El desplazamiento de tres funcionarios claves en la AFIP no solo profundizó la tensión entre Elisa Carrió y el Gobierno. Terminó desnudando una investigación del organismo contra el primo del presidente Mauricio Macri por el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Las pruebas detectadas por la Dirección General Impositiva (DGI) se presentaron ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi el viernes 29 de septiembre, una semana antes de que el jefe de esa área, Horacio Castagnola, fuera eyectado de su cargo en medio de un plan de renovación del organismo que lidera Leandro Cuccioli.

Fue el equipo de la DGI el que encontró un contrato nunca antes detectado entre las constructoras del soterramiento (Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) y la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisación de Obras de Edificación SA, también conocida como DSC Management Control de Calidad.

El contrato revela pagos por u$s4.495.250 a esta “consultora” española investigada en Andorra, Colombia y Perú como firma fantasma. Fue firmado por el ejecutivo de Iecsa Santiago Ramón Altieri, el 27 de abril de 2010.

La firma española debía realizar supuestos “servicios empresariales, profesionales y técnicos” para la obra del Sarmiento por un total de u$s10.316.253 pero se concretaron pagos por solo la mitad de ese dinero.

Las transferencias bancarias fueron autorizadas por Altieri desde una cuenta controlada por Iecsa en el Banco Santander Río, en Buenos Aires. Se realizaron en doce cuotas entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012.

El dinero fue destinado a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (PBA), una entidad utilizada por varias constructoras para lavar dinero de sobornos, como estableció la Justicia de ese principado europeo.

Los técnicos de la DGI aseguraron que el contrato en cuestión sería “simulado” o “ficticio” y su único objetivo sería desviar fondos al exterior “con fines espurios”, confirmaron fuentes de la causa a Perfil.

Además, dejan en claro que el dinero destinado a supuestas coimas salió directamente del Estado argentino, como parte de los pagos por la ejecución de la obra.

Sobre las transferencias por casi u$s5 millones a esta empresa española investigada como una pantalla para recibir sobornos de las constructoras y canalizarlos luego hacia los funcionarios destinatarios de las coimas, la versión de Calcaterra apunta a su ex socia: “A esta empresa la trae Odebrecht, que se encargaba de la ingeniería de la obra. Sabíamos que ya venía trabajando con Odebrecht desde antes en Perú y en otros lados. Hicieron un trabajo para la UTE. Se le dio información sobre eso a la AFIP. Iecsa va a presentar esa misma información a la Justicia”. El supuesto trabajo sería de “consultoría”,