Impuesto adelantado, la señal que llegó hasta la Corte: el desafío de los saldos a favor

Recientemente la Corte Suprema puso la lupa sobre los saldos a favor que generan los regímenes de recaudación mediante retención y percepción. Fueron dos casos extremos, uno de ellos con más de 300 años de impuesto adelantado. Es un problema conocido por todos los involucrados, las provincias se comprometieron a atenderlo hace casi una década, y más allá de su cuestionable constitucionalidad hoy varias jurisdicciones ya cuentan con herramientas concretas para hacerlo.

Cada vez que una empresa cobra una venta, recibe un pago de un cliente o importa mercadería, las administraciones tributarias provinciales le adelantan una porción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Son las retenciones y las percepciones. Cumplen una función útil para la recaudación, en un contexto donde casi la mitad de la economía se desarrolla en la informalidad (según el último informe del INDEC) permiten ingresar el tributo de a poco en lugar de todo junto al vencimiento, aseguran una recaudación regular y acompañan el ritmo de la actividad económica. El inconveniente aparece cuando el adelanto se desacopla de la obligación real y empieza a acumularse sin límite. Ese desajuste tiene como resultado un saldo a favor y una tributación que va más allá de la sujeción nominal fijada por la norma.

Cómo se genera un saldo a favor

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos lo cobran las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es el tributo que les genera la mayor recaudación propia. Una empresa que vende en varias jurisdicciones no paga el impuesto entero en cada una, sino que reparte su base imponible entre todas ellas según el Convenio Multilateral, un acuerdo que firmaron todas las provincias en 1977 justamente para evitar que una misma venta quede gravada varias veces. A cada jurisdicción le toca un coeficiente, o sea un porcentaje de la actividad total de la empresa que se considera atribuible a ese territorio. Hoy ese legítimo mecanismo de coordinación y armonización tributaria se ha tergiversado en los hechos.

El desajuste aparece cuando lo que el fisco adelanta por la vía de las retenciones y percepciones es mucho más de lo que la empresa termina debiendo de impuesto en esa provincia.

Por ejemplo: Si una empresa genera apenas el 1% de su actividad en una provincia, pero esa provincia le retiene sobre casi todas sus cobranzas bancarias, incluidas las de ventas hechas en el resto del país, el adelanto supera largamente la obligación real. Ese excedente no se pierde, sino que queda registrado como un crédito del contribuyente contra el fisco, un saldo a favor. Mes a mes, si las retenciones siguen entrando y el impuesto a pagar es menor, ese saldo no para de crecer y nunca llega a consumirse.

El resultado es capital de trabajo de la empresa que queda inmovilizado. Fondos que no se pueden usar para pagar sueldos, comprar insumos ni invertir, y que además, en un contexto inflacionario, pierden valor mientras esperan ser recuperados. No se trata de un cobro indebido en su origen, sino de un adelanto que, al superar de forma sostenida el impuesto a pagar por cada contribuyente, termina desnaturalizando su propia finalidad.

Las provincias están al tanto

En noviembre de 2017, el Estado nacional, la CABA y veintidós provincias firmaron el Consenso Fiscal, un acuerdo destinado a ordenar y armonizar la tributación local, entre otras cosas. Dentro de los compromisos que asumieron las jurisdicciones, dos se vinculan de forma directa al punto de esta discusión.

Por un lado, se comprometieron a adecuar los regímenes de retención, percepción y recaudación "de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones" y a "evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes". Por el otro, a establecer un mecanismo de devolución automática de esos saldos, con un plazo que en ningún caso podía superar los seis meses desde el pedido del contribuyente.

El diagnóstico, entonces, estaba hecho y firmado de común acuerdo. Los Consensos posteriores, de 2019 y 2020, ratificaron esa dirección. El de 2020 incluso profundizó el compromiso ya que no solo hablaba de devolver, sino de aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de crédito a los contribuyentes con saldos a favor. Y vale poner de manifiesto un detalle que habla de la importancia que las propias jurisdicciones le asignaron al tema, y es que si bien los Consensos posteriores al de 2017 fueron suspendiendo buena parte de las rebajas de alícuotas que preveía el acuerdo original, el compromiso de atender los saldos a favor se mantuvo vigente en todo momento.

La Corte y los 300 años

El 27 de agosto de 2026, la Corte Suprema se declaró competente en dos causas contra la Provincia de Misiones que exhiben con crudeza hasta dónde puede llegar la distorsión. Se trata de "Establecimiento Las Marías" y "Cannon Puntana", dos empresas que cuestionaron los regímenes de recaudación de la provincia de Misiones por alcanzar operaciones que nada tenían que ver con esa provincia.

Los números son elocuentes.

En el caso de la yerbatera correntina Las Marías, los pagos a cuenta que le retenía Misiones sumaban cerca de 598 millones de pesos por mes, contra una obligación anual estimada en el impuesto de unos 23 millones. Proyectado, el total retenido y percibido equivalía al 30.718% de la obligación definitiva. Dicho de otro modo, según expuso la empresa y luego la Corte incorporó en los hechos de la causa, tenía adelantado el equivalente a 307 años de impuesto. Más que la propia expectativa de vida de la sociedad, fijada por su estatuto en 99 años.

En "Cannon Puntana", una fábrica de fragancias radicada en San Luis, el cuadro era el mismo pero con otra escala; el fallo relata que en agosto de 2025 acumulaba un saldo a favor de más de 251 millones de pesos en ATM, la Administración Tributaria de Misiones, y sin embargo el 70,86% de todo lo que le habían retenido correspondía a operaciones con clientes que no tenían ningún contacto con esa provincia más allá de tributar por Convenio Multilateral.

El Supremo Tribunal, por ahora, se limitó a declararse competente y a conceder medidas cautelares para frenar las retenciones mientras se discute el fondo.

Conviene mencionar por qué estos casos llegan a cifras tan extremas. Existen regímenes de recaudación armonizados, coordinados a través de la COMARB, que unifican la retención y la distribuyen entre las distintas jurisdicciones según los coeficientes de cada contribuyente, de modo de atenuar la acumulación de saldos a favor. Entre ellos se cuentan el SIRCREB, sobre acreditaciones bancarias, el SIRTAC, sobre operaciones con tarjetas de crédito y compra, el SIRCUPA, sobre cuentas de pago y el SIRCIP, sobre los regímenes de percepción. El agravante en el caso de Misiones es que no adhirió a esos sistemas armonizados y aplica regímenes propios que retienen sobre la totalidad de las operaciones del contribuyente, sin ese mecanismo de reparto, lo que ayuda a entender la desproporción que terminó revisando la Corte.

Por qué esto afecta a la inversión y la producción

Detrás de los números hay una lógica económica sencilla. Un saldo a favor que no se puede recuperar es, en los hechos, capital productivo inmovilizado. Son fondos que la empresa no puede reinvertir, destinar a su giro ni volcar en nuevas inversiones. En Las Marías el reclamo exponía que el régimen comprometía su propio plan de expansión yerbatera.

El objetivo de fondo es preservar la disponibilidad del dinero en manos de quien produce y de quien trabaja. Cada peso adelantado por encima de la obligación real es un peso que no circula ni se convierte en salario, insumo o inversión, ya que cuando el contribuyente puede disponer de esos fondos y reinvertirlos, ese desembolso genera mayor producción, y esa mayor producción se traduce, a su turno, en una base imponible más amplia y en mayor ingreso para las arcas provinciales. Un régimen de recaudación bien calibrado busca justamente ese equilibrio, una percepción regular y oportuna de la renta pública que, a la vez, no termine inmovilizando de forma permanente el capital que la hace crecer.

Herramientas que ya están en marcha

Más allá de que el panorama resulta desafiante y la espera que la Corte Suprema ponga un punto final lo más rápidamente posible sobre la validez o invalidez constitucional de estos sistemas de recaudación en la fuente, varias jurisdicciones vienen desarrollando herramientas que, bien aplicadas, abordarían el problema en su origen, aunque todavía quede camino por recorrer.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su lado, prevé la posibilidad de compensar el saldo a favor no solo contra obligaciones futuras del propio Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sino también contra otros tributos locales como el Inmobiliario, el ABL y las Patentes. A su vez, cuenta con un procedimiento simplificado y expeditivo de devolución, cuyo tope la AGIP fue elevando de manera sucesiva durante el último año hasta alcanzar los 15 millones de pesos, lo que amplió notablemente el universo de contribuyentes que pueden recuperar su saldo sin litigar. Como novedad reciente, los montos reintegrados en virtud de este mecanismo arribaron a $50.000 millones a 31.000 contribuyentes.

Otras jurisdicciones transitan caminos convergentes. La Provincia de Buenos Aires ofrece la reducción o atenuación de alícuotas cuando el contribuyente acredita saldo a favor, y además contempla la devolución del saldo hasta un monto de 3 millones de pesos. Córdoba es una de las que también avanzó, ya que permite solicitar la devolución del saldo a favor por vía web y trabajó activamente en reducir el universo de contribuyentes alcanzados por los regímenes de retención. Santa Fe dispone de un procedimiento simplificado de devolución y compensación para saldos de menor monto, con devolución total por debajo de cierto piso.

El clearing entre provincias

Hay un camino adicional, todavía incipiente, que merece atención porque ataca la raíz interjurisdiccional del problema.

Muchos saldos a favor nacen de que una empresa paga de más en una provincia mientras, al mismo tiempo, debe tributar en otra. CABA y Santa Fe pusieron en marcha, a fines del año pasado, un mecanismo de imputación recíproca que funciona como un clearing entre fiscos, funciona así: el contribuyente de Convenio Multilateral que tiene un saldo a favor en una jurisdicción puede aplicarlo a cuenta de sus obligaciones futuras en la otra, sin tener que transitar el procedimiento de repetición. Es un sistema voluntario, acotado a obligaciones que todavía no se devengaron y con topes por contribuyente, pero apunta a un esquema que sería interesante de ver entre más jurisdicciones.

Es, al mismo tiempo, una respuesta práctica y una muestra de que la coordinación intrafederal puede ir más allá de lo que el propio Convenio Multilateral resolvió en su momento. De hecho, la experiencia se perfila como expansiva, ya que la Ciudad se aprestaría a suscribir por ejemplo un acuerdo equivalente con Chubut, cuya puesta en operatividad se encuentra en camino, replicando el esquema que inauguró con Santa Fe.

La agenda se actualiza

Los fallos de la Corte sirvieron para poner sobre la mesa una discusión que quizás sea incómoda, pero que resulta esencial que ocupe la primera plana para traslucir el asunto y que marcan la distancia que todavía falta recorrer, y también la dirección en la que conviene hacerlo.

Por Facundo Tomás Basualdo, Abogado UBA, Maestrando en Derecho Tributario UCA, Cofundador del Club de Derecho Tributario.

José Ignacio Bellorini, Profesor de Posgrado en Tributación de la Universidad Austral y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entre otras