Milei abre una investigación de dumping contra la importación de torres eólicas chinas

Mientras el presidente Javier Milei impulsa la llegada de inversiones para ampliar la infraestructura energética y acelerar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Ministerio de Economía decidió intervenir en otro frente estratégico como es el de la competencia entre la industria nacional y los fabricantes chinos de componentes para parques eólicos.

A través de la Resolución 218/2026, publicada este miércoles 16 de julio en el Boletín Oficial, la Secretaría de Coordinación de Producción resolvió abrir una investigación por presunto dumping contra las importaciones de torres eólicas industriales de acero provenientes de China.

La decisión oficial podría derivar, más adelante, en la aplicación de derechos antidumping si se comprueba la existencia de competencia desleal.

La investigación fue impulsada por GRI Calviño Towers Argentina, uno de los principales fabricantes locales de torres para aerogeneradores.

La empresa denunció que grupos chinos están ingresando al mercado argentino con precios artificialmente bajos, desplazando a la producción nacional en las licitaciones para nuevos parques eólicos.

El dato más relevante del expediente es que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) detectó un margen preliminar de dumping del 46,39%, que surge de comparar los valores de exportación con los precios del mercado interno chino.

Sin embargo, el expediente también deja una particularidad que convierte este caso en uno de los más singulares de los últimos años ya que el organismo reconoce que todavía no existen pruebas suficientes de un daño efectivo sobre la industria nacional y aclara que la apertura del panel se basa en la existencia de una amenaza de daño.

Una fábrica parada

La CNCE sostuvo que el mercado de torres eólicas funciona de manera distinta a otras industrias porque depende casi exclusivamente de licitaciones privadas para grandes proyectos energéticos, lo cual provoca que entre la adjudicación de una obra y el ingreso efectivo de los equipos puedan transcurrir entre seis y nueve meses.

Según la denuncia presentada por GRI Calviño, varios proyectos previstos para el primer semestre de este 2026 ya habrían sido adjudicados a fabricantes chinos, desplazando a la producción local antes incluso de que las torres ingresen formalmente al país.

Para el organismo, esa situación justifica abrir la investigación antes de que el daño termine materializándose.

El expediente incluso menciona otro dato sensible a partir de la paralización de la planta industrial de la empresa denunciante y la caída del empleo, elementos que serán analizados durante la investigación para determinar si están directamente relacionados con las importaciones provenientes de China.

Aunque durante 2025 las compras externas apenas representaron cerca del 2% del mercado argentino, la CNCE considera que ese porcentaje podría crecer rápidamente por los proyectos ya adjudicados y por la enorme capacidad productiva que poseen los fabricantes asiáticos.

La resolución también señala que la industria nacional cuenta con capacidad suficiente para abastecer la totalidad de la demanda local.

Es decir, para el Gobierno las importaciones no estarían cubriendo un faltante de producción sino buscando ganar mercado mediante precios considerablemente inferiores.

De acuerdo con el análisis oficial, una vez nacionalizadas, las torres chinas llegaron al país con valores entre 31% y 38% menores que los productos fabricados por GRI Calviño Towers Argentina, una diferencia considerada suficiente para alterar el resultado de cualquier licitación donde el precio sea el factor decisivo.

Por ese motivo, Economía entiende que existe una amenaza concreta para la utilización de la capacidad instalada, la producción y el empleo del sector industrial argentino.

Mercado envuelto en una disputa comercial

La decisión del Gobierno excede el caso puntual de GRI Calviño si se tiene en cuenta que en los fundamentos de la resolución se remarca que las torres eólicas son bienes de capital "críticos" para la infraestructura energética y que forman parte de un sector considerado estratégico para la seguridad energética del país.

Ese argumento cobra relevancia porque Argentina atraviesa un proceso de expansión de las energías renovables que volverá a demandar grandes inversiones en generación eólica durante los próximos años.

A los proyectos privados se suman las iniciativas que podrían impulsarse bajo el RIGI, donde varias compañías ya analizan desarrollos vinculados a generación eléctrica y producción de hidrógeno verde.

En ese contexto, en la discusión también aparece el interrogante sobre cuánto contenido industrial argentino tendrán esas futuras inversiones y cuál será el peso de los proveedores locales frente al avance de fabricantes asiáticos.

La resolución incluso anticipa que durante la investigación se analizará el impacto que podrían tener esos grandes proyectos de inversión sobre la demanda de torres eólicas y la evolución de las importaciones.

Perfil del denunciante

La empresa que impulsó la denuncia es uno de los principales fabricantes de torres eólicas del país que nació como una alianza entre el grupo español GRI Renewable Industries, uno de los mayores productores mundiales de torres para aerogeneradores, y el grupo argentino Calviño, con larga trayectoria en obras metalúrgicas y de infraestructura.

La compañía instaló su planta en la provincia de Buenos Aires para abastecer el crecimiento que experimentó el mercado eólico durante las licitaciones del programa RenovAr y los proyectos desarrollados por grandes generadoras privadas.

Desde esa fábrica produjo torres para algunos de los principales parques eólicos construidos en la Argentina y llegó a exportar componentes a otros mercados de la región.

Sin embargo, la fuerte desaceleración en la construcción de nuevos parques durante los últimos años redujo significativamente el nivel de actividad del sector.

En ese sentido, la empresa sostiene en su denuncia que la reactivación del mercado podría quedar nuevamente en manos de proveedores chinos si no se corrigen las presuntas prácticas de dumping.

Qué puede pasar ahora

La apertura de la investigación no implica la aplicación automática de sanciones sino que, a partir de la publicación de la resolución comienza una etapa de recopilación de información en la que participarán:

• Exportadores chinos de torres eólicas
• Importadores argentinos
• Productores locales del sector
• El Gobierno de China

La CNCE analizará datos correspondientes al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero pasado para determinar la existencia de dumping, mientras que el estudio sobre daño abarcará los ejercicios 2023, 2024, 2025 y los primeros meses de 2026.

Si al finalizar el proceso se confirma que existieron prácticas de competencia desleal y que esas importaciones amenazan o perjudican a la producción nacional, el Ministerio de Economía podrá imponer derechos antidumping sobre las torres eólicas provenientes de China.

De concretarse ese escenario, el impacto no sólo alcanzaría a los fabricantes extranjeros sino que también podría modificar la estructura de costos de los futuros parques eólicos, alterar las estrategias de desarrolladores e inversores.

Hasta podría reconfigurar un negocio que volverá a ganar protagonismo a medida que la Argentina avance en nuevos proyectos de generación renovable.

Un caso que podría sentar precedente

Más allá del expediente contra las torres eólicas chinas, la resolución deja un mensaje que el mercado energético seguirá de cerca.

El Gobierno decidió avanzar con una investigación aun cuando la propia Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó que todavía no existe un daño efectivo sobre la industria argentina, sino una amenaza concreta de que ese perjuicio ocurra en los próximos meses. Esa interpretación marca una diferencia respecto de otros procesos antidumping, ya que busca actuar antes de que el impacto sobre la producción y el empleo sea irreversible.

En el expediente también aparece otro elemento que probablemente tenga peso durante la investigación a partir de la relación entre las futuras inversiones energéticas y el contenido nacional de los equipos utilizados.

La CNCE adelantó que analizará no sólo las importaciones y los precios, sino también el efecto que puedan tener los grandes proyectos de inversión, incluidos los alcanzados por regímenes especiales como el RIGI, sobre la demanda de torres eólicas y la participación de la industria argentina.

Es decir, el organismo pretende determinar si el crecimiento esperado de nuevos parques terminará fortaleciendo la producción local o si, por el contrario, impulsará una mayor dependencia de equipos importados.

El negocio que mueve millones

El dato no es menor si se tiene en cuenta que cada parque eólico demanda decenas de torres de acero de gran porte, cuya fabricación requiere procesos industriales complejos, importantes volúmenes de chapa y soldadura especializada, además de logística de cargas pesadas.

Se trata de un segmento que moviliza inversiones millonarias y genera empleo calificado tanto en la fabricación como en el transporte y el montaje.

Por eso, la disputa entre fabricantes nacionales y proveedores chinos trasciende a una empresa puntual y pone bajo discusión el origen del abastecimiento de la próxima ola de inversiones en generación renovable que el Gobierno espera impulsar para ampliar la oferta eléctrica y acompañar el crecimiento de sectores de alto consumo energético, como la minería, el petróleo, el gas y los futuros proyectos vinculados al hidrógeno verde.

En ese escenario, la resolución publicada este jueves abre una investigación que, si confirma las denuncias de dumping, podría redefinir las reglas de competencia de uno de los negocios industriales más relevantes para la transición energética argentina.