Ingresos Brutos en tickets: por qué el impuesto que te mostrarán podría no ser el que realmente pagás

Las provincias poco a poco comenzaron a adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una iniciativa valiosa que permitirá visibilizar la carga tributaria contenida en los precios. Pero su diseño no es neutro: según cómo lo implemente cada provincia, se puede transparentar la presión fiscal o, por el contrario, ofrecer una imagen incompleta -e incluso engañosa- de la carga real de Ingresos Brutos.

El régimen parte de una premisa simple: que el consumidor identifique qué parte del precio corresponde a impuestos. A nivel nacional, la obligación alcanza al IVA y otros tributos indirectos, y en ese marco, las provincias fueron invitadas a avanzar con Ingresos Brutos.

Allí surge el verdadero debate: si conviene informar una alícuota, un importe estimado, o ambas cosas. La diferencia no es menor. Informar solo la alícuota evita presentar como exacto un monto que, por la propia mecánica del impuesto, solo puede estimarse.

Por qué Ingresos Brutos no se deja transparentar fácilmente

A diferencia del IVA, Ingresos Brutos es un impuesto de carácter acumulativo: grava las sucesivas etapas de la cadena de comercialización sin neutralizar el tributo soportado previamente. Como consecuencia, el impuesto se incorpora al precio, generando un efecto de imposición "en cascada". Esa incidencia acumulada no aparece reflejada en los regímenes provinciales de transparencia, y reconstruirla en cada ticket sería impracticable.

Una alternativa sería transparentar esa limitación incorporando una leyenda que aclare que no refleja la carga total contenida en el precio, sino apenas una aproximación vinculada a la última etapa comercial.

La cuestión adquiere una complejidad adicional en los contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral, donde la base imponible se distribuye entre distintas jurisdicciones, lo que dificulta aún más la determinación de la incidencia atribuible a una jurisdicción determinada.

Y ello se extiende más aún si consideramos que la mayoría de las provincias aplican regímenes de recaudación que incrementan aún más la carga real del impuesto.

Distintos modelos provinciales

CABA y Mendoza optaron por informar la alícuota aplicable. Es un esquema menos impactante en términos comunicacionales, pero más prudente técnicamente: evita exhibir como cierto un monto que puede distorsionar la carga real.

Entre Ríos fue más allá: exige informar no solo la alícuota, sino también el impuesto estimado. El modelo tiene valor pedagógico porque traduce la carga fiscal a un monto concreto, pero abre una zona gris evidente: ese importe no necesariamente coincidirá con el impuesto que determine el contribuyente, ya que la reglamentación no estableció la fórmula del cálculo, y sin una metodología uniforme, la transparencia pierde comparabilidad.

El caso más cuestionable es Chubut. La provincia obliga, exclusivamente a los contribuyentes del Convenio Multilateral, a informar un "valor aproximado" del impuesto. Para calcularlo, la resolución adopta una fórmula que consiste en aplicar sobre el precio de la operación, la alícuota "promedio" del 3,5%, y el coeficiente unificado.

En apariencia, la formula luce razonable, pero arroja un resultado, cuando menos, engañoso.

La dificultad radica en que, bajo el Convenio Multilateral, el coeficiente unificado no refleja la atribución de una operación en particular, sino una pauta de distribución construida a partir de la participación relativa que tuvo cada jurisdicción en la actividad del contribuyente durante períodos anteriores. Por ello, utilizar ese coeficiente para estimar la incidencia de una venta concreta puede arrojar resultados poco representativos. Si ese coeficiente de Chubut es bajo, el ticket mostrará un importe ínfimo, que podría llevar al consumidor a concluir que Ingresos Brutos casi no incide en el precio.

La distorsión del régimen chubutense se acentúa cuando exige aplicar una alícuota "promedio" del 3,5%, que es significativamente inferior a la que deben aplicar los únicos sujetos obligados hasta el momento a cumplir el Régimen, que son los grandes supermercadistas, alcanzados a una alícuota del 5%.

Por último, Córdoba, aún no adhirió formalmente. Solo dictó una norma preparatoria, en la cual justificó la falta de implementación del régimen en los costos de implementación y en la necesidad de armonizar criterios con las restantes jurisdicciones, aun cuando esas dificultades no justificarían demoras respecto de contribuyentes locales.

Transparencia sí, pero sin distorsionar

La transparencia fiscal al consumidor es más que bienvenida: mejora la información disponible y permite elevar la conciencia del verdadero contribuyente, el consumidor. Pero no basta con mostrar un dato en el comprobante; ese dato debe ser técnicamente razonable, intelectualmente honesto y no inducir a errores de interpretación.

Si las provincias avanzan en la exhibición de importes estimados de impuesto, deberían construir criterios metodológicos comunes, que arrojen resultados homogéneos entre provincias. Asimismo, debería aclararse expresamente que el impuesto estimado no refleja la carga acumulada del tributo en el precio final, sino solo la incidencia de éste en la última etapa de la cadena comercial.

En definitiva, celebramos la iniciativa de transparentar los impuestos, pero para que cumpla su verdadera función, el régimen debe reflejar su verdadero impacto con la mayor fidelidad posible. De otro modo, corre el riesgo de desinformar y terminar oscureciendo, paradójicamente, aquello que pretende transparentar.