Estados Unidos es un país de contrastes, siendo que en materia de política tributaria no lo es menos.Como es bien sabido, el Gobierno Federal de los Estados Unidos ha señalado repetidamente que el Impuesto Sobre los Servicios Digitales (ISSD) es discriminatorio y no neutral, por lo cual se ha opuesto de manera contundente a su implementación por parte de diversas jurisdicciones.

Todo ello en el marco del pretendido consenso en materia de tributación de la economía digital auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20, dos organizaciones de las cuales EE. UU. forma parte.

En ese mismo ámbito nos encontramos con diversas jurisdicciones que han implementado el ISSD de manera unilateral y que señalan que supuestamente estará vigente hasta que el pretendido consenso se logre, lo cual algunos estiman lograr para el año en curso.

Ahora bien, los legisladores del Estado de Maryland, en contraposición a los argumentos esgrimidos por el Gobierno Federal de los EE. UU., han presentado un proyecto de ley a los fines de implementar un ISSD sobre la publicidad digital.

El proyecto de ley indica lo siguiente:

1. Hecho imponible: consumo de publicidad digital por parte de residentes fiscales en el Estado de Maryland;

2. Factor de conexión: estará asociado al protocolo de internet (en inglés conocido como: IP) del usuario o algún otro medio que permita determinar su localización en ese Estado;

3. Base imponible: ingresos brutos resultantes de las actividades de publicidad digital;

4. Base de exención: ingresos brutos por publicidad digital menores o iguales a 100.000 millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$);

5. Alícuota: entre 2,5% y 10%.

Nuestras principales observaciones al proyecto de ley de Maryland en materia de publicidad digital podemos resumirlas así:

1. Desde un punto de vista de política tributaria nos parece un completo desatino gravar un tipo específico de actividad económica, publicidad digital, generando un potencial y claro problema de desigualdad tributaria;

2. Es contraria a los objetivos perseguidos por The Internet Tax Freedom Act o Ley de Libertad Fiscal de Internet de los EE. UU.;3. Está en desacuerdo con la posición federal sobre la gravabilidad de la economía digital;

4. Acoge el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en su sentencia sobre el caso South Dakota v. Wayfair, Inc.

5. El factor de conexión seleccionado, la IP, puede fácilmente encubrirse usando una Red Privada Virtual o VPN por su acrónimo en inglés;

6. La base imponible expresada en ingreso brutos impide la deducción de los costos directos e indirectos requeridos para generar la renta de tal actividad, lo cual sin duda, configura a este potencial tributo como más costoso para aquellos que realizan publicidad por internet que a aquellos que lo hacen por los medios tradicionales;

7. Las alícuotas de entre 2,5% y 10% que recaerán sobre la renta bruta por publicidad digital también son desiguales, si la comparamos con la que carga Maryland por los servicios de publicidad tradicional.

Alfredo J. Martínez G.