Impuesto a las Ganancias: el sistema está al límite y el FMI ya puso en alerta al Gobierno
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La Argentina recauda apenas el 1,8% del PBI por el impuesto a los ingresos personales, muy por debajo del promedio regional. El Gobierno tiene hasta fines de 2026 para presentar una reforma que choca de lleno contra el calendario electoral.
El diagnóstico: por qué el FMI mira Ganancias
El sistema tributario argentino acumula décadas de parches. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo señala en el Staff Report correspondiente a la Segunda Revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), publicado en mayo de 2026: el sistema tributario argentino es "complejo, altamente distorsivo e inestable". Argentina tiene más de 155 tributos vigentes, pero unos pocos concentran el 80% de la recaudación.
Frente a ese diagnóstico, la reforma tributaria forma parte de los compromisos formales del acuerdo. El gobierno se obligó a desarrollar y presentar una propuesta antes de fines de diciembre de 2026 —un structural benchmark en los términos del organismo. El objetivo es racionalizar el sistema y generar espacio fiscal para reducir los impuestos que más frenan la actividad: retenciones a las exportaciones e impuesto a las transacciones financieras, entre otros.
Hay un número que explica por qué el FMI apunta específicamente al impuesto a las ganancias de personas físicas: Argentina recauda por ese concepto apenas el 1,8% del PBI. Es menos de la mitad que el promedio de América Latina —en torno al 2,2%— y menos de un quinto que el promedio de la OCDE, cercano al 8,3%. En el ranking regional, Argentina se ubica entre los niveles más bajos, junto con Paraguay y Bolivia.
El problema es también estructural: la mayor parte de lo que el Estado recauda llega vía impuestos indirectos —principalmente IVA— que son más distorsivos para la actividad económica y más regresivos en términos distributivos, porque afectan proporcionalmente más a quienes menos ganan.
El siguiente gráfico, elaborado por el FMI con datos de OCDE y MECON, ilustra esa composición en comparación con otros países de la región y el promedio de la OCDE.
La historia: cómo Argentina llegó a este punto
El Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría no siempre fue una rareza. En diciembre de 2020 alcanzó su máximo histórico: 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia tributaban el impuesto. Hacia principios de 2023, el número había caído a algo más de un millón, pero el impuesto seguía siendo un componente relevante del sistema.
Lo que vino después cambió eso de forma abrupta. En agosto de 2023, en plena campaña electoral, el entonces ministro de Economía Sergio Massa impulsó una reforma que elevó el mínimo no imponible de forma drástica. El efecto fue inmediato: de 715.000 contribuyentes en agosto, el padrón se desplomó a entre 123.000 y 129.000 personas hacia noviembre y diciembre de ese año. El impuesto había quedado reducido a menos del 1% de los trabajadores formales.
La gestión Milei revirtió parcialmente la medida. Desde enero de 2024 el número de contribuyentes comenzó a recuperarse: 187.054 en enero, 737.584 en octubre. A marzo de 2026 el padrón llegó a 1.055.431 trabajadores, el 8,2% del total de asalariados privados registrados.
Sin embargo, ese nivel está lejos de los estándares históricos y más lejos aún de lo que el FMI considera adecuado. El piso salarial de ingreso al impuesto se ubica hoy en torno a los $3.000.000 brutos mensuales para un trabajador soltero —equivalente a aproximadamente 1,7 veces el RIPTE de febrero de 2026 y a unas 8,5 veces el salario mínimo vigente. Para una familia tipo con cónyuge y dos hijos, ese umbral sube a $4.000.000 brutos. Son valores que quedan por encima del salario de la mayoría de los trabajadores formales, lo que explica que la base siga siendo estrecha.
La propuesta del FMI: quiénes volverían a pagar
La recomendación del FMI es concreta: el impuesto debe alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales. Hoy tributa el 8,2%. Cerrar esa brecha implica incorporar al padrón a aproximadamente 1.515.000 trabajadores adicionales, llevando el total de contribuyentes de los actuales 1.055.431 a unos 2.570.000.
El impacto fiscal proyectado es de 0,4% del PBI —equivalente a unos u$s2.672 millones a valores de 2026.
Para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto, el umbral de ingreso debería reducirse de manera significativa. A partir de la distribución salarial observada en el empleo privado registrado, el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin deducciones adicionales debería ubicarse en torno a los $2.200.000 brutos mensuales, frente a los aproximadamente $3.000.000 que rigen actualmente. La reducción, cercana al 25%, ampliaría sustancialmente la base de contribuyentes: dejarían de estar alcanzados únicamente los salarios más altos y comenzarían a incorporarse trabajadores ubicados en la franja superior de la distribución salarial.
La distribución de salarios del sector privado registrado ilustra por qué la base actual es tan estrecha. La remuneración mediana en febrero de 2026 fue de $1.514.460 brutos mensuales —la mitad de los trabajadores gana menos que eso. El promedio fue de $2.110.047. El piso de ingreso al impuesto para un soltero, fijado hoy en $3.000.000, queda por encima del 80% de los trabajadores formales. Dicho de otro modo: hoy solo tributa quien está en el decil más alto de la distribución salarial.
Cuánto pagarían: simulación por salario
El Impuesto a las Ganancias tiene una característica que lo distingue de otros tributos: su impacto varía enormemente según el salario y la situación familiar. Para entender qué implicaría una reducción del mínimo no imponible destinada a llevar al 20% la proporción de trabajadores formales alcanzados por el tributo, conviene observar tres perfiles concretos construidos a partir de los datos del mercado laboral registrado.
El primero es el trabajador que percibe el RIPTE promedio del sector privado registrado, que en febrero de 2026 ascendió a $1.734.357 brutos mensuales. Ese trabajador seguiría fuera del impuesto incluso bajo un escenario de ampliación de la base imponible. Su remuneración permanece por debajo del umbral estimado de ingreso al tributo para un trabajador soltero sin deducciones.
El segundo perfil es quien percibe una vez y media el RIPTE, equivalente a $2.601.536 brutos mensuales. En este caso aparece una diferencia importante según la situación familiar. Si es soltero, comenzaría a tributar, aunque con una carga muy reducida: el impuesto anual rondaría entre $70.000 y $150.000, una incidencia prácticamente marginal sobre su ingreso. Si tiene cónyuge y dos hijos a cargo, las deducciones personales lo mantienen fuera del impuesto. Es el caso que mejor muestra cómo las cargas de familia continúan funcionando como un mecanismo de protección frente al tributo.
El tercer perfil corresponde a un trabajador que percibe dos veces el RIPTE, unos $3.468.714 brutos mensuales. Allí el impuesto empieza a adquirir relevancia para quienes no tienen cargas de familia. Un trabajador soltero enfrentaría una obligación anual cercana a $1.500.000, equivalente a unos $125.000 mensuales en promedio. En cambio, si tiene cónyuge y dos hijos, las deducciones elevan considerablemente el umbral efectivo de tributación y reducen la carga a apenas unos $100.000 anuales, es decir, menos de $10.000 por mes.
Lo que muestran estos ejemplos es que la ampliación de la base imponible afectaría principalmente a trabajadores solteros o con pocas deducciones personales ubicados en la franja alta de la distribución salarial. Incluso con un umbral más bajo, la presencia de cónyuge e hijos continúa generando diferencias significativas en la carga tributaria efectiva. La reforma no requiere modificar las alícuotas vigentes —que van del 5% al 35%— sino reducir el piso de ingreso al impuesto. Es esa disminución del umbral la que permitiría incorporar alrededor de 1.500.000 nuevos contribuyentes y acercar la cobertura al 20% de los asalariados formales.
La comparativa regional: dónde está Argentina
Para entender la eficacia del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (PIT, por sus siglas en inglés), es fundamental contrastar la tasa máxima que cobra cada país frente a lo que efectivamente logra recaudar en términos del tamaño de su economía.
La Argentina, Brasil y Chile gravan sobre la renta mundial de sus residentes, buscando captar la capacidad contributiva global. En contraste, Uruguay, Bolivia y Paraguay se inclinan por un principio territorial (de fuente), gravando principalmente lo generado dentro de sus fronteras.
Mientras la Argentina, Chile y Uruguay aplican escalas altamente progresivas con múltiples tramos (Argentina lidera en complejidad con 9 escalas), países como Bolivia operan con un modelo de tasa única (flat tax del 13%) y Paraguay con una escala muy reducida (hasta 10%), apostando a la simplicidad administrativa y la formalización.
El debate tributario argentino suele enfocarse en la presión de la tasa máxima. Sin embargo, como muestra la tabla, economías como Uruguay y Chile tienen tasas idénticas o superiores (36% y 35,5%) pero logran un impacto mayor o igual en su recaudación. La diferencia radica en que en esos países tributa una porción significativa de la clase media formal de manera progresiva. En la Argentina, tras las sucesivas subas del Mínimo No Imponible (MNI) en 2023, la base tributaria se redujo a menos del 1% de los asalariados, convirtiéndolo en un impuesto casi exclusivo para posiciones jerárquicas.
El Staff Report del FMI proyecta una recomposición de la base imponible en Argentina para llevar la recaudación al 2,2% del PIB. Esto requeriría que cerca del 20% de los trabajadores en relación de dependencia vuelvan a tributar. A la luz de la comparativa regional, esto no representa un ajuste fuera de lo común, sino apenas un retorno a estándares sudamericanos básicos, ubicando al país en niveles de recaudación cercanos a los de Chile (1,9%) pero aún muy por debajo de los de Brasil (3,0%) o Uruguay (4,0%).
La Argentina tiene una de las alícuotas máximas más elevadas de la región (35%), prácticamente igual a Chile y apenas por debajo de Uruguay, pero recauda menos que Uruguay y Brasil por impuesto a la renta personal en relación con el tamaño de su economía. Esto sugiere que las diferencias regionales se explican más por la amplitud de la base imponible y la cantidad de contribuyentes alcanzados que por la tasa máxima en sí misma.
El costo político: por qué es tan difícil implementarlo
La modificación del Impuesto a las Ganancias a fines de 2023, que virtualmente sacó a los trabajadores en relación de dependencia del padrón de contribuyentes, fue una medida políticamente muy popular. Se instaló y celebró en la opinión pública como una "conquista histórica de los trabajadores". Revertir esta situación implica un enorme desgaste: el oficialismo debe asumir el costo de "volver a cobrarle impuestos a la clase media asalariada", un mensaje extremadamente hostil en términos electorales. Si bien el gobierno de Javier Milei ya absorbió y pagó parte de ese costo político con la reversión parcial instrumentada durante 2024, llevar la base tributaria a los estándares regionales (20% o más) sigue siendo un terreno minado.
El Ministerio de Economía es plenamente consciente de este delicado equilibrio. Recientemente, el ministro Luis Caputo reveló su intención de convocar a los gobernadores para consensuar una reforma tributaria integral, señalando que las provincias y municipios deben acompañar el esfuerzo fiscal reduciendo Ingresos Brutos y tasas locales.
Sin embargo, el ministro fue transparente sobre los tiempos políticos y económicos: la eliminación de impuestos fuertemente distorsivos (como retenciones o el impuesto al cheque) dependerá de que la economía logre crecer a tasas del 6% al 8% anual durante varios años. Bajar impuestos sin la contrapartida de ingresos más sólidos —como los que aportaría un Impuesto a la Renta Personal más amplio— pondría en riesgo el ancla fiscal.
Ante la parálisis que genera el miedo al costo político, la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) introduce una variable externa fundamental. El organismo ha vuelto a marcarle al Gobierno que el foco debe ponerse en cambiar la estructura tributaria. Esta condicionalidad funciona, paradójicamente, como un salvavidas político: le otorga al oficialismo un argumento técnico e internacional ("nos lo exige el acuerdo para mantener el crédito y la estabilización") para empujar una medida antipática que por motu proprio sería incomprable frente al electorado.
El laberinto fiscal y el reloj electoral
El debate sobre el Impuesto a las Ganancias encierra, en el fondo, la encrucijada central del programa de estabilización económica de Argentina. El diagnóstico técnico es inobjetable y cuenta con el consenso de los organismos internacionales: el país no puede crecer de forma sostenida si mantiene su dependencia de impuestos indirectos y gravámenes altamente distorsivos (como las retenciones o el impuesto al cheque) que asfixian la inversión y penalizan la exportación.
Sin embargo, para desarmar esa red de impuestos nocivos sin comprometer el ancla del superávit, el Estado necesita recuperar ingresos por vías más progresivas y saludables. Y es allí donde la anomalía del Impuesto a la Renta Personal queda expuesta. Como demuestra la comparativa regional, el problema de Argentina no es que sus alícuotas máximas sean confiscatorias frente a sus vecinos, sino haber consolidado un sistema donde la clase media formal fue virtualmente excluida del padrón, dejando la recaudación en niveles raquíticos comparados con los de Chile, Brasil o Uruguay.
El Fondo Monetario Internacional no exige un ajuste inédito, sino la normalización del sistema hacia estándares sudamericanos básicos: que el 20% de los asalariados formales tribute. Pero la distancia entre la planilla de cálculo y la calle es enorme. Incorporar a más de un millón y medio de trabajadores al pago de Ganancias implica un costo político directo sobre un segmento del electorado que ya viene golpeado por el ajuste inflacionario previo.
El Gobierno enfrenta ahora un dilema de tiempos cruzados. Por un lado, el reloj técnico marca el structural benchmark de diciembre de 2026 como límite para presentar la reforma integral exigida por el FMI. Por el otro, el reloj político advierte que 2027 es un año de elecciones presidenciales, la peor ventana posible para comunicar medidas antipáticas.