Uruguay busca aumentar la carga fiscal que soportan los inversores argentinos

La propuesta de flexibilización del secreto bancario uruguayo no viene sola. La polémica medida se enmarca dentro de una profunda reforma tributaria que -como dato no menor- apunta a aumentar la carga fiscal que soportan los inversores argentinos.

Esto es así­, ya que la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Mujica pretende aplicar un impuesto del 1,5% sobre los montos que los argentinos coloquen en el mercado financiero mundial a través de sociedades radicadas en el paí­s vecino.

Puntualmente, de aprobarse la propuesta, publicada por el Observador, a la que se puede acceder haciendo clic aquí­, se extenderí­a el alcance del impuesto al patrimonio (a una tasa proporcional del 1,5%) a las personas jurí­dicas constituidas en Uruguay respecto de:

• Los depósitos o colocaciones en el exterior,
  
  
• Los préstamos a no residentes y,
  
  
• Las participaciones en el capital de entidades extranjeras que la persona jurí­dica uruguaya posea al fin de su ejercicio económico.

Para tener una idea del impacto en las finanzas de los operadores, por ejemplo, de tratarse de una inversión promedio de 400.000 dólares, el monto del impuesto que se deberí­a  afrontar se ubicarí­a en 6.000 dólares. La carga extra fiscal regirí­a para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero próximo.

Conocida la iniciativa, desde PricewaterhouseCoopers (PWC), Andrés Edelstein, socio del área legal e impositiva, dejó en claro el alcance que tendrí­a la medida: "La iniciativa afectará principalmente a los argentinos que decidan colocar sus inversiones financieras en el mercado mundial, a través de sociedades radicadas en el Uruguay".

En igual sentido, Enrique Scalone, titular del estudio que lleva su nombre, precisó: "Cualquier argentino que canalice sus inversiones financieras en el exterior de Uruguay, a través de una sociedad radicada en el paí­s vecino, pasará a estar indirectamente afectado por el impuesto patrimonial".

Habitualmente, las transacciones antes mencionadas se concretan a través de las sociedades financieras de inversiones (SAFI). A fines del año pasado, junto al anuncio de la obligación de convertir a las SAFI en sociedades anónimas, el Gobierno uruguayo estimó que cerca de 100.000 argentinos manejan este tipo de sociedades fantasma en el paí­s vecino.

Develando el secreto bancario
La simple mención de la posibilidad de flexibilizar el secreto bancario al otro lado del charco -y por ende el fiscal- enciende la alarma en un sector de inversores argentinos especí­ficos. A efectos de delimitar el alcance, Nicolás Yasi, miembro de la Fundación Economí­a y Sociedad (Fundecos) precisó: "Deberí­an estar preocupadas las personas fí­sicas que tengan abiertas cuentas bancarias en el Uruguay y que no las hayan declarado en el Impuesto a las Ganancias en nuestro paí­s".

Asimismo, Andrés Edelstein puntualizó que la propuesta del Gobierno uruguayo apunta a "ampliar el espectro de casos en los cuales el secreto bancario puede ser levantado".

"Básicamente, se podrí­a levantar ante una solicitud fundada de la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya en ocasión de la fiscalización de contribuyentes", agregó el consultor tributario.

"En la actualidad, el pedido sólo procede para la presunción de defraudación", señaló Edelstein.

A su vez, el fisco uruguayo también podrí­a solicitar el levantamiento del secreto bancario cuando la información sea requerida por un paí­s con el cual Uruguay haya suscripto un convenio para evitar la doble tributación o un acuerdo de intercambio de información tributaria. Hasta el momento la Argentina no ha firmado tratado alguno.

Desde Lisicki, Litvin y Asociados, Daniel Lejtman se mostró a favor de la propuesta: "Cualquier decisión de un paí­s que restrinja el acceso a la información bancaria con finalidades impositivas causa un efecto perjudicial a las administraciones fiscales de los demás paí­ses".

"A través de este proyecto de ley, Uruguay estarí­a acoplándose a los estándares internacionales sugeridos sobre intercambio de información fiscal y permitirí­a a su administración tributaria solicitar el levantamiento del secreto bancario, a pedido fundado de la autoridad competente de un Estado extranjero", preciso Lejtman.

Un peso más para los uruguayos
Si bien no impacta directamente en los inversores argentinos, Edelstein destacó otro aspecto de la reforma propuesta que golpea el bolsillo de los uruguayos.

"Los residentes en Uruguay pasarí­an a tributar el impuesto a la renta (tasa proporcional del 12%) sobre las utilidades provenientes de depósitos o colocaciones en el exterior, préstamos a no residentes y participaciones en el capital de entidades no residentes", detalló el consultor tributario desde PWC.

"También resultarí­an alcanzados dichos activos –siempre que excedan los 100.000 dólares y se trate de ciudadanos uruguayos - por el impuesto al patrimonio a tasas progresivas que van del 0,7% al 2,25%", explicó Edelstein.

Las sociedades off shore bajo la lupa
Como un primer acercamiento al tema, se puede establecer que las sociedades off shore son empresas que se inscriben y se rigen bajo las leyes de un determinado paí­s pero su actividad principal se desarrolla fuera de él. Según el ex inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, estas empresas son el "instrumento por excelencia, utilizado por ciudadanos argentinos para el pago de coimas a funcionarios corruptos, para defraudar al fisco nacional, a los acreedores involuntarios, al cónyuge y para violar instituciones de evidente orden público, como la legí­tima en el derecho sucesorio y la legislación previsional y laboral, entre otros."

En igual sentido, Daniel Roque Vitolo, titular de Vitolo Abogados, hizo un poco de historia al recordar que "durante muchos años sirvieron para encubrir actividades de inversores y empresarios argentinos, brasileños, paraguayos y chilenos que utilizando esas estructuras uruguayas off shore manejaban su dinero negro o triangulaban operaciones comerciales de exportación. Otros las utilizaban para asegurar sus ahorros de devaluaciones, confiscaciones y planes de emergencias implementados en sus propios paí­ses".

Mostrando la otra cara de la moneda, Damián Rodrí­guez Peluffo, socio del estudio Negri & Teijeiro, señaló que "las sociedades off shore se han transformado en mala palabra, porque es cierto que en ocasiones se han utilizado por los mismos argentinos para hacer negocios en el paí­s a espaldas de la legislación local".

"Pero no debemos olvidar que éstas pueden constituir un legí­timo vehí­culo de inversión de las multinacionales que ejercen su actividad principal fuera del Argentina,;por lo que, en estos casos, habrí­a que flexibilizar el tratamiento para no poner a todos en la misma bolsa", concluyó Rodrí­guez Peluffo. (Lea más: Por primera vez, extienden la condena a directivos de una sociedad off shore).


Hernán Gilardo
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