El gobierno nacional ha firmado el acuerdo internacional más importante de los últimos cincuenta años, y esa afirmación implica un correlato de institucionalidad y de cambios en materia legal e impositiva de ineludible importancia.

Acordar con economías y sociedades más evolucionadas desde lo institucional exige un avance en materia de seguridad jurídica y de previsibilidad a niveles que no estamos acostumbrados de ver.

El razonamiento es un tanto simple: si no bajamos los impuestos y no facilitamos el desarrollo económico de nuestro país; vamos a salir perjudicados.

Un claro ejemplo son los derechos de exportación, que se encuentran vigentes a partir de este año con un monto equivalente al 12% o 4 pesos por cada dólar exportado, el que fuera mayor. Ese impuesto, arcaico y regresivo, no tiene nada que hacer en una economía que intenta ser igualitaria a la de países europeos.

Y en esa inteligencia, sólo podemos imitar lo que hacen a los que les fue mejor: la Unión Europea o cualquier otra economía razonable que no castiga a la gallina de los huevos de oro, sino todo lo contrario, busca el desarrollo de esas exportaciones.

En esa misma lógica, serán clave para nuestro país la profundización de los beneficios de la nueva ley de economía del conocimiento y una nueva ley para PYMES mucho más inclusiva y de efectivo fomento.

Por último, y como agua fiestas de este increíble logro, no podemos olvidar destacar que no habrá acuerdo efectivo exitoso si no desaparece la inflación en la argentina. Con inflación la balanza está inclinada y todo pierde sentido.

Es momento de asumir las responsabilidades y la abrumadora cuota de confianza que han depositado todos los países en nosotros, ahora es momento de aceptarla y convertirla en hechos concretos y reales para cada uno de todos nosotros.

Iván Sasovsky