Estudiantes y docentes se movilizaron a Plaza de Mayo para reclamar fondos al Gobierno

La cuarta Marcha Federal Universitaria cerró este martes con un acto en Plaza de Mayo. Rectores, docentes y estudiantes se concentraron frente a la Casa Rosada para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Previamente al acto central, las distintas organizaciones se concentraron en diversos puntos y a diferentes horarios. La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento central. Allí quedó plasmado el reclamo que el Gobierno viene ignorando desde hace meses.

Estuvieron presentes Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y Anselmo Torres, vicepresidente de la entidad. Los acompañaron las distintas federaciones gremiales que nuclean a docentes y no docentes.

El eje central del reclamo fue el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, una norma que obliga a ajustar salarios y becas pero que la gestión de Javier Milei se niega a acatar.

Las organizaciones también apuntaron contra la falta de acatamiento a dos fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley. Esos artículos establecen una recomposición de salarios docentes y becas estudiantiles.

Además, denunciaron la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los últimos meses. La situación, según las organizaciones convocantes, se agravó sin señales de rectificación por parte del Ejecutivo.

El texto del documento que se leyó en el acto de cierre de la marcha universitaria

La movilización, que se replicó en todo el país y tuvo su acto central en Plaza de Mayo, estuvo acompañada por un duro pronunciamiento en el que las universidades advirtieron sobre la gravedad de la situación. "El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico", señalaron, y apuntaron directamente al Ejecutivo por "incumplir la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario".

En el documento también se expuso el fuerte deterioro de los recursos: las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica "una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".

El frente salarial es otro de los puntos más sensibles. Según detallaron, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293%, mientras que los salarios crecieron muy por debajo, lo que derivó en una pérdida del poder adquisitivo superior al 30%. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes", advirtieron.

El texto también alertó sobre las consecuencias en el funcionamiento del sistema: "El recorte ocurre en todas las dimensiones y afecta gravemente a las funciones sustantivas", señalaron. A esto se suman renuncias de personal calificado, pluriempleo y el deterioro de las obras sociales.

En paralelo, las universidades pusieron el foco en el impacto sobre los estudiantes. Denunciaron que las becas nacionales "permanecen congeladas frente a una inflación creciente", lo que provoca que "pierdan su función de acompañamiento económico" y termine expulsando a jóvenes del sistema.

Más allá de lo presupuestario, el documento sumó una crítica institucional. "La crisis no es solo presupuestaria; debemos denunciar la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes", afirmaron, al cuestionar que el Gobierno desconozca una ley aprobada por el Congreso.

En ese marco, el reclamo a la Corte Suprema fue explícito: "Le pedimos que escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario".

Finalmente, el texto cerró con una defensa del rol de la universidad pública: "Es un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente (…) es la educación que iguala y nos hace libres", sostuvieron, y advirtieron que su deterioro pone en riesgo el desarrollo del país.

Las voces políticas que acompañan la marcha universitaria

Máximo Kirchner, diputado de Fuerza Patria, cruzó implícitamente a legisladores y gobernadores dialoguistas. Aseguró que "los mismos que festejaron el inicio" del Gobierno de Milei "hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública".

Desde su cuenta de Instagram, expresó que esos mismos dirigentes "festejan" el riesgo país y el "ficticio" equilibrio fiscal. Mientras tanto, según Kirchner, "derraman lágrimas de cocodrilo" por los recortes en educación y salud pública. "No es gratis entregarse para agradar", añadió.

La Unión Cívica Radical (UCR) armó una columna propia encabezada por el presidente del partido, Leonel Chiarella. Lo acompañaron los titulares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín, junto a Federico Storani, uno de los dirigentes históricos.

También marcharon los presidentes de la Juventud Radical de Nación y Ciudad, Nahuel Breglia y Teresa Barragán, y las diputadas nacionales Mariela Coletta y María Inés Zigarrán.

Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y actual diputado nacional de Provincias Unidas, apoyó la movilización desde su bloque. Afirmó que la educación pública y gratuita "es la inversión más grande que puede realizar un país por su futuro".

"Apoyamos el justo reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento por parte del Gobierno Nacional", expresó el dirigente cordobés en un comunicado.

Manuela Castañeira, representante del Nuevo MAS y la juventud anticapitalista, aseguró que la universidad pública "es una conquista de las y los trabajadores". Por eso, según su visión, hay que "defenderla en las calles" contra el Gobierno "oscurantista" de Milei.

"Tenemos una oportunidad enorme para que la convocatoria en defensa de la universidad pública se transforme en un catalizador del malestar social, económico y político que sufre la amplia mayoría de la población", finalizó Castañeira.

La dirigente agregó que el presidente está "en contra del pensamiento crítico y la ciencia" y que busca cerrar la universidad pública. La Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso, sigue sin cumplirse pese a los fallos judiciales y la presión social.