"Los municipios cobran impuestos disfrazados de tasas". Así de categórico se manifestó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, al analizar la evolución del Consenso Fiscal en el marco de la "Semana del Management" organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

"Los municipios tienen que adecuar la tasa a la prestación del servicio y debe guardar relación con el costo del mismo", sentenció Litvin.

Asimismo, el reconocido tributarista recordó que desde el próximo año están obligados a cumplir con la decuación de las tasas.

"Ningún municipio amagó a empezar a pensar en cobrar las tasas en base al servicio que brindan. En definitiva el incumplimiento perjudica a todos los contribuyentes. En estos 20 últimos 20 años nos vimos desbordados de impuestos", precisó Litvin.

"Vivimos una verdadera anarquia entre provincias y municipios. Han levantado los impuestos a mansalva y han gastado a mansalva. El éxito del Consenso Fiscal depende de que las Provincias y los municipios cumplan o se las castigue", agregó el titular de Lisicki, Litvin & Asociados.

La evolución de la presión tributaria provincial. 1998: 3,6% del PBI 2018: 5,6% del PBI, se explica principalmente por Ingresos Brutos: es el peor impuesto del sistema tributario argentino.

"El Consenso fiscal debe estar orientado a curar distorsiones, bajar la presión fiscal provincial - municipal, atraer inversiones y crear empleo", precisó.

Litvin también pidió avanzar sobre los regímenes de recaudación que crean saldos a favor de los contribuyentes que no pueden ser utilizados. Si bien la Ciudad y La Provincia de Buenos Aires establecieron mecanismos de devolución inmediata, sólo se beneficia a los pequeños contribuyentes ya que se establecieron límites muy bajos.

Un fallo para poner freno a los impuestos disfrazados de tasa

Litvin también adelantó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está por definir la causa "ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa".

Se trata de una acción iniciada por la empresa ESSO Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes con el objeto de impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene, por períodos correspondientes a los años 1996 a 2002.

La tasa en cuestión se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.La tasa tiene que ser un tributo "vinculado" al servicio, pero "no hay una estricta proporción", afirmó la letrada de Esso oportunamente el la audiencia, aunque, ante preguntas del máximo tribunal tribunal negó que fuera confiscatorio, pero remarcó que se trata de un problema "que debe ser resuelto en el Congreso" y "no vulnerando el principio de territorialidad".

La letrada recordó que la tasa se fija por la "capacidad contributiva" y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el 1 % sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que "habría una extensión de la territorialidad" en el cobro.

El intendente Martiniano Molina justificó la aplicación de la tasa por el "poder de policía" del municipio "que ampara el orden público y el bienestar del ciudadano" ya que "necesitamos personal para poder actuar", destacó.

También ante preguntas de los jueces de la Corte, el intendente quilmeño dijo que la presión tributaria en la Argentina "es altísima", pero negó la imposición de las mismas esté relacionada con cuestiones electorales.

En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) argumentó que en su accionar "el municipio procura gravar una actividad económica que excede su territorialidad, incluyendo ingresos ajenos a él, incurriendo así en un acto carente de legalidad y razonabilidad".

Para la UIA, el caso reviste importancia ya que, de sostenerse el fallo de la corte provincial -en favor del municipio-, se incrementará la carga tributaria del sector productivo en una coyuntura de fuerte caída de la actividad y un sistema tributario que desincentiva el agregado de valor."Lo que está en discusión entonces no es la autonomía municipal para determinar sus tributos, sino el límite de su potestad tributaria", se manifestó desde la entidad industrial.