El Gobierno le baja el pulgar a un proyecto de gobernadores por el impacto en la economía

El Gobierno nacional expresó su rechazo a los proyectos de una nueva Ley de Biocombustibles que se debaten en el Senado, impulsado tanto por entidades productoras como por gobernadores de provincias productoras. La principal objeción reside en las consecuencias económicas que, según el Ejecutivo, impactarían directamente en el bolsillo de los consumidores y golpearían fuertemente las cuentas públicas.

Las alarmas fueron encendidas por el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, durante su exposición en una comisión plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde detalló los riesgos de las propuestas que buscan elevar los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, en reemplazo de la actual ley vigente hasta 2030.

Veller puso el foco en el costo del biodiésel en comparación con su alternativa fósil. "El precio de biodiésel es hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil, sin tomar en cuenta el poder calorífico, hablando precio contra precio", advirtió el funcionario.

En este contexto, el subsecretario fue categórico al proyectar el efecto de elevar el corte obligatorio: "El resultado de la propuesta de llevarlo al 18% significaría en el caso del biodiésel un aumento de hasta el 10% en el precio de surtidor de manera inmediata".

Pero el incremento no se detendría allí. Veller alertó que el aumento de los combustibles en las estaciones de servicio tendría una "correlato de precio en el encarecimiento de la logística de transporte de bienes de consumo e industriales, es decir, afecta a toda la economía". En términos sencillos, el costo de transporte, una variable clave en la estructura de costos de prácticamente todos los bienes, se vería elevado, impactando en la inflación general.

Biocombustibles y el costo fiscal 

Desde la óptica de la administración de las cuentas públicas, la propuesta legislativa genera una profunda preocupación en el Poder Ejecutivo. El incremento de corte, sumado a los mecanismos de fijación de precios y las exenciones impositivas, generaría una caída directa en la recaudación fiscal.

"El impacto directo en la recaudación viene por la disminución de ingresos por los derechos de importación de la materia prima, y la exención impositiva a los biocombustibles", explicó Veller a los senadores. El funcionario cuantificó el impacto fiscal en términos anuales, que en el caso del biodiésel, por cada punto porcentual incremental en el corte, el impacto fiscal asciende a U$S 55 millones por año y en el bioetanol, la afectación es de U$S 9 millones por punto incremental.

El Subsecretario concluyó la proyección fiscal con una cifra contundente que subraya el agujero que se generaría en el Presupuesto: "En cinco años, la propuesta del 18% equivale a un impacto superior en las cuentas públicas de u$a4.000 millones para ambos biocombustibles". Enfatizó, además, que "no hay en los proyectos otra generación de ingresos que pueda compensar parcial o totalmente".

Finalmente, el funcionario cargó contra la concepción estructural del proyecto, señalando que el texto actual genera un esquema de "privilegios", buscando "evitar la palabra protección, prácticamente a perpetuidad". La norma, en su formato actual, "imposibilita la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en la industria de los biocombustibles", sostuvo Veller.

El subsecretario cuestionó que, luego de 20 años de promoción de esta industria, el nuevo marco se propone asegurar otros tantos bajo un esquema que garantiza que la producción sea "exclusivamente de producción nacional tanto de la materia prima como de los productos, limitando la competencia y la necesidad de mejora en la eficiencia".

La porpuesta del Gobierno

El subsecretario Veller informó que el plan del Gobierno contempla llevar el corte de etanol del 12% actual al 15%, y el de biodiésel del 7,5% al 10%. No obstante, para asegurar la previsibilidad de los actores del mercado y en línea con la búsqueda del equilibrio fiscal, estos nuevos porcentajes entrarán en vigencia a partir del año 2027.

El eje central de la iniciativa oficial es establecer una transición gradual que culmine en un mercado libre de biocombustibles en un plazo de seis años. Veller señaló que se propone un periodo de adecuación hasta 2032, fecha a partir de la cual se espera un escenario de comercialización libre.

Durante esta etapa de adaptación, la administración planea una reducción paulatina de los cupos obligatorios, con el fin de fomentar que una porción del mercado comience a negociar libremente las condiciones de compra y venta, eliminando la necesidad de establecer cupos a partir del año final del proceso.

Para la determinación de precios, el Gobierno propone terminar con la injerencia política mediante la implementación de licitaciones públicas, una herramienta inspirada en la propuesta de la Liga Bioenergética. Estas licitaciones serán llevadas adelante por una entidad independiente, garantizando que ningún funcionario tenga la potestad de fijar el valor.

El precio máximo de referencia durante el periodo de transición será la paridad de importación para ambos biocombustibles, permitiendo que, con la gradual liberación del mercado, las fuerzas de la competencia definan el nivel de precio adecuado entre la paridad de importación y la de exportación.