El Gobierno buscará debatir en el Congreso en el arranque de las sesiones ordinarias, el blanqueo laboral que prevé un amplio perdón a los empresarios por declarar trabajadores no registrados.

El equipo de Dante Sica en el Ministerio de Producción y Trabajo tendrá a su cargo reposicionar un debate que el Ejecutivo intentó en varias ocasiones durante la gestión de Jorge Triaca y que se frustró por falta de acuerdo interno en la CGT y la poca predisposición del peronismo en el Senado de avanzar sin el aval de la central obrera, señala Ámbito Financiero.

En la cartera de Producción y Trabajo explicaron al matutino que el foco estará puesto en los ítems “blanqueo” y “litigiosidad”, lo que también abrió la puerta a la eventual inclusión del capítulo relacionado con la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas.

En el texto original enviado al Congreso se establece un período de un año para el blanqueo: los primeros seis meses sin costo para el empleador, y los restantes con un descuento del 70% de las penalidades previstas en la legislación para casos de irregularidades en la inscripción.

Otro postulado clave de este capítulo es la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa que pudiese pesar contra el empleador por la contratación informal.

Para los trabajadores “exteriorizados” el texto prevé reconocerles 60 meses de aportes previsionales en una suerte de moratoria.

La expectativa de Sica y de la administración de Mauricio Macri en general es intentar un éxito legislativo. Sin los capítulos de pasantías y de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo los funcionarios esperan la inacción del peronismo y de la CGT a cambio de otorgarle a los gremios la garantía judicial para sus obras sociales.