Ingresos Brutos tiene fecha de vencimiento: el impuesto que frena la competitividad y fragmenta el país

Un sistema que se agotó. He visto el sistema tributario argentino desde adentro y desde afuera. Desde la AFIP, donde conocí las virtudes y limitaciones de la administración nacional. Desde la Dirección de Rentas de Río Negro, donde observé la creciente necesidad de recursos que le demandan los gobiernos provinciales. Y desde la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, donde comprobé que las disputas entre fiscos no nacen de la evasión, sino de la competencia por la pertenencia de impuestos ya ingresados.

Por eso, no hablo solo como técnico, sino como alguien que vivió los tres planos: el del Estado nacional, el provincial y el del contribuyente.

Desde esa experiencia sostengo una convicción: Argentina no necesita más impuestos ni más alícuotas, necesita un sistema que funcione.

Veinticuatro sistemas que gravan lo mismo

Hoy convivimos con 24 regímenes provinciales de Ingresos Brutos y un IVA nacional, todos gravando el mismo hecho económico: el consumo. Cada provincia tiene su propio lenguaje fiscal, su interpretación, sus regímenes de retención y sus formularios.

El resultado es un sistema complejo, regresivo y distorsivo, donde el que cumple paga más, y el que produce carga con la ineficiencia del que evade.

En las economías regionales esto se traduce en pérdida de competitividad: exportamos impuestos en lugar de valor. Y lo más grave: Nación y provincias compiten por la misma base imponible, fragmentando al país.

Un nuevo paradigma: IVA Federal Unificado

El camino recorrido me permite afirmar con conocimiento de causa que dejar librado a cada provincia la ´posibilidad de tener su propia Ley de IVA o su propia alícuota sería un error gravísimo, 24 legislaciones distintas y una maraña aún más compleja que la actual, similar al caos que hoy tenemos con los regímenes de recaudación anticipada.

Propongo reemplazar el actual esquema de Ingresos Brutos y el IVA por un solo impuesto al consumo: el IVA Federal Unificado. Sería un nuevo tributo, basado en la estructura del IVA nacional vigente, con una estructura de administración compartida entre Nación y provincias.

Se Trata de un nuevo impuesto basado en la estructura del IVA nacional vigente, con una administración compartida entre Nación y Provincias.

La instrumentación del IVA Federal requeriría una Ley Convenio entre la Nación y las Provincias, con aprobación del Congreso y las Legislaturas Provinciales, garantizando que se contempla un nuevo esquema de distribución bajo el esquema del Convenio Multilateral, permitido por el artículo 2, inciso b) de la Ley 23.548, reemplazando el actual esquema de coparticipación y eliminando definitivamente el impuesto sobre los Ingresos Brutos-

La base de recaudación sería la misma que hoy —11,5% del PBI—, con alícuota del 33%. Ese sería su techo: por primera vez, el Estado tendría un límite estructural a la presión fiscal sobre el consumo.

La distribución sería automática:

• 2,31 puntos del PBI para ANSES, con coeficiente único
• 8,69 puntos para la Nación, con coeficiente único.
• 22 puntos para las provincias, según los coeficientes del Convenio Multilateral (CM05).

Así, desaparece la coparticipación. Las provincias dejan de esperar transferencias y pasan a ser verdaderos sujetos activos del federalismo fiscal. Cada una recauda lo que le corresponde por derecho y gestión, sin depender del favor político. Esta metodología de distribución conocida por todas las provincias, les implica a futuro un esfuerzo para generar mayor actividad dentro de sus territorios.

El sistema puede implementarse con las herramientas que ya existen:

SIFERE adaptado como plataforma única de declaración y pago.

ARCA mantendría las facultades de regular y coordinar de manera uniforme la facturación, la trazabilidad y los sistemas de control, garantizando criterios comunes en todo el territorio Nacional.

El padrón y las altas, bajas y modificación de datos (ABM) serían unificados, permitiendo una administración integrada y transparente.

La cuenta corriente tributaria sería única bajo el esquema vigente, con seguimiento compartido.

Administraciones provinciales conservarían su rol fiscalizador, pudiendo realizarse en forma conjunta y/o complementaria con ARCA, compartiendo información. Este esquema incrementará el peso territorial del control sobre la evasión y el cumplimiento de las normas de facturación, fortaleciendo presencia fiscal en todo el país sin necesidad de duplicar estructuras, reduciendo costos y tiempos.

La Comisión Arbitral continuara con sus competencias de resolución de controversias, asegurando el estricto cumplimiento del Protocolo Adicional del Convenio Multilateral, de modo que ningún contribuyente se vea obligado a ingresar nuevamente el impuesto cuando ya lo haya ingresado y pagado en otra jurisdicción. También asumirá el control del fondo de compensación transitoria.

Se unificarían también los regímenes de recaudación (retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias), estableciendo alícuotas iguales en todo el país y atribuyendo la recaudación según el contribuyente del convenio multilateral, con un límite sobre el monto de la obligación mensual a fin de evitar la acumulación de saldos a favor permanentes y distorsiones en el flujo financiero de los contribuyentes.

El cambio no es tecnológico, es cultural: pasar de Estados que compiten a Estados que cooperan.

Reformar Ganancias para cerrar el círculo

El cambio se completa reformando el Impuesto a las Ganancias.

Hoy grava la renta sin distinguir si el ingreso se ahorra o se consume. Autorizando solo la deducción de un porcentual sobre los gastos reales, afectando directamente al trabajador en relación de dependencia, principalmente de menores ingresos, que necesariamente destina su mayor proporción al consumo, sin posibilidad de ahorro.

Permitir deducir consumos documentados transformaría al consumidor en aliado contra la evasión. Pedir factura dejaría de ser un gesto simbólico para convertirse en un beneficio real.

Esto reduciría la evasión del IVA, que supera el 40%, y ampliaría la base imponible sin subir una sola alícuota. Ese es el corazón del nuevo paradigma: ampliar la base, no subir las tasas.

Transición con reglas claras

La transición sería gradual, con un Fondo de Compensación de cinco o más años, decreciente y financiado con parte de la recaudación provincial. Esta decisión sería decidida por las provincias.

Una regla fundamental para el nuevo impuesto: el Estado no podrá aumentar su participación en el consumo más allá del 11,5% del PBI. A mayor aumento de base imponible menor alícuota. Por primera vez, el crecimiento fiscal dependerá de la eficiencia, no de la presión.

Un nuevo contrato fiscal

Esta propuesta es más que una reforma tributaria. Es el punto de partida de un nuevo contrato fiscal entre Nación, provincias y contribuyentes.

Un sistema donde:

• el contribuyente entiende lo que paga, de manera simplificada,
• las provincias administran lo que les corresponde,
• y la Nación garantiza reglas comunes y control.

Ingresos Brutos tuvo su tiempo. Y ese tiempo ya se agotó. Su fecha de vencimiento empieza cuando decidamos reemplazar la maraña por la transparencia y la competencia por la cooperación.

Roberto Gil

Roberto Gil es contador público. Fue funcionario en la AFIP/DGI, Director de Rentas de Rio Negro y Presidió la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Actualmente se desempeña como consultor privado independiente.