El Gobierno borra por decreto un beneficio de la reforma laboral a las empresas en los aportes sindicales

Un decreto del Poder Ejecutivo introdujo un atajo para que los gremios y cámaras empresarias sigan cobrando cualquier cosa a las empresas adheridas y no adheridas, al establecer que los límites impuestos por la reforma laboral a esos porcentajes quedan anulados si los fondos se destinan a fines específicos.

"La Ley de Modernización Laboral resultó disruptiva porque intervino por primera vez sobre una materia librada a la negociación colectiva, al poner límites a los aportes que se pueden pactar. Pero el Decreto 612/2026 desvinculó las contribuciones patronales a los sindicatos del tope previsto por la ley, lo que puede ser interpretado como un exceso normativo de un decreto frente a una ley", indica Javier Sabin, de EY Argentina.

En qué se oponen el Decreto 612 y la reforma laboral

"La reforma laboral estableció un techo legal uniforme para los denominados 'aportes solidarios', 'cuotas de capacitación', 'fondos convencionales' y otras figuras similares que habían proliferado en numerosos convenios colectivos, especialmente, en aportes y contribuciones que no corresponden a trabajadores afiliados", explica Sabin.

La norma distinguió dos universos claramente diferenciados, enumera Sabin:

1. Los aportes y contribuciones destinados a cámaras empresarias o entidades vinculadas a empleadores quedaron sujetos a un tope máximo del 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores.
2. Los aportes y contribuciones previstos a favor de asociaciones sindicales, aplicables tanto a afiliados como a no afiliados comprendidos en el convenio colectivo, quedaron limitados al 2% de las remuneraciones de los trabajadores.

"Al mismo tiempo, la ley excluyó expresamente de esos límites a las cuotas de afiliación sindical y a aquellos beneficios especiales reconocidos exclusivamente a los trabajadores afiliados", considera Sabin.

"Sin embargo, el Decreto 612 interpretó que el tope del 2% previsto por la Ley de Modernización Laboral resulta aplicable a los aportes y contribuciones vinculados a los trabajadores, pero no a aquellas contribuciones patronales que los empleadores acuerden convencionalmente en favor de las organizaciones sindicales", advierte.

Qué consecuencias tiene la modificación por decreto

"La norma encuadró esas contribuciones empresariales dentro del régimen del artículo 9 de la Ley de Asociaciones Sindicales, o sea, que serán irrestrictas cuando los fondos se destinen a finalidades de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores y sean administrados mediante una contabilidad separada del resto de los recursos sindicales", afirma Sabin.

Roberto Levin, director de Derecho del Trabajo de Plan A, sostiene que "esto genera que los aportes de actividad gremial general quedan bajo el tope, pero los destinados a capacitación o asistencia social quedan excluidos".

"Jurídicamente, esto es muy cuestionable porque el Poder Ejecutivo estaría creando una excepción que el Congreso no contempló en la ley, lo que abre un flanco muy fuerte para impugnaciones judiciales por exceso reglamentario", advierte Levin.

"Como contrapartida, el decreto exige que estas contribuciones patronales exceptuadas posean un destino exclusivo y administración separada", remarca, y destaca que "esto representa una vía sumamente importante para que las empresas exijan el control del destino efectivo de los fondos, una herramienta que el sector empresario todavía no está explotando de manera suficiente".

Cómo es el caso del instituto de capacitación de Comercio INACAP

"La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) criticó fuertemente el Decreto 612 por obligar a empresas no asociadas a financiar estructuras que no eligieron, como el INACAP, que según estimaciones de la propia cámara recauda más de $30.000 millones anuales independientemente de si se capacita o no al personal", sostiene Levin.

El INACAP es el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio, una asociación constituida por las cámaras empresarias del sector comercial (CAME, CAC, UDECA) y el sindicato de empleados de comercio (FAECYS), y que se financia mediante contribuciones patronales dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Los tres ejes de este reclamo son los siguientes, según describe el abogado Germán Mozzi:

Libertad de asociación: argumentan que obligar a una empresa a financiar una cámara patronal a la que no se ha afiliado voluntariamente funciona como una afiliación indirecta o compulsiva.

Costo laboral no salarial: advierten que estas contribuciones se suman a las cargas sociales, aumentando el costo laboral indirecto y erosionando la competitividad de las empresas.

Incoherencia regulatoria: sostienen que mantener contribuciones obligatorias contradice la retórica original de la reforma, que prometía eliminar "cargas compulsivas" y ampliar la libertad contractual.

Qué aconsejan a los directivos de empresas mercantiles

Levin desaconseja dejar de pagar unilateralmente a INACAP basándose solo en el Decreto 612, "dado el alto riesgo legal y que existe una medida judicial a favor del sindicato de Comercio que avala el cobro y un acuerdo paritario homologado que extendió su vigencia hasta el 31 de marzo de 2031". En cambio, sugiere estudiar:

• Quién recibe finalmente los fondos.
• Cómo se calcula el 0,5% global.
• Si la sumatoria de todos los aportes empresarios del CCT 130/75 excede el tope legal.
• Si la obligatoriedad para empresas no asociadas supera un test de razonabilidad constitucional.

Qué argumentan los defensores del Decreto 612

Mozzi identifica los siguientes fundamentos que respaldan la constitucionalidad y la lógica del decreto:

Autonomía colectiva (Art. 14 bis Constitución Nacional): los convenios colectivos homologados tienen fuerza de ley para toda la actividad, por lo que las obligaciones no nacen de la afiliación individual a un sindicato o cámara, sino de pertenecer al sector regulado.

El problema del "Free Rider" (beneficiario sin costo): desde una perspectiva económica, las cámaras negocian escalas salariales, reglas comunes y condiciones de previsibilidad que benefician a todas las empresas del sector, estén asociadas o no. Si solo pagaran las asociadas voluntariamente, las demás se beneficiarían de forma gratuita de un "bien colectivo", provocando la desfinanciación de la representación sectorial.

Diferencia entre contribución y afiliación: pagar un aporte para un fin común no equivale a afiliarse. La legitimidad del cobro depende del destino de los fondos: es más defendible si se destina a capacitación o asistencia sectorial (como INACAP) que si financia la caja general de una cámara.

"El conflicto de fondo puede interpretarse como una tensión entre dos fallas de mercado contrapuestas", remarca Mozzi:

Rent Seeking (búsqueda de rentas): el riesgo de que sindicatos o cámaras utilicen la negociación colectiva para asegurar financiamiento compulsivo sin devolver beneficios reales.

Free Riding (parasitismo): el riesgo de que actores del sector disfruten de los logros colectivos sin aportar a su costo de gestión.

"Bajo esta mirada, una regulación óptima no consiste en prohibir los aportes, sino en condicionarlos a límites cuantitativos, transparencia, rendición de cuentas, control del destino de los fondos y revisión periódica de su necesidad. El diseño conjunto de la Ley 27.802 y el Decreto 612/2026 se perfila como un intento intermedio de avanzar hacia este modelo de equilibrio", concluye Mozzi.