Reforma previsional: buscan poner fin o reducir las cajas profesionales y los regímenes especiales
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La discusión sobre el futuro del sistema jubilatorio sigue siendo protagonista en la agenda económica y política del gobierno de Javier Milei. En un contexto marcado por el ajuste fiscal, la caída del poder adquisitivo de los haberes y la necesidad de ordenar las cuentas públicas, distintas usinas de pensamiento comenzaron a poner sobre la mesa propuestas para lograr una reforma previsional que arrastra problemas estructurales desde hace décadas.
En ese marco, el debate tomó nuevo impulso con un informe técnico elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que encendió las alarmas sobre la viabilidad del sistema actual.
El diagnóstico de la entidad fue contundente: el sistema jubilatorio es costoso para el Estado, presenta fuertes desigualdades entre los beneficiarios y resulta cada vez más difícil de sostener en el tiempo. Según el análisis, estos problemas se agravan frente al envejecimiento de la población, la alta informalidad laboral y las persistentes restricciones fiscales que condicionan cualquier intento de mejora en los haberes sin una reforma de fondo.
Sistema previsional: por qué se necesitan los cambios
El sistema previsional en Argentina es el principal destinatario de los recursos públicos. Según el informe de CIPPEC, "explica gastos por valores cercanos al 10% del PIB, equivalentes a un 25% del gasto público consolidado, que incluye el realizado por el gobierno nacional y las jurisdicciones subnacionales". Este nivel de gasto ubica a Argentina, junto con Brasil y Uruguay, entre los tres países de América Latina con mayor nivel de gasto, comparable con el de países desarrollados ya envejecidos.
"Un 65% de este gasto corresponde al régimen general del SIPA y los regímenes diferenciales y especiales administrados por ANSES, un 7% a otros regímenes contributivos de orden nacional, otro 9% a los esquemas no contributivos y el 19% restante a esquemas provinciales", aclara el informe.
La ineficiencia del sistema se debe fundamentalmente a tres elementos:
- La proliferación de excepciones, que permite que aproximadamente 2,8 millones de personas perciban beneficios antes de la edad mínima reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones).
- Las reglas anacrónicas del esquema de pensiones por fallecimiento, que resultan en la duplicación de beneficios para más de un millón de personas.
- La generosidad extrema de algunos esquemas de excepción en cuanto a la edad de retiro y/o el cálculo de haberes, lo que impacta en el costo agregado.
Reforma previsional: fin de moratorias y regímenes especiales, incluyendo cajas profesionales
La propuesta de CIPPEC, que está sobre la mesa del ministro de Economía, Luis Caputo, propone una serie de reformas integrales para la jubilación por vejez, las pensiones por viudez, la edad de retiro y los regímenes de excepción y cajas profesionales.
En este contexto, uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la eliminación de las moratorias previsionales como herramienta permanente.
La existencia de cerca de 200 regímenes de excepción, sumada a la regla que exige 30 años de aportes para acceder a una prestación contributiva, hacen que el sistema sea muy injusto. En definitiva, personas con trayectorias laborales muy similares pueden recibir beneficios muy diferentes, dependiendo de factores como la provincia en la que vivieron mientras trabajaban o después de jubilarse, si trabajaron en el ámbito público o privado, si se desempeñaron en alguna actividad u ocupación que, más allá del trabajo concreto que realizaban, era calificada como "diferencial" o "especial", su sexo, el momento en que alcanzaron la edad requerida para jubilarse o si lograron acumular 30 años de aportes en lugar de unos pocos meses menos.
Un sistema injusto genera fuertes incentivos a buscar excepciones, legales o no, lo que implica mayores inequidades y costos para la sociedad.
Para el centro de estudios, las moratorias resolvieron problemas de corto plazo, pero terminaron consolidando un sistema inequitativo, donde personas con trayectorias laborales muy distintas acceden a beneficios similares.
En paralelo, se propone revisar y eliminar la mayoría de los regímenes especiales y cajas profesionales, integrándolos al sistema general. La idea es unificar reglas y limitar los tratamientos diferenciales solo a casos debidamente justificados, como tareas insalubres o de alto riesgo.
Cuál será la nueva edad de retiro con la reforma previsional
La propuesta incluye dos cambios graduales respecto a la edad mínima de retiro:
El sistema actual ofrece un beneficio a quienes cumplen dos requisitos y está estructurado en base a tres prestaciones. Los requisitos son de edad (60 años para las mujeres y 65 años para los varones) y años con aportes (30 años).
La propuesta de reforma incluye dos cambios relevantes respecto de la edad de retiro. En primer lugar, se plantea un aumento gradual de la edad mínima de retiro de las mujeres, desde los actuales 60 años, hasta el requisito vigente para los varones, de 65 años. Esta equiparación se implementaría en forma progresiva, elevando en 6 meses por año la edad mínima, a lo largo de un período de 10 años.
En segundo lugar, la propuesta de reforma consiste en eliminar el requisito mínimo de 30 años, definiendo el valor de la Prestación Básica como el valor actual de la PUAM y estableciendo una nueva prestación proporcional, que se calcula en base a la historia completa de aportes realizados (sean estos como trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos o participen en algún tipo de esquema de aportes tarifados) y en base a un cálculo actuarial. Al eliminar el requisito de 30 años de aportes, el acceso al sistema pasaría a ser universal, así como también se eliminaría el haber mínimo, ya que la nueva Prestación Básica actuaría como valor mínimo.
Finalmente, al establecerse una regla de cálculo actuarial para la prestación proporcional, el haber incrementa si las personas optan por postergar su retiro, ya que el monto se calcula en función de la expectativa de vida restante al momento de jubilarse. Como resultado, esto introduce un incentivo directo para prolongar la vida laboral en aquellos casos en que sea posible y deseado, sin afectar el derecho a acceder al beneficio una vez alcanzada la edad mínima establecida.