engrosar las arcas de la AFIP.

Si bien esa cifra puede no parecer muy impresionante si se considera el global de la recaudación (aproximadamente un tercio de lo que ingresa por concepto de Impuesto a las Ganancias en un mes promedio), eso no significa que no dejará de ser objeto de una dura disputa.

El primer gobernador en poner "el grito en el cielo" fue el pampeano Carlos Verna: "Les sacarán $600 millones al año a los empleados estatales de La Pampa. Estrujan a los empleados públicos".

Su frase expresa el temor de muchos mandatarios peronistas que creen que el macrismo tiene intenciones de trasladarles el costo político del ajuste.

Verna está impulsando que se mantenga el statu quo para Ganancias y que, en cambio, aumente en medio punto porcentual el impuesto a quienes "blanquearon" la tenencia de activos financieros en el exterior.

Lo cierto es que este tema promete ser uno de los puntos calientes del debate presupuestario que se viene en el Congreso. Su resolución estará en el contexto de la negociación por una "adenda" en la cual el Gobierno compensará a las provincias por la disminución de los montos a repartir en la coparticipación.

Una muestra en este sentido ya se vio cuando el Ejecutivo se vio obligado a prometer una reparación por la eliminación del "fondo sojero".

Los rubros afectados

Puntualmente, el articulado de la polémica establece que "no serán aplicables las disposiciones contenidas en leyes nacionales... decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía, mediante las cuales esté establecido o se establezca, directa o indirectamente, la exención o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto, de los importes percibidos por los contribuyentes" que se encuentran dentro de la cuarta categoría a saber: empleados y funcionarios del Estado, trabajadores del sector privado y jubilados.

La decisión alcanza a los siguientes rubros:

- Gastos de representación, viáticos, movilidad

- Bonificación especial

- Protocolo

- Riesgo profesional

- Coeficiente técnico

- Dedicación especial o funcional

- Responsabilidad jerárquica o funcional o desarraigo

De aprobarse el Presupuesto tal como fue enviado por el Ejecutivo, tales conceptos quedarán eliminados. Y quien tenga esos beneficios en el recibo de sueldo pasará a pagar Ganancias sobre ellos.

También comenzarán a soportar el peso del tributo:

- Los vales de combustibles

- Las extensiones de tarjetas de crédito o compra corporativa

- El monto para la vivienda que aporte el empleador

- Los viajes de recreo o descanso o pago de gastos de educación

del grupo familiar u otros conceptos similares

Dentro de los beneficios que otorga el empleador sólo quedarán eximidos del gravamen "la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida en que éstos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa".

Desde Economía señalaron a iProfesional que "los cambios propuestos no resultan novedosos en la ley del impuesto, ya que los actuales artículos 99 y 100 (vigentes desde mediados de los años 90) legislaron de idéntica forma, aunque normas posteriores, incluso de menor jerarquía (decretos provinciales), establecieron excepciones que hacen que su aplicación sea prácticamente nula en ciertos sectores".

Manejo discrecional

Entre los expertos tributaristas también hay polémica sobre la propuesta oficial, aunque hay cierta tendencia a reconocer que las provincias fomentaron exenciones que no correspondían bajo el actual marco legal, de manera que se generan situaciones injustas entre empleados estatales y privados.

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, afirma que el debate pone de manifiesto la existencia de tratos disímiles para los contribuyentes de Ganancias: "La ley de Presupuesto busca poner en jaque a las provincias, municipios y otros beneficiados como diputados y senadores de las exenciones que unilateralmente se han puesto en vigencia en desmedro de los demás empleados en relación de dependencia que terminan tributando sobre una presunción de ganancia mucho más alta de lo que corresponde a su verdadera manifestación de capacidad contributiva".

"Lo importante de este punto es la discusión respecto a tributar lo mismo ante la misma manifestación de capacidad contributiva. Por ejemplo, un empleado de comercio tributa absolutamente sobre todos los conceptos y beneficios que recibe, ahora un empleado petrolero no, menos aún un empleado público de La Pampa y mucho menos aun un Diputado o Senador Nacional", aseguró Sasovsky.

Y, una vez más, pone la atención sobre el cuestionado régimen especial para el Poder Judicial, al que califica como "una suerte de neo burguesía anacrónica, asimilable a la existente antes de la Revolución Francesa. Una vergüenza sin fundamentos, en un país en el que la discusión sobre la eficiencia de estos está sumamente cuestionada".

En este punto vale tener presente que los jueces nombrados desde el 1 de enero de 2017 deben abonar. Por caso, los jueces del Tribunal Fiscal de la Nación designados este año, están pagando el impuesto y no han iniciado ningún reclamo al respecto.

En igual sentido, Ezequiel Passarelli, director de impuestos de SCI Group, señaló que lo que pretende el Ejecutivo es unificar un criterio: "En materia de exenciones o deducciones de la base imponible para empleados en relación de dependencia, por todos estos conceptos, únicamente aplique lo que figura en la ley del Impuesto a las Ganancias y, las provincias, los municipios, otras dependencias públicas o, inclusive, mediante Convenios Colectivos de trabajo, no se pueda hacer trampa".

"En cuanto a trampa, nos referimos a la operatoria mediante la cual se disponen incrementos salariales encubiertos, con el fin de no pagar Ganancias, a través de aumentar o crear ciertos conceptos que se los dispone como no gravados o exentos", agregó el experto.

Por su parte, Diego Fraga, socio del estudio de abogados RCTZZ, advirtió que "muchas provincias históricamente no han hecho caso a este tipo de preceptos y han dictado desde hace tiempo leyes, decretos, acordadas y otras normas de diferente rango en distintas épocas que han excluido determinados conceptos de este tributo".

"Se trata de una sorprendente técnica que no tiene ningún sustento normativo válido y violenta abiertamente las normas federales de este gravamen. También afecta numerosos principios constitucionales, como el de la igualdad frente a las cargas públicas que debe regir entre los ciudadanos", afirmó.

"Por supuesto que quienes son culpables frente a estos excesos no son los empleados que se han visto beneficiados por estas polémicas normas subnacionales, sino los gobernantes que las han puesto en práctica para reducir sus costos laborales (en detrimento de la recaudación del impuesto a las ganancias), conociendo de antemano que se trata de aberraciones jurídicas", completó.

También se prohíbe que el ahuecamiento de la base imponible se haga de manera directa o indirecta. En otras palabras, en líneas generales el proyecto no cambia mucho la situación normativa actual.

Diputados y senadores, privilegiados

Un aspecto no tan comentado es el que refiere a los Diputados y Senadores.

Fuentes que prefirieron mantener reserva de identidad señalaron a iProfesional que "existe una norma guardada bajo siete llaves que hace que los legisladores paguen Ganancias sólo por el básico, en líneas generales".

Puntualmente, la Ley 24.686 - publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 1996- establece que lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley del Impuesto a las Ganancias "no resulta de aplicación respecto del Poder Legislativo, correspondiendo a los Presidentes de ambas Cámaras resolver en cada caso acerca de su naturaleza".