La tiranía del código postal: equidad y federalismo fiscal en el acceso a la salud y a la educación pública

En las discusiones actuales sobre el financiamiento del gasto público en Argentina —particularmente en lo que respecta a la salud y a la educación universitaria— emerge una realidad incómoda: el acceso efectivo a estos derechos depende, en gran medida, del lugar de residencia de cada ciudadano. Esta situación, que podríamos llamar "la tiranía del código postal", cuestiona el cumplimiento material de los principios constitucionales de igualdad, equidad y federalismo.

Igualdad formal vs. equidad sustantiva

La Constitución Nacional reconoce la igualdad de todos los habitantes (art. 16 CN), pero la igualdad en sentido formal se revela insuficiente frente a disparidades estructurales que condicionan el ejercicio real de los derechos.

Como advierte Bidart Campos, el principio de igualdad debe ser entendido no sólo como prohibición de discriminación, sino también como mandato positivo de remover obstáculos que impidan a los ciudadanos gozar efectivamente de sus derechos fundamentales. En esta línea, la equidad opera como categoría correctiva: obliga a reconocer desigualdades de origen y a compensarlas con políticas diferenciadas.

Federalismo y financiamiento del gasto público

El federalismo argentino, atravesado por profundas asimetrías fiscales y sociales, expone con crudeza estas tensiones. Mientras que la Nación concentra la recaudación, las provincias y municipios soportan gran parte del gasto social. El régimen de coparticipación federal, de base constitucional (art. 75 inc. 2 CN), pretende equilibrar estas disparidades, pero en la práctica los fondos no siempre alcanzan para garantizar servicios de igual calidad en todo el territorio.

En materia de salud, la Corte Suprema de Justicia ha recordado que el derecho a la preservación de la salud se vincula directamente con el derecho a la vida (Fallos 323:3229, "Campodónico de Beviacqua"). Y, en materia educativa, ha reafirmado que la gratuidad universitaria constituye un principio de raigambre constitucional y convencional (Fallos 330:642, "Asociación Benghalensis"). Sin embargo, estas declaraciones chocan con una realidad en la que la oferta de hospitales de alta complejidad o universidades completas se concentra en los grandes centros urbanos.

El resultado es un esquema en el cual los derechos se reconocen universalmente, pero su goce efectivo depende del código postal: estudiar medicina en la Ciudad de Buenos Aires no supone las mismas oportunidades que hacerlo en Catamarca; acceder a un tratamiento oncológico en el conurbano no es comparable con la experiencia de un paciente en Formosa.

Equidad territorial: correrse del ideal abstracto de igualdad

Frente a este escenario, la discusión no debería centrarse únicamente en el volumen de recursos asignados, sino en cómo se distribuyen y con qué criterios. La equidad territorial exige políticas públicas que trasciendan la neutralidad formal y apunten a garantizar igualdad de resultados, no solo de oportunidades.

Ahora bien, la asignación progresiva de recursos debe responder a desigualdades estructurales —menor capacidad recaudatoria derivada de limitaciones productivas, falta de infraestructura, escasos recursos naturales o tecnológicos—, y no convertirse en un incentivo a la desidia de los gobiernos locales. No se trata de premiar la falta de voluntad política para recaudar, sino de acompañar a las jurisdicciones que, pese a sus esfuerzos, carecen de las mismas bases para generar riqueza.

En este punto, provincias y municipios deben asumir también su responsabilidad: no pueden depender exclusivamente de la billetera de la Nación, sino que deben hacer sus legítimos esfuerzos por cobrar lo que les corresponde, ampliar su base tributaria y, sobre todo, auditar sus cuentas, no sólo en lo referido a ingresos, sino también a gastos. Un federalismo maduro implica responsabilidades compartidas: recibir transferencias cuando corresponda, pero también rendir cuentas sobre el uso eficiente y transparente de los recursos.

Hacia un nuevo pacto distributivo

Lo que está en juego no es un mero debate técnico sobre partidas presupuestarias, sino un dilema democrático: si los derechos fundamentales son universales, no pueden depender del domicilio registrado en el DNI.

La tiranía del código postal socava la promesa republicana de igualdad, erosiona la cohesión social y alimenta migraciones internas forzadas que desbalancean aún más el sistema. Romper ese círculo requiere un nuevo pacto distributivo que coloque a la equidad —y no a la mera igualdad formal— en el centro de la agenda pública, pero que también exija responsabilidad fiscal a cada nivel de gobierno.

Sólo así podremos garantizar que la salud y la educación pública de calidad dejen de ser privilegios de las grandes ciudades y se conviertan en verdaderos derechos de todos los habitantes de la Nación.