Bombazo fiscal de fin de año: Arca actualizó los pisos y si facturás menos de esta cifra te salvás de un trámite imposible

La noticia llegó en el momento justo, cuando los departamentos de impuestos de las compañías argentinas ya estaban cerrando el año con el estrés al límite. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió patear el tablero con una actualización masiva y sorpresiva del régimen de Precios de Transferencia, uno de los más complejos y temidos por el sector privado.

No se trata de un ajuste técnico menor ni de una corrección marginal. Es una simplificación estructural que el mercado venía reclamando desde hace tiempo, en un escenario donde la inflación acumulada había dejado los montos históricos completamente desactualizados, forzando a las empresas a cumplir obligaciones que ya no tenían sentido económico.

Esa distorsión obligaba a declarar operaciones que, en términos reales, resultaban irrelevantes para el fisco, pero extremadamente costosas para las empresas, especialmente para pymes y medianas compañías que debían destinar recursos humanos y financieros desproporcionados a cumplir con exigencias puramente formales.

Menos burocracia y un cambio de lógica fiscal

El corazón de la medida, que ya genera ruido en la city porteña y en los parques industriales, apunta a eliminar trabas burocráticas innecesarias y reordenar el sistema de control. El objetivo oficial es claro: modernizar la fiscalización, concentrar recursos y dejar de perseguir contribuyentes que no representan un riesgo real en términos de elusión fiscal internacional.

Hasta ahora, miles de empresas debían presentar informes complejos, costosos y redundantes simplemente porque los umbrales de facturación habían quedado congelados en valores nominales que ya no reflejaban la dimensión real de los negocios en la Argentina actual.

Los Precios de Transferencia regulan los valores a los que se realizan operaciones entre empresas vinculadas, como una filial local y su casa matriz en el exterior. Es un punto sensible que el fisco siempre mira con lupa para evitar maniobras de traslado artificial de utilidades fuera del país.

Sin embargo, los montos anteriores obligaban a justificar hasta lo injustificable, generando montañas de papeles digitales y costos administrativos crecientes. Con la nueva normativa, ARCA reconoce implícitamente que no tiene sentido aplicar el mismo nivel de control a todos y decide focalizarse en los verdaderos grandes jugadores.

El alivio para empresas y contadores

Lo más relevante para el empresario local aparece en la letra chica de los nuevos pisos mínimos, que dejan de funcionar como una trampa administrativa y pasan a ser un filtro real de capacidad contributiva, alineado con el tamaño efectivo de cada compañía.

La actualización no fue un simple ajuste automático por inflación. Se trata de un salto discreto y contundente que redefine de manera concreta quién queda obligado y quién no dentro del régimen, modificando la lógica con la que se venía aplicando el control fiscal.

Para contadores y gerentes financieros, el impacto es inmediato y tangible: menos horas hombre dedicadas a cumplir formalidades, menos honorarios a consultoras externas y más foco en la gestión del negocio, especialmente en un cierre de año siempre cargado de presión.

En la práctica, esto implica menos riesgo de sanciones formales, menor carga operativa y un alivio presupuestario relevante, en un contexto donde cada peso cuenta y donde los costos administrativos suelen ser uno de los grandes dolores de cabeza.

Un salto gigante: de 30 a 1.500 millones

El cambio más celebrado se da en el Régimen General de información. Hasta ahora, cualquier empresa con operaciones vinculadas y ingresos superiores a 30 millones de pesos debía presentar el formulario F. 2668, una obligación que se había vuelto prácticamente universal.

En la economía argentina actual, ese monto era meramente simbólico. Generaba un cuello de botella administrativo, donde el costo de cumplir con la norma superaba ampliamente cualquier beneficio fiscal y saturaba tanto a las empresas como a los propios organismos de control.

Con la nueva resolución, ARCA elevó el piso a 1.500 millones de pesos anuales. El salto es brutal y cambia de raíz la filosofía del control tributario, adaptándolo a la escala real de la actividad económica.

Si la facturación total anual no alcanza ese nivel, la empresa queda automáticamente fuera del radar para este requerimiento específico, liberando a un universo enorme de contribuyentes que hasta ahora estaban atrapados en una obligación desproporcionada.

Más racionalidad en las operaciones vinculadas

La actualización no se limita a la facturación global. También se modificaron los montos específicos que obligan a presentar el Estudio de Precios de Transferencia, uno de los informes técnicos más costosos y complejos del régimen.

Hasta ahora, el límite era de 3 millones de pesos en conjunto o 300.000 pesos por operación individual, cifras tan bajas que cualquier pago habitual al exterior podía disparar automáticamente la obligación formal.

Con la nueva normativa, los topes se elevan a 150 millones de pesos en conjunto y 15 millones de pesos por operación individual, incorporando una dosis de racionalidad largamente reclamada por el sector privado.

Esto permite que operaciones habituales —licencias, servicios, insumos o repuestos— dejen de generar trámites que costaban miles de dólares en honorarios profesionales y consumían tiempo valioso de los equipos administrativos.

Chau al Informe Maestro para la mayoría

Otro de los grandes dolores de cabeza para las filiales locales de grupos internacionales era la presentación del "Informe Maestro". Este documento es una radiografía completa del grupo económico a nivel mundial: qué hacen, cómo ganan dinero, dónde pagan impuestos, quiénes son sus directivos y cuál es su cadena de valor global.

La nueva norma fija un filtro muy elevado: solo deberán presentarlo los grupos con ingresos consolidados superiores a 100.000 millones de pesos, y además con operaciones vinculadas relevantes desde la Argentina.

Si no se cumplen ambas condiciones en simultáneo, la obligación desaparece, liberando a la enorme mayoría de las filiales locales de un trámite complejo y difícil de gestionar.

Además, se incorpora la Nota de Ratificación, que permite confirmar que la información presentada en años anteriores sigue vigente sin necesidad de volver a cargar toda la documentación.

Pymes al poder y régimen simplificado renovado

Las pequeñas y medianas empresas que se animan a operar internacionalmente solían quedar en un limbo incómodo y peligroso. No eran lo suficientemente grandes para tener departamentos de impuestos sofisticados internos, pero los montos viejos las obligaban a cumplir normativas diseñadas para multinacionales.

Para solucionar esto existía teóricamente el "Régimen Simplificado", una vía rápida para cumplir con el fisco, pero que había quedado con umbrales irrisorios de entre 10 y 60 millones de pesos. Básicamente, casi nadie podía entrar ahí porque cualquier pyme exportadora superaba esos montos en dos o tres meses de facturación normal.

La actualización de ARCA resucita esta herramienta y la vuelve utilizable para el sector productivo real. El nuevo rango para acceder al Régimen Simplificado se establece para quienes tengan ingresos anuales entre 500 millones y 3.000 millones de pesos.

Este es el verdadero segmento "medio" de la economía argentina, la franja donde se mueven las empresas nacionales que están creciendo. Si tu empresa cae en esta categoría, podés optar por un cumplimiento mucho más laxo y directo, sin necesidad de presentar los informes técnicos exhaustivos y caros que se les piden a los grandes conglomerados globales.

Además, se alinearon los requisitos de operaciones con vinculadas dentro de este régimen para que sea consistente. Ahora, para mantenerte en el carril rápido y sencillo, tus operaciones con partes relacionadas no deben superar los 150 millones de pesos en conjunto (o 15 millones por operación individual).