El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, planteó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es "incompetente" para resolver el litigio entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reasignación de fondos nacionales dispuesta por el Poder Ejecutivo, a un día de la audiencia que ambas administraciones mantendrán ante el máximo tribunal.

Al respecto, la Corte rechazó planteo de Zannini para que el alto tribunal se declare incompetente, y por consiguiente, confirmó su competencia.

Zannini formuló el "planteo de excepción de incompetencia y declinatoria" con fundamento en que el "presente no es un caso sujeto a la jurisdicción originaria de excepción prevista por el artículo 117 de la Constitución Nacional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia conforme lo exige la norma", de acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso Télam.

La solicitud del procurador del Tesoro ante la Corte Suprema se produjo un día antes de que representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad se reúnan ante el máximo tribunal en una audiencia de conciliación a raíz del pleito iniciado por la administración porteña por el redireccionamiento de fondos nacionales.

En el encuentro que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 11, los representantes de ambas administraciones expondrán sus posturas en la causa iniciada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en rechazo a la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad.

Coparticipación: se lleva adelante la audiencia entre representantes de la Ciudad y la Nación

Entre los argumentos esgrimidos para plantear la "incompetencia" de la Corte Suprema en esta cuestión, Zannini sostuvo que el Gobierno nacional "ha actuado, en el marco de esta situación, con pleno y estricto apego al ordenamiento jurídico constitucional y legal".

"Ha obrado con absoluta buena fe y sigue dispuesto a dialogar con las autoridades de la CABA conforme a los principios que informan el federalismo de concertación", indicó, y contrapuso, en cambio, las "autoridades" porteñas "han planteado y exacerbado una situación de conflicto que debería encontrar el cauce para su solución en el diálogo intergubernamental, y no en el innecesario dispendio jurisdiccional que suscitan estas actuaciones".

El conflicto se remonta a septiembre del año pasado, cuando el gobierno porteño presentó ante la Corte una demanda que "promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar" en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

Ese aumento en el porcentaje había sido asignado a la Ciudad en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri en oportunidad del traspaso de la Policía Federal.

Coparticipación: se lleva adelante la audiencia

Desde el 1 de enero de este año, los porteños pagan el Impuesto de Sellos para usar sus tarjetas de crédito, con una alícuota del 1,2% que se suma a sus resúmenes. Los bancos dejaron de estar eximidos de no tributar Ingresos Brutos a las Leliqs (Letras de Liquidez) y a las operaciones de pases, dos instrumentos que el Banco Central utiliza para controlar la inflación y hacer política monetaria.

Por este último punto, la autoridad dirigida por Miguel Pesce abrió otro conflicto en la Corte, porque considera que la decisión del Gobierno Nacional pone en juego su competencia para hacer política monetaria. El argumento que esgrime la Ciudad es que ya hay algunas provincias que cobran estos impuestos.