Buscan fijar fuertes límites a las tasas municipales y exigir una contraprestación efectiva

Un grupo de Diputados, encabezados por Patricia Vásquez, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación donde se propone establecer un régimen general para regular la validez de las tasas municipales en todo el país, fijando como condición central la existencia de una contraprestación efectiva, concreta e individualizada por parte de los municipios.

De transformarse en ley, introduciría cambios en la forma en que los municipios crean, estructuran y justifican sus tasas, estableciendo pautas uniformes a nivel nacional basadas en la jurisprudencia y en principios constitucionales, señala Errepar.

La iniciativa se giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Municipales.

Alcance y objetivos

La propuesta indica que tiene como objetivo "definir los principios que deben regir la creación, determinación, percepción y exigibilidad de las tasas municipales. En ese marco, establece que estas prestaciones solo serán válidas cuando respondan a servicios efectivamente prestados por el municipio y mantengan una relación razonable con su costo".

El texto prevé su aplicación en todo el territorio nacional desde su publicación en el Boletín Oficial, alcanzando a todos los cobros que se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.

Definición de tasa y requisito esencial

El proyecto define a la tasa como una prestación pecuniaria cuyo hecho imponible debe consistir exclusivamente en la prestación concreta, efectiva, actual, adecuada e individualizada de un servicio estatal que beneficie directamente al contribuyente o a un bien determinado.

Sobre esa base, introduce un requisito esencial de validez que impone tres condiciones que deben cumplirse de manera simultánea. En primer lugar, la existencia real de una prestación estatal concreta y efectiva. En segundo término, la individualización del contribuyente como destinatario directo o razonablemente identificable del servicio. Finalmente, la proporcionalidad razonable entre el monto exigido y el costo del servicio prestado, lo que implica, según los impulsores de la iniciativa, que la tasa no puede fijarse en función de parámetros ajenos a esa prestación.

Prohibición de tasas sin causa

La iniciativa establece una prohibición expresa de crear tasas que no tengan una vinculación directa con un servicio estatal individualizado. De acuerdo a los fundamentos, se busca evitar que se utilicen estructuras, bases imponibles o mecanismos de cálculo que desnaturalicen la tasa y la conviertan en un instrumento de recaudación general.

En ese sentido, el proyecto apunta a impedir la aplicación de tasas calculadas sobre ingresos, facturación u otros indicadores que no reflejen el costo del servicio prestado. Asimismo, se dispone que las tasas que no cumplan con estos requisitos pueden constituir una afectación ilegítima del derecho de propiedad y adquirir carácter confiscatorio si implican la absorción de una porción sustancial de la renta o del capital del contribuyente.

Carga de la prueba y mecanismos de control

La propuesta instaura que la carga de la prueba recae exclusivamente en el municipio. Las autoridades locales deberán acreditar, tanto en sede administrativa como judicial, la existencia del servicio, su prestación efectiva, la individualización del beneficiario y la razonabilidad del costo.

Además, se contempla la posibilidad de que los municipios implementen cuentas bancarias específicas para cada tasa, con el objetivo de demostrar de manera concreta la relación entre lo recaudado y el costo del servicio prestado.

Por ese motivo, dispone que las ordenanzas municipales y los actos administrativos que establezcan tasas en violación de los requisitos previstos podrán ser declarados nulos. En esos casos, los contribuyentes tendrán derecho a reclamar la devolución de los montos abonados indebidamente y a solicitar las indemnizaciones que correspondan.

Adhesión y vigencia

El proyecto invita a las provincias y municipios a dictar normas de adhesión y regulaciones complementarias para asegurar la aplicación de estos principios, respetando las autonomías locales dentro del marco de la supremacía constitucional.

Asimismo, fija que la ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y dispone su comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos y respaldo constitucional

En los fundamentos, la iniciativa señala que se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las tasas solo pueden cobrarse cuando existe una prestación concreta, efectiva e individualizada, y que debe haber proporcionalidad entre el monto exigido y el servicio brindado. También se menciona un antecedente en el que se declaró la inconstitucionalidad de una ecotasa por no acreditarse la prestación efectiva.

En el plano constitucional, el proyecto invoca el artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege el derecho de propiedad, el principio de supremacía constitucional y las facultades del Congreso para dictar normas que aseguren el respeto de los derechos fundamentales en todo el país.

Asimismo, sostiene que la autonomía de provincias y municipios no es absoluta y no habilita la creación de tributos sin causa ni el uso de tasas con fines exclusivamente recaudatorios. En ese sentido, plantea que la intervención del Congreso busca fijar límites constitucionales básicos y garantizar una protección uniforme del derecho de propiedad en todo el territorio nacional.

Finalmente, el texto advierte que la falta de regulación frente a estas prácticas podría implicar una omisión del Poder Legislativo en su rol de garante del orden constitucional.