Aunque pasó desapercibido, la Corte Suprema de Justicia no se privó este martes, en paralelo a la condena penal a la vicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, de dar su respaldo explícito a los jueces que llevan a cabo esta labor contra un caso de corrupción en el Estado.

Cuando el juez Julián Ercolini procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, le trabó embargo por $10.000 millones, y advirtió que debía ser enjuiciada también por daños y perjuicios al Estado, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ese convenio multilateral establece que "los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias para garantizar a los perjudicados por actos de corrupción su derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener una indemnización", recordó Ercolini.

A raíz de esto, la Dirección de Vialidad inició una causa por daños y perjuicios contra el Estado contra CFK. Pero los jueces de varios fueros se "pelotearon" el expediente hasta este martes, cuando en paralelo a la condena penal, la Corte Suprema definió que la Justicia en lo Comercial debe impulsar el cobro de esos daños a Cristina Kirchner.

Qué decidió la Corte Suprema contra la chequera de Cristina Kirchner

En el acuerdo de este martes, los cuatro miembros de la Corte Suprema resolvieron por unanimidad impulsar la causa Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños.

Para ello, definió que será competente para cobrarle a la expresidenta el dinero del Estado que habría sustraído para su propio enriquecimiento al Juzgado Civil y Comercial Federal 11, a cargo de la juez subrogante Bibiana Alicia Pérez.

La Corte Suprema avanzó por unanimidad contra los bienes de CFK.

Según informó el propio tribunal, "la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal 11 será el que intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner, por daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional con su actuación en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz".

Qué jueces rechazaron la causa por la chequera

"En el marco del proceso penal seguido contra Cristina Fernández y Lázaro Báez, entre otros, cuya sentencia se conoció hoy, la Dirección Nacional de Vialidad los demandó civilmente", recordó la Corte, y enumeró el consiguiente recorrido de esa demanda:

1. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que juzgó la causa penal, declinó su competencia en materia civil en favor de la Justicia Civil y Comercial Federal.

2. La jueza Civil y Comercial federal 11 no aceptó la competencia, y la declinó, a su vez, en favor de la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

3. Cristina Kirchner apeló esa decisión y la Cámara revocó la declinatoria. El tribunal entendió que el juez civil y comercial no tiene potestades para atribuir la competencia a un tercer órgano judicial, facultad que sólo se reserva a la Corte Suprema.

4. En cumplimiento de esa decisión, la jueza de primera instancia se declaró incompetente y devolvió la causa al TOCF 2.

5. El Tribunal Oral penal insistió en su criterio.

6. El expediente fue elevado a la Corte para que resuelva qué tribunal debe intervenir en la acción civil.

Varios jueces rechazaron la causa por daños y perjuicios al Estado contra Cristina Kirchner.

Ya en esta instancia, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que le corresponde resolver a la justicia en lo Civil y Comercial Federal, a la que ordenó remitir el expediente.

¿Habrá fondos cuando en años venideros le quieran cobrar a CFK?

Cuando el 9 de marzo próximo se conozcan los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el empresario Lázaro Báez, también quedarán definidos los "decomisos" de bienes de los condenados, por considerar que son frutos de delitos.

Pero, ¿cómo se puede asegurar que los condenados tendrán fondos cuando la sentencia quede firme eventualmente en unos años?

Esto será posible porque, en el momento de la instrucción en la causa, el juez Ercolini dictó el embargo de los procesados en aquel momento, y condenados ahora.

Los montos fueron $10.000 millones para todos los procesados por ese magistrado, bajo la acusación de asociación ilícita y administración fraudulenta, y un cuarto de esa cifra, $2.500 millones, a algunos acusados sólo por administración fraudulenta.

El juez Ercolini calculó que, el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Lázaro Báez asciende a $46.230,9 millones según determinó la Dirección Nacional de Vialidad.

El juez Ercolini embargó por $10.000 millones a CFK, Báez, López y otros procesados.

"Así, si bien aún no fue determinado el valor concreto de los perjuicios al Estado, lo cierto es que a la fecha se tiene la certeza de que el presupuesto original fue aumentado en promedio en un 15%", aseguró Ercolini.

Por esta razón, el magistrado tomó ese parámetro y estimó "suficiente para cumplir con el objetivo de las previsiones legales la suma de $10.000 millones para todos los integrantes en la asociación ilícita ya descripta, y para los intervinientes en el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública considero prudente que se reduzca en un cuarto".

Así, Ercolini ordenó "la inmovilización y el congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones".