Monotributo: qué es necesario cambiar en el régimen actual y qué impacto tendrá en emprendedores
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En un contexto en el que Argentina se encamina hacia un ciclo de reformas estructurales, resulta indispensable repensar aspectos del sistema tributario e identificar qué instrumentos requieren modernización para avanzar hacia objetivos clave: mayor formalización laboral, eficiencia económica, aumento de la productividad y un crecimiento sostenible.
Y, en este marco, adquiere especial relevancia el régimen simplificado o Monotributo, un esquema que permite a miles de emprendedores y pequeños negocios iniciar su actividad formal mediante el pago integrado de impuestos y aportes en una única cuota mensual.
Su importancia radica en que funciona como la principal puerta de entrada al sistema económico formal y se ha consolidado como una herramienta clave para transformar iniciativas incipientes en unidades productivas con potencial de expansión.
Comprender su papel exige dimensionar el peso de las pymes y los emprendedores en la economía argentina. Según datos de UCEMA, a abril de 2025 existen 515.599 pymes registradas, equivalentes al 98% del total de firmas empleadoras. Estas empresas generan el 50% del empleo asalariado registrado, representan el 35% de la masa salarial formal y sostienen, de manera directa e indirecta, el 77% del empleo privado total, considerando tanto asalariados formales e informales como monotributistas y autónomos.
Así se organizan los regímenes simplificados en otros países de la región
Frente a esta centralidad, resulta útil observar cómo se organizan los regímenes simplificados en otros países de la región, ya que su diseño permite identificar qué incentivos favorecen la formalización temprana y cuáles facilitan el desarrollo de los emprendimientos en etapas posteriores. La comparación latinoamericana muestra una diversidad de modelos que combinan topes de facturación, cargas fiscales y niveles de simplicidad administrativa muy distintos.
Entre los esquemas más accesibles para ingresos bajos se destacan Uruguay, México y Argentina, que mantienen tasas efectivas reducidas, entre 3% y 15%, y facilitan la formalización inicial de pequeños prestadores de servicios.
En contraste, países como Brasil, Chile y Colombia han desarrollado sistemas simplificados con topes muy superiores, lo que permite que emprendimientos ya consolidados continúen dentro del régimen. Sus tasas, que oscilan entre 12,5% y 19,3%, acompañan ese mayor volumen de operaciones sin perder el carácter simplificado del sistema. Por su parte, Estados Unidos ofrece un modelo flexible, sin tope formal, pero con mayor complejidad administrativa y dependencia de deducciones y tratamiento individual de ingresos y gastos.
La densidad de pymes por cada 1.000 habitantes aporta otra perspectiva relevante. Los países con regímenes más escalables como Brasil, Colombia o Chile, presentan densidades empresariales más altas, entre 58 y 95 pymes cada 1.000 habitantes. En cambio, Argentina, pese a contar con un régimen accesible para tramos de ingresos bajos, exhibe una densidad mucho menor: apenas 11,2. Esto sugiere que un diseño tributario que acompañe la expansión y permita permanecer más tiempo en un esquema simplificado puede favorecer la creación y consolidación de unidades productivas.
Repensar el régimen tributario argentino: cómo debe ser el nuevo monotributo
La evidencia regional indica que los modelos con mayor escalabilidad, topes elevados y tasas que se ajustan de manera progresiva al nivel de facturación tienden a desarrollar un entramado pyme más denso y dinámico. Este contraste abre la oportunidad de repensar el esquema argentino hacia un régimen que acompañe el crecimiento una vez superadas las primeras etapas del negocio.
Los países que lograron construir un ecosistema emprendedor dinámico lo hicieron sobre la base de reglas estables y marcos tributarios capaces de adaptarse a diferentes momentos del ciclo empresarial. En Argentina, el régimen cumple un rol fundamental en la formalización inicial, pero pierde eficacia cuando los proyectos comienzan a expandirse.
Esto se evidencia con claridad en el salto impositivo que enfrenta un contribuyente cuando pasa al régimen de autónomos. La transición es abrupta: al ingresar al régimen general se incorporan IVA (habitualmente 21%), Ingresos Brutos (3% o más según la jurisdicción) e Impuesto a las Ganancias, cuyas alícuotas pueden llegar al 35%. Esto eleva la carga total por encima del 45% de la facturación, un incremento difícil de absorber para profesionales y pequeños negocios.
Entonces, es una necesidad estratégica transformar el régimen simplificado en un instrumento que permita permanecer dentro de él sin penalizar el crecimiento. El planteo de reformas estructurales es la oportunidad para modernizar aquellos sistemas que no permiten el desarrollo en base a la nueva realidad económica.
Un régimen más escalable con un tránsito gradual hacia el régimen general, podría convertirse en una herramienta decisiva para robustecer el entramado productivo. No se trata solo de simplificar, sino de construir un marco que habilite planes de crecimiento sin incertidumbre fiscal ni saltos administrativos bruscos. La competitividad y la generación de empleo son prioridades centrales, apostar por una reforma del régimen tributario es una decisión estratégica.