La presidenta del Colegio de Escribanos porteño defendió los controles tras el Caso Adorni

En medio de la fuerte controversia que rodea la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, salió a marcar la postura institucional del notariado. La dirigente fue categórica al señalar que los controles sobre las transacciones realizadas por Personas Políticamente Expuestas (PEP) son automáticos y obligatorios, buscando despejar dudas sobre el rol de los profesionales en casos de alto perfil público.

"Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF", sentenció Tato en diálogo con Radio Rivadavia. Explicó que los escribanos realizan reportes sistemáticos mensuales de forma digital donde se tilda la condición de funcionario del cliente sin importar el monto de la compra. Esta aclaración llega en un momento delicado para el entorno de Adorni, luego de que su escribana particular, Adriana Nechevenko, sembrara dudas en declaraciones mediáticas y judiciales al afirmar que no tenía obligación de pedir el origen de los fondos, algo que parece colisionar con la normativa vigente.

La titular del Colegio diferenció el trámite administrativo de rutina del denominado Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Según Tato, el ROS se aplica cuando el profesional detecta anomalías insalvables en el origen de los fondos. "Es muy raro que lleguemos a autorizar el acto en esos casos; generalmente, cuando empezás a pedir documentación, las operaciones se caen", reveló, aunque subrayó que si la operación se concreta y persisten dudas, el escribano tiene la obligación legal de reportarlo.

Respecto al caso específico que involucra a Adorni y la actuación de Nechevenko, Tato evitó juzgar responsabilidades individuales pero confirmó que el Colegio de Escribanos sigue de cerca el expediente: la institución trabaja a la par de la justicia remitiendo toda la documentación requerida.

El Colegio tiene la potestad de iniciar expedientes internos que pueden derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que llegue una condena judicial. Tato remarcó que "todos tienen que justificar sus ingresos", independientemente de quién sea el cliente.

El trasfondo judicial: hipotecas e incongruencias

La defensa pública de los procedimientos notariales se da en paralelo a la investigación del fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el vocero presidencial. La justicia analiza la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000, donde Adorni solo pagó u$s30.000 en efectivo y contrajo una hipoteca de u$s200.000 con las vendedoras (dos jubiladas), una operatoria que expertos califican como "inusual" por representar el 87% del valor del inmueble.

Las declaraciones de Nechevenko, que el Gobierno ahora intenta "bajar de escena" para evitar un mayor daño reputacional, activaron medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. Mientras tanto, desde el Colegio de Escribanos insisten en que la profesión no es hereditaria sino basada en la meritocracia y que, al firmar, un escribano compromete todo su patrimonio, lo que obliga a extremar los recaudos legales, especialmente cuando el cliente maneja los resortes del Estado.