No presentar la declaración jurada a tiempo puede salir caro: qué pasa en Ganancias y Bienes Personales

No cumplir en término con la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales puede traer consecuencias económicas inmediatas y otras más graves en el tiempo. La normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece sanciones automáticas para quienes no respeten los plazos.

Para el período fiscal 2025, las fechas de presentación y pago en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas se organizan de acuerdo con la terminación del número de CUIT.

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3

• Presentación: 11 de junio de 2026
• Pago: 12 de junio

CUIT terminados en 4, 5 y 6

• Presentación: 12 de junio de 2026
• Pago: 16 de junio

CUIT terminados en 7, 8 y 9

• Presentación: 16 de junio de 2026
• Pago: 17 de junio

Este esquema escalonado busca ordenar el cumplimiento y evitar la concentración de trámites en una misma fecha.

Cuáles son las multas por no presentar la declaración

Con el objetivo de incrementar la recaudación, mejorar el control sobre los flujos de dinero y prevenir prácticas como la evasión y el lavado, en los últimos años se actualizaron los criterios para sancionar incumplimientos formales, lo que derivó en un endurecimiento de las multas por no presentar la declaración jurada dentro de los plazos establecidos.

Una de las modificaciones más significativas llegó con la denominada "Ley de Inocencia Fiscal", que reformó el régimen de penalidades por faltas formales. Desde 2026, las penalidades por no presentar la declaración jurada en tiempo y forma se fijaron en:

• Personas humanas: $220.000
• Sociedades o personas jurídicas: $440.000

Según especialistas, el incremento puede alcanzar niveles extraordinarios, lo que modifica de manera sustancial el impacto de estas sanciones. Además, el sistema prevé la aplicación automática de multas, sin instancia previa de intimación, lo que deja poco margen de acción a los contribuyentes.

Este modelo, basado en procesos digitales, permite detectar incumplimientos en tiempo real y activar de inmediato el circuito sancionatorio ante la falta de presentación en los plazos establecidos.

No obstante, en ciertas situaciones se contempla un margen acotado para subsanar la irregularidad. Antes de avanzar hacia instancias más formales, el organismo puede emitir avisos o comunicaciones que funcionan como alerta, otorgando un plazo adicional para regularizar la situación.

A pesar de esto, la penalidad queda generada desde el momento en que se verifica el incumplimiento. Es decir, pese a que, en algunos casos, puede atenuarse si se cancela dentro de los tiempos previstos.

Este esquema ha sido cuestionado por distintos especialistas, ya que no siempre establece diferencias claras entre incumplimientos menores y faltas más graves. Como resultado, el impacto alcanza tanto a grandes contribuyentes como a personas con obligaciones más simples.

Cambios en controles y obligaciones bajo la UIF

Durante abril de 2026, la Unidad de Información Financiera introdujo modificaciones relevantes en sus mecanismos de control. A partir de esta actualización, un amplio universo de empresas quedó alcanzado por la obligación de inscribirse en una plataforma digital destinada a reforzar los procedimientos vinculados a la prevención del lavado de activos.

El registro se realiza de manera íntegramente electrónica y exige la carga de información precisa sobre la operatoria de la firma, su conformación societaria y la identificación de sus beneficiarios finales. Este nivel de detalle busca mejorar la trazabilidad de las actividades económicas y facilitar los controles.

El incumplimiento de estos requerimientos no es menor: puede derivar en sanciones administrativas, restricciones operativas e incluso en la imposibilidad de continuar con determinadas actividades.

Además, el sistema establece tiempos estrictos para responder a eventuales observaciones. En caso de no cumplir dentro de los plazos previstos, la solicitud puede ser rechazada o quedar inhabilitada hasta su regularización.

Claves para reducir riesgos y evitar sanciones

En el contexto actual, el eje ya no está puesto únicamente en los montos declarados, sino en el cumplimiento riguroso de las obligaciones formales. Cumplir con los vencimientos, atender requerimientos del organismo y mantener la información fiscal al día se volvió determinante para no quedar expuesto a penalidades.

Otro punto relevante es el seguimiento de las actualizaciones normativas. Los cambios en las reglas son frecuentes y pueden modificar tanto los plazos como las condiciones de cumplimiento, por lo que estar informado resulta fundamental. El escenario actual muestra un esquema más exigente en materia de sanciones, con controles automatizados y penalidades de mayor impacto.