La CGT opera a dos puntas para salvar la caja sindical y frenar la reforma laboral en la Justicia
La CGT opera a dos vías contra la reforma laboral: por una parte, anunció que presentará un pedido de amparo en la Justicia para frenar que entre en vigencia y, por la otra, encara negociaciones al primer nivel del Gobierno para revertir artículos que terminan con los aportes obligatorios a los sindicatos.
Mientras tanto, los eventuales inversores extranjeros observan con preocupación. "Los clientes extranjeros se asustan con todo esto: las oposiciones a todo, que una ley sea cuestionada, que todo se declare inconstitucional. Ya que de vueltas en el aire asusta a los extranjeros porque no saben con qué reglas se tienen que manejar", advierte el laboralista Lucas Tamagno.
Qué dicen los sindicatos en privado y por escrito
El laboralista Daniel Esquivel comenta que, "en conversaciones con dirigentes de gremios como Comercio, Metalúrgicos y Calzado, surge que la preocupación es la caída de la obligatoriedad de los aportes sean afiliados o no, especialmente, para las federaciones".
"Están viendo cómo revertir esa situación y, si lo logran, van a ceder en muchos de los otros reclamos que preparan para ir a la Justicia", indica.
"Hoy acompañan la protesta por los aportes con otros reclamos, pero son conscientes de que, en temas como las indemnizaciones o la tasa de intereses en los juicios, hubo todo tipo de abusos", explica.
"El tema es el aporte, porque los debilita muchísimo, que es lo que pretenden el Gobierno", remarca.
"Al respecto, los gremios están negociando a primer nivel para influir en la reglamentación, y el tema ha escalado más allá de la Secretaría de Trabajo, porque esos aportes son esenciales para que sigan funcionando, sobre todo las federaciones, para las que directamente desaparecen", subraya.
Qué criterío adoptará la CGT en la Justicia
"Desde la CGT se cuestiona centralmente que la norma incurre en "regresividad", afirma el laboralista Roberto Semino.
"En derecho laboral, una vez que el trabajador adquiere un derecho, ninguna norma de orden público puede quitárselo. La CGT argumenta que esta ley es "regresiva" porque recorta beneficios que ya estaban consolidados, como el cálculo de la indemnización", señala Javier Sabin, de EY Argentina.
"Y al plantear la Inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para las indemnizaciones basándose en el Artículo 14 bis, que exige la "protección contra el despido arbitrario", se apoyan en el principio de que ninguna ley puede valer menos que lo que dice la Constitución", agrega.
Qué reformas ataca la CGT, punto por punto
Semino enumera los principales puntos que analiza presentar la central obrera ante la Justicia con pedidos de medidas cautelares que los suspendan:
- Art. 98 "Servicios mínimos" del 75% para tareas esenciales y 50% para actividades trascendentales: puede ser el eje central, por restricción desproporcionada del derecho de huelga que consagra la Constitución nacional y los estándares de la OIT.
- Arts. 79–91 Justicia Nacional del Trabajo: competencia, traspaso a CABA y "disolución progresiva": se argumenta que afectará el acceso a Justicia y al juez natural, el "derecho de defensa" y por interferencias institucionales en el fuero laboral.
- Art. 51 Reforma de las indemnizaciones por despido más el Fondo de Asistencia Laboral y "única reparación": por debilitar la protección constitucional contra despido arbitrario y por regresividad (reduce base indemnizatoria: excluye SAC/vacaciones, etc., y limita acciones).
- Art. 13 Limita la presunción de relación laboral con "contratos de servicios que se facturan"): la CGT alega que se facilita el fraude laboral, contrariando principios protectorio y primacía de la realidad.
- Art. 43 Banco de horas más descansos de 12 horas: potencial vaciamiento del régimen de horas extra y recargos; en la práctica, jornadas más largas y compensadas.
- Art. 10 Costas solidarias entre el empleador y el empleado por "pluspetición inexcusable" del trabajador: efecto inhibitorio para litigar y posible afectación del acceso a Justicia.
¿Puede tener éxito la CGT y frenar la ley en la Justicia?
"Están repitiendo exactamente la jugada que les funcionó con el DNU 70/2023. En esa oportunidad, la Justicia les dio la razón y frenó el capítulo laboral. Ahora se trata de una ley aprobada en el Congreso", comenta Sabin.
"Si bien la CGT busca que un juez dicte una medida cautelar para suspender todo antes de que entre en vigencia, en este caso, las chances son menores porque, además de sancionarse una ley y no un decreto, los argumentos para sostener que se avasallan derechos no son tan claros", asegura.
Además, "en su oportunidad frenaron el DNU, pero no lograron lo mismo con la Ley Bases, porque con el trámite legislativo se cayó el argumento del amparo presentado por la CGT", sostiene el laboralista Lucas Tamagno
Por su parte, Esquivel opina: "No creo que tenga éxito un amparo en el fuero Contencioso Federal y, si lo tiene con algún juez de primera instancia que consigan por un sorteo mágico, la Cámara lo va a rechazar porque le guste a quien le guste, hay mayoría en ambas cámaras del Congreso y la ley va a tener sanción".
Por otra parte, "la Corte Suprema de Justicia tiene vasta jurisprudencia sosteniendo que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, y la derogación de una ley común por otra posterior no afecta derecho alguno emanado de la Constitución nacional", afirma Guillermo Osorio, del Estudio Marval.
Para el experto Roberto Levin, "la CGT tiene chances de conseguir cautelares parciales, pero la declaración total de inconstitucionalidad es difícil y tardará. Lo más probable son fallos "por partes" y discusiones caso por caso. El resultado depende de la redacción de los artículos impugnados y la postura del fuero Contencioso Federal".
Por qué la CGT va a la Justicia federal y no la de Trabajo
"La competencia será determinada teniendo en consideración el carácter de las disposiciones que se pretenda atacar, tanto respecto a la materia como el ámbito personal al que se refieran. En razón de ello, dependiendo la parte de la ley cuestionada, se determinará el tribunal competente", explica el laboralista Sergio Nunio, al comentar las nuevas normas de la reforma laboral en la materia.
"La CGT acude al fuero Contencioso Administrativo para evitar que sean los juzgados nacionales los que deben decidir, ya que se encuentran en el medio del debate también y deberían excusarse, al formar parte de la ley en el capítulo de transferencia. Además, no pasan por el Tribunal Superior de Justicia de CABA y van directo a la Corte", señala Levin.
"Creo que sería una lástima que se frene la aplicación de la ley, ya que resuelve algunos temas puntuales como por ejemplo el tema de qué intereses se aplican a los juicios en trámite, pudiendo liberar a las empresas y a los trabajadores para que puedan pagar y cobrar, respectivamente, en un tiempo prudencial", concluye