Cambios en la ley antilavado: Uruguay aprueba reformas y baja a u$s33.000 el límite en efectivo

La Cámara de Diputados de Uruguay sancionó una reforma clave en la normativa de prevención del lavado de activos que implica un cambio de rumbo frente a lo dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC).

El proyecto, impulsado por la administración de Yamandú Orsi, fija un recorte sustancial en el máximo permitido para pagos en efectivo, que pasa de unos u$s160.000 a alrededor de u$s33.000.

La modificación deja sin efecto la ampliación que había establecido la LUC, emblema legislativo del gobierno de Luis Lacalle Pou. De este modo, el Parlamento redefine uno de los aspectos más discutidos del régimen antilavado vigente.

Un oficialismo que negoció voto a voto

Sin mayoría propia en Diputados, el bloque oficialista debió tejer acuerdos con legisladores de la oposición para asegurar la aprobación de los puntos centrales. La reducción del tope al efectivo consiguió respaldo suficiente, pero no ocurrió lo mismo con todas las iniciativas contenidas en el texto.

Entre los artículos que no prosperaron se encuentra la propuesta de suprimir la fiscalía especializada en Lavado de Activos, que sí había logrado amplio apoyo en el Senado.

Durante el debate, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo defendió la rebaja del límite con una comparación directa: "Pasamos de un monto muy bajo a un monto muy superior, de u$s100.000. No cualquiera anda con u$s100.000 en el bolsillo. Por lo menos en mi barrio, les puedo asegurar que no". Y añadió: "Que con ese dinero se puede hacer lavado comprando casa, comprando comercios, lo sabe cualquiera".

Desde filas opositoras, también hubo coincidencias parciales. El colorado Walter Verri acompañó el cambio y expresó: "No tentemos al diablo porque no es lo mismo andar con u$s45.000, u$s50.000 dólares en una valija, que blanquear casi u$s200.000".

Montos en unidades indexadas y el contexto político

Si bien el debate público se centró en cifras expresadas en dólares, la ley fija los límites en unidades indexadas, un mecanismo que ajusta por inflación. Por ello, los valores en moneda estadounidense funcionan como referencia aproximada y no como equivalencia exacta.

El proyecto había ingresado al Parlamento a mediados del año pasado, pero su trámite cobró nueva urgencia luego del ataque contra la fiscal general Mónica Ferrero. A partir de ese hecho, el presidente Yamandú Orsi reclamó acelerar la discusión, en un contexto en el que la lucha contra el crimen organizado volvió a instalarse como prioridad en la agenda pública.

La reforma introduce cambios en más de 30 artículos de la ley integral aprobada en 2017, durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Parte de las modificaciones apuntan a armonizar el texto con el nuevo Código del Proceso Penal.

Nuevos delitos y foco en el crimen ambiental y digital

La iniciativa redefine qué conductas pueden considerarse antecedentes del lavado de dinero y suma nuevas figuras al listado vigente. Entre ellas aparecen los ilícitos ambientales —como la introducción de residuos tóxicos al país—, estafas o fraudes dentro de instituciones del sistema financiero y determinados delitos informáticos, en los casos en que el monto involucrado exceda aproximadamente los u$s 16.000.

La fiscalía especializada, eje de controversia

Uno de los capítulos más tensos de la sesión giró en torno al futuro de la fiscalía especializada en la materia. Aunque la Cámara de Senadores había respaldado su eliminación, en Diputados la propuesta encontró resistencia.

El Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente votaron en contra. Los legisladores colorados, que habían acompañado la idea en la Cámara Alta, cambiaron de postura y también rechazaron suprimirla.

Al fundamentar esa decisión, el nacionalista Pablo Abdala sostuvo: "Entendemos que suprimirla, transformarla o como se le quiera decir, implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado".