Alertan sobre falsas denuncias por abuso y pericias direccionadas

En la Argentina, una denuncia por abuso puede marcar el inicio de una condena antes, incluso, de que exista prueba suficiente.

"El proceso en sí mismo puede convertirse en una pena" advierte el abogado penalista Marcelo Echevarría, quien elevó una nota a la senadora Carolina Losada alertando sobre una distorsión creciente: pericias de parte sin rigor técnico y realizadas "a medida", imputaciones impulsadas sin sustento sólido muchas veces validando hipótesis y dejando de lado la realidad de los hechos.

En nombre de una causa legítima -la protección de las víctimas- el sistema penal avanza, en algunos casos, sobre bases endebles, generando procesos que, con el tiempo, se desmoronan, pero que ya han producido daños irreparables en la vida de las personas que fueron imputadas.

El resultado -señala- es la posible destrucción anticipada de una vida.

Personas que nunca debieron haber sido imputadas ven afectada su libertad, su reputación, su vida personal y profesional.

En ámbitos particularmente sensibles, como el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el impacto es aún más severo: el mero dictado de un procesamiento a cualquiera de sus integrantes —aun cuando se trata de una resolución interlocutoria, provisoria y revisable— puede implicar el pase a disponibilidad o la pérdida definitiva de una carrera.

Parafraseando lo que ha sido señalado en el dictamen recientemente aprobado, estas situaciones no solo generan perjuicios: "arruinan vidas", sostuvo Marcelo Echevarría.

La crisis de las pericias de parte

Uno de los puntos más críticos en este tipo de procesos radica en la utilización de pericias de parte carentes de rigor técnico y objetividad, conforme se lo hace saber el experto a la Senadora Losada.

En numerosos casos, estos informes presentan falencias estructurales graves toda vez que no aplican técnicas a los fines de establecer consecuencias psicológicas que podrían ser compatibles con un evento traumático.

• Se sustentan exclusivamente en el relato del denunciante, sin contraste empírico.
• Omiten la aplicación de metodologías de evaluación de credibilidad.
• No verifican criterios diagnósticos conforme a estándares internacionales (DSM-5)
• Prescinden de instrumentos psicométricos validados.
• En el caso de menores, no aplican protocolos de entrevista forense estructurada.

El resultado es la producción de informes parciales, subjetivos y, en muchos casos, claramente direccionados.

Pericias que no buscan la verdad, sino validar una hipótesis previamente construida.

Lo más preocupante no es su existencia —que responde a la lógica adversarial del proceso— sino su utilización como fundamento suficiente para activar la persecución penal.

Esto genera una grave distorsión: el proceso se inicia y avanza sobre la base de evidencia débil, sesgada, endeble, insuficiente, inconsistente y de baja fuerza convictiva.

Frente a este escenario, el Cuerpo Médico Forense se erige como el único órgano verdaderamente independiente, con estándares técnicos homogéneos y reconocimiento expreso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha destacado reiteradamente su carácter de auxiliar imparcial de la justicia.

En la nota remitida a la senadora Carolina Losada, el experto penalista Marcelo Echevarría desarrolló los fundamentos de su postura y concluyó que las pericias de parte deben ser excluidas en el marco de las denuncias por abuso, propiciando que el valor probatorio se sustente exclusivamente en el informe imparcial del Cuerpo Médico Forense, como único órgano dotado de independencia y rigor técnico

La actuación fiscal

El Ministerio Público Fiscal ocupa un rol central en el equilibrio del sistema penal.

No es un mero acusador: es un garante de la legalidad.

Sin embargo, en la práctica, se advierte una tendencia preocupante hacia la imputación automática en este tipo de delitos, muchas veces impulsada por la presión social o mediática.

Esta lógica resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho penal.

No puede sostenerse una imputación —ni mucho menos avanzar hacia un juicio oral— cuando la prueba reunida carece de solidez.

Por ello, resulta indispensable que la Procuración General de la Nación establezca lineamientos claros para este tipo de causas, orientados a:

• Evitar imputaciones sin sustento probatorio suficiente.
• Promover evaluaciones rigurosas, caso por caso.
• Habilitar instancias de consulta ante situaciones de duda razonable.
• Definir criterios objetivos cuando la prueba resulte manifiestamente insuficiente.

El respeto por el debido proceso, el principio de contradicción y el derecho de defensa constituye el fundamento de la justicia.

Cuando al sistema lo convierten en herramienta de abuso

Existe, además, un aspecto particularmente delicado que no puede ser ignorado.

En aquellos supuestos en los que se advierta una eventual connivencia entre denunciantes y profesionales intervinientes, la cuestión deja de ser un problema probatorio para convertirse en un posible fenómeno delictivo autónomo.

El Código Penal, en su artículo 210, tipifica la asociación ilícita como la participación en una organización de tres o más personas con el propósito de cometer delitos, caracterizada por un acuerdo estable y permanente.

A diferencia de la simple participación criminal —que se agota en un hecho concreto—, la asociación ilícita implica una estructura con vocación de continuidad, destinada a la comisión de múltiples hechos independientes.

Cuando se detectan patrones reiterados, coordinación entre actores y utilización sistemática del aparato judicial para la generación de imputaciones infundadas, corresponde, al menos, evaluar la posible configuración de esta figura.

No hacerlo implicaría tolerar un uso abusivo del sistema penal, señaló el experto en la nota elevada a la Senadora Nacional.

Una reforma necesaria para reforzar la justicia

Endurecer las penas para las falsas denuncias no implica relativizar la gravedad del abuso sexual ni desproteger a las víctimas reales.

Implica, por el contrario, preservar la credibilidad del sistema.

Porque un sistema que no distingue entre denuncias fundadas e infundadas pierde legitimidad.

Y cuando la justicia pierde legitimidad, pierde su razón de ser.

La protección de las víctimas y la garantía de los derechos del imputado no son objetivos contrapuestos.

Son, en realidad, dos caras de un mismo principio: el de justicia, remarcó Marcelo Echevarría.

Marcelo Echevarría - Abogado (UBA) - Especialista en Derecho Penal (UB)

Conclusión: cuando el problema no es la Justicia, sino la ley

Sostener que la justicia falla sería una simplificación incorrecta y errónea.

En rigor, los operadores judiciales actúan dentro de los márgenes que el propio sistema normativo les impone.

El verdadero problema radica en la ley y en los estándares que habilitan, permiten o incluso incentivan la activación de procesos penales sobre la base de pruebas insuficientes.

Cuando el marco legal tolera imputaciones sustentadas en evidencia débil, sesgada o carente de rigor técnico, el resultado no es un error judicial: es la consecuencia previsible de un sistema que necesita ser corregido.

Por ello, el debate no debe centrarse en cuestionar a la justicia, sino en perfeccionar las herramientas normativas que la rigen.

Endurecer las penas para las falsas denuncias, establecer criterios probatorios más exigentes y limitar el uso de pericias carentes de objetividad no implica restringir derechos, sino fortalecerlos.

Porque una ley que no filtra adecuadamente la verdad de la sospecha termina afectando tanto a inocentes como a víctimas reales.

Y en ese punto, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en institucional.

"La justicia no falla. Falla el sistema cuando la ley no está a la altura de los hechos que pretende regular", remató Marcelo Echevarría.