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En lo que va del año, el Banco Mundial lleva otorgados préstamos por u$s1.000 millones a empresas argentinas

A través de la CFI, su brazo financiero, el organismo multilateral, siguió financiando proyectos de empresas, bancos y de estados provinciales
20/12/2018 - 14:41hs
En lo que va del año, el Banco Mundial lleva otorgados préstamos por u$s1.000 millones a empresas argentinas

En lo que va del año, empresas, bancos y gobiernos provinciales recibieron cerca de u$s1.000 millones de parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para encarar diversos proyectos de inversión en la Argentina.

Se trata del brazo crediticio del Banco Mundial (BM) que, a pesar de la inestabilidad financiera y la recesión económica sufrida por el país durante este año, siguió aprobando préstamos con diferentes grupos empresarios, bancarios y estados del interior entre marzo y este mes.

El último acuerdo sellado es con Telecom Argentina, a la que le asignó u$s350 millones para respaldar el plan de inversiones de capital que la compañía de telecomunicaciones pondrá en marcha durante el año próximo.

Como parte de ese proceso, la empresa controlada por Cablevisión Holding (38,8%); el fondo Fintech Telecom LLC (31,5% y accionistas bursátiles (29,7%), implementará mejoras en su red móvil de 4G y expandirá sus servicios de banda ancha fija.

La inversión global del plan ronda los u$s1.000 millones, pero el board de la CFI autorizó financiar el 35% de ese monto, incluido un préstamo por u$s100 millones con cargo a la propia cuenta del organismo financiero y el resto por movilizar.

No es la primera vez que la CFI respalda las inversiones de Telecom en Argentina. Lo hizo el año pasado recibió u$s100 millones para continuar con el despliegue de su red de 4G en todo el país.

Y en octubre del 2016, había obtenido otros u$s500 millones para su filial móvil con el mismo objetivo y a devolver en un plazo de seis años. Los fondos se distribuyeron en u$s100 millones para cuenta propia de la CFI; u$s300 millones en préstamos B y los u$s100 milllones restantes en créditos paralelos.

Ahora, se trata de una nueva facilidad de financiamiento corporativo de los cuales u$s100 millones forman parte de un préstamo de categoría A y el resto se movilizará a través de otras entidades financieras.

Según el informe de la CFI que respalda este préstamo, Telecom Argentina tiene una capitalización bursátil de u$s7.000 millones; un total de u$s8.000 millones en activos, “incluidos 6.049 sitios de telecomunicaciones y 3.050 propiedades inmobiliarias (48% de propiedad de la compañía y 52% bajo contratos de alquiler)”.

Con el dinero, Telecom instalará 770 sitios de telecomunicaciones adicionales que brindan conectividad 4G en todo el país, apoyará la expansión del circuito de Wi-Fi en Argentina (anteriormente Cablevision) y la expansión de la red de fibra óptica de la empresa.

Para aprobar el préstamo, el directorio de la CFI llevó a cabo un proceso de revisión y de evaluación de la información ambiental y social y técnica de Telecom Argentina.

La revisión incluyó el registro de desempeño corporativo, código de ética y conducta, informes anuales de sostenibilidad, convenios colectivos, políticas y procedimientos sobre gestión de recursos humanos, programas de capacitación sobre riesgos relacionados con el trabajo, evaluación de la responsabilidad laboral. riesgos, manejo de desechos, seguridad de vida e incendio, entre otros aspectos.

Otro emprendimiento que la CFI financiará se construye bajo el nombre de La Genoveva. Se trata de un parque eólico en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, en el cual el organismo crediticio multilateral aportará u$s76 millones de los u$s120 millones totales.

El proyecto es liderado por Central Puerto, propiedad del empresario Nicolás Caputo, y los fondos serán aportados mediante un préstamo A por u$s30 millones; un préstamo sindicado de u$s31 millones y otro de u$s15 millones de la CFI que actúa además como entidad ejecutora del programa de cartera de créditos compartidos administrados. La CFI también proporcionaría un intercambio de tasas de interés para cubrir la deuda del proyecto.

El parque eólico es el tercer proyecto otorgado a Central Puerto en las subastas RenovAr del Gobierno y estará ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Bahía Blanca. Es, además, la tercera inversión de la CFI en parques eólicos en Argentina con Central Puerto. Las dos primeras fueron Achiras (Córdoba) y La Castellana, también en la provincia de Buenos Aires.

La capacidad total combinada de generación de energía de La Genoveva será de 130 MW y 88,2 MW en cada fase, y espera exportar 532,198 MWh / año a la red nacional de energía. Cada fase de desarrollo (La Genoveva I y II) utilizará 21 aerogeneradores Vestas con 4,2 MW de potencia individual.

El tercer préstamo en importancia que este año otorgó la CFI tiene como destinatario a San Miguel, el principal grupo citrícola local. Se trata de una línea por u$s60 millones que servirá para, en mayor parte, expandir los negocios de la empresa en el mercado local y también en Uruguay, Perú y Sudáfrica. También será usado para refinanciar deuda a corto y mediano plazo y capital de trabajo en el marco de un proyecto con un costo total de u$s152.5 millones.

Las familias Otero Monsegur y Miguens Bemberg conforman el grupo de control de San Miguel, con un 53% de participación accionaria y el 83% de los derechos de voto. En tanto, la ANSES posee otro 26% y el resto flota en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por su parte, la fabricante de cerámica y plomería Ferrum tiene pendiente de aprobación un crédito por u$s16 millones para inversiones que realizará en sus plantas durante los próximos dos años.

En el ámbito de la salud, la CFI ayudará al Hospital Alemán a la construcción de su nuevo edificio que se ubicará en las instalaciones actuales en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.  El costo total del proyecto se estima en aproximadamente u$s33 millones, mientras que la CFI aportará u$s10 millones del total.

La principal inversión de capital se orienta a desarrollar el edificio Juncal (10.000 m2) que agregará 104 camas y que representa un hito clave para el hospital debido a su tamaño y estándares de calidad.

A nivel gubernamental, la provincia de Santa Fe apoyará parte de sus inversiones en acuerdos crediticios con la CFI, más que nada para los programas de pavimentación de calles  en municipios y comunas.

Según el documento enviado por el gobierno provincial, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de 200.000 residentes y se espera que los beneficios incluyan la reducción de enfermedades transmitidas por el agua, una mejor prestación de servicios públicos y la apreciación de bienes raíces.

El aporte de la CFI consiste en un préstamo senior de u$s300 millones en dos tramos, por un total de u$s150 millones para la cuenta propia del organismo y otros u$s150 millones en movilización.

En cuanto al sector bancario, son dos los préstamos gestionados ante la CFI por entidades locales como el Itaú, el Banco Galicia y el Banco Industrial (BIND).

En el caso de la filial local del banco brasileño, se trata de una línea de crédito de hasta u$s50 millones para ampliar el programa de préstamos de pequeñas y medianas empresas en hasta u$s15 millones, con un plazo de 5 años, y la cartera de financiamiento de energía sostenible en hasta u$s35 millones, con un plazo de 7 años.

En el caso del Galicia, el proyecto propuesto implica un aporte de la CFI de hasta u$s100 millones en un bono verde a siete años que emitirá la entidad. Los recursos del bono verde se utilizarán para financiar subproyectos de financiamiento de energía sostenible en el país.

Para el BIND, recibirá un préstamo de hasta u$s55 millones para financiar pequeñas y medianas empresas, que se estructurará en formato de tres compromisos consecutivos con un reembolso de 12 meses cada uno.

El primero por u$s15 millones que se comprometerá dentro de los cuatro meses posteriores a la aprobación del board de la CFI. El segundo por u$s20 millones dentro de los 20 meses posteriores a su aprobación y un restante por u$s20 millones para comprometerse dentro de los 36 meses posteriores a la aprobación.