La Ley de Hojarasca llegó a Diputados: chau a precios máximos, firma digital en el banco y Booking

El proyecto de Ley de Hojarasca, que ingresó en la Cámara de Diputados el jueves 26 a la tarde, es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, con el objetivo de hacer una limpieza del digesto jurídico mediante la derogación de 70 leyes se consideran obsoletas, inútiles o restrictivas de la libertad individual.

Las principales normas derogadas en el plano económico se referían a la facultad del Poder Ejecutivo de fijar precios máximos en situaciones de escasez, a la obligación de los bancos de guardar microfilms –lo que abre la puerta a la firma digital- y a la regulación de las tarifas hoteleras, superada por las plataformas de turismo.

Qué leyes derogan la Ley de Hojarasca

El proyecto busca eliminar normas que generan burocracia innecesaria y pueden ser utilizadas para restringir libertades de forma arbitraria, y agrupa a las leyes en 6 categorías según criterios de derogación

Limitación de la libertad individual: normas que permiten al Estado intervenir en reuniones privadas o sancionar opiniones políticas.

Obsolescencia tecnológica: leyes que regulan tecnologías ya superadas, como la microfilmación obligatoria para ciertos documentos o la autorización para emisiones de televisión a color.

Trámites inútiles: eliminación de registros y autorizaciones que no cumplen ninguna función real en la actualidad, como la validación estatal de mapas en etiquetas de productos.

Leyes superadas: normas que fueron reemplazadas por leyes más completas, pero cuya derogación explícita nunca se realizó (por ejemplo, normativas sobre vacunación de la viruela).

Organismos inexistentes: derogación de leyes que crean o regulan instituciones que ya han sido disueltas o no funcionan hace décadas.

Financiamiento público innecesario: modificación de leyes para que ciertos organismos (como círculos de legisladores o federaciones de municipios) dejen de recibir aportes del Estado nacional y se autofinancien.

El proyecto afirma que "el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad y no como un mecanismo de restricción innecesaria", buscando un sistema legal más compacto y coherente con la Constitución Nacional

Qué derogaciones tienen un sentido económico

Dentro del paquete de la Ley de Hojarasca, hay un grupo importante de derogaciones que tienen un sentido estrictamente económico, financiero o de desregulación de mercados. El objetivo declarado es eliminar barreras que hoy se consideran distorsivas o que obligan al Estado a intervenir en decisiones privadas.

Eliminación de controles sobre el papel y la prensa

Ley 26.736 (Control del Papel de Diario): esta ley declaraba de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diario. Su derogación busca que el mercado de insumos para la prensa opere sin intervención estatal en los precios o el stock, eliminando una herramienta que históricamente se prestó para condicionar a los medios.

Desregulación del comercio y abastecimiento

Ley 11.226 (Control de Comercio de Ganados y Carnes): una norma de 1923 que permitía al Estado una intervención  en los precios y la distribución de la carne. Se considera obsoleta ante las normativas sanitarias y de competencia actuales.

Ley 19.228 (Intervención en Mercados de Bienes): facultaba al Poder Ejecutivo a fijar precios máximos y márgenes de utilidad en situaciones de supuesta escasez. Su eliminación refuerza la idea de libertad de precios.

Financiamiento y privilegios de entidades

Ley 20.231 (Consejo Federal de Inversiones - CFI): el proyecto propone modificar el esquema de aportes obligatorios que las provincias y la Nación deben realizar a ciertos organismos de planificación, buscando que estos se financien por proyectos específicos y no por transferencias automáticas "en cascada".

Ley 18.828 (Hotelería): regulaba de forma muy rígida la clasificación y las tarifas de los hoteles. Hoy se considera que el mercado y las plataformas digitales de turismo hacen que esta tutela estatal sea innecesaria y burocrática.

Modernización de títulos y crédito

Ley 18.332 (Microfilmación): aunque parece técnica, tiene un impacto económico, ya que obligaba a los bancos a mantener costosos sistemas de microfilm para que sus documentos tuvieran validez legal. Su derogación termina de dar paso total a la Firma Digital y el almacenamiento en la nube, bajando costos operativos.

Ley 12.983 (Prendas Agrarias): regulaba de forma antigua las garantías sobre cosechas y ganado. Al derogarse, estos procesos pasan a regirse por el Código Civil y Comercial moderno, facilitando el acceso al crédito con garantías más ágiles.

Supresión de registros inútiles

Ley 19.228 (Registro de Fabricantes de Mapas): obligaba a cualquier empresa que imprimiera un mapa (incluso en una publicidad o etiqueta) a inscribirse en un registro y pedir permiso al Instituto Geográfico Nacional. Se elimina por considerarse una traba absurda al comercio y la publicidad.

Estas medidas apuntan a reducir el "costo argentino", eliminando la necesidad de gestores, registros especiales y controles de precios que, según la fundamentación del proyecto, han quedado desfasados frente a la economía digital y los tratados de libre comercio modernos.

Restricciones a la actividad comercial

Ley 20.802 (Regulación de Ferias de Alimentos): establecía controles rígidos sobre el funcionamiento de ferias populares que hoy son competencia municipal o están reguladas por normativas comerciales modernas.

Ley 19.787 (Restricciones a la Publicidad de Bebidas Alcohólicas): una norma de 1972 con criterios de censura previa que han sido superados por el Código Civil y Comercial y las leyes de defensa del consumidor.

Qué controles a la vida de los ciudadanos desaparecen

El proyecto de Ley de Hojarasca propone la derogación de decenas de normas que limitan la libertad de los ciudadanos, como las que siguen:

Control de la vida social y reuniones

Ley 20.843 (Padrinazgo Presidencial): obligaba al Estado a otorgar una beca de estudios y una medalla al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, una tradición de origen zarista incorporada en 1974 que el proyecto considera anacrónica.

Ley 20.120 (Reuniones en domicilios privados): una norma de 1973 que otorgaba a la Policía Federal la facultad de ingresar o clausurar reuniones en ámbitos privados si no cumplían con ciertos requisitos de edictos policiales.

Ley 14.034 (Penalización por defensa de derechos territoriales): preveía penas de prisión para argentinos que, en el exterior, defendieran posiciones contrarias a las del Estado Nacional en conflictos territoriales.

Normas sanitarias superadas

Ley 11.359 (Obligatoriedad de vacunación contra la viruela): una norma de 1926. Dado que la viruela fue declarada erradicada globalmente por la OMS en 1980, la obligatoriedad de esta vacuna específica carece de sentido médico actual.

Ley 4.021 (Ejercicio de la Medicina): una ley de 1901 cuyas regulaciones sobre el despacho de farmacias y títulos habilitantes ya fueron absorbidas y modernizadas por leyes posteriores (como la 17.132).

Control de la Información

Ley 20.931 (Control de instituciones de opinión pública): permitía al Estado un control más estricto sobre agencias de noticias y empresas de encuestas, algo que el proyecto señala como una herramienta de persecución política de décadas pasadas.

Estas derogaciones buscan, según el texto del proyecto, eliminar "capas geológicas" de leyes que ya no se aplican pero que permanecen en el cuerpo legal argentino, generando confusión o permitiendo interpretaciones arbitrarias por parte de la autoridad de turno.