Desarticulan red de argentinos que perpetró cuantioso fraude fiscal
La policía española ha desarticulado una organización dirigida por ciudadanos argentinos que defraudó al fisco mediante operaciones de compraventa ficticias de material informático en la UE, informó hoy el Ministerio del Interior
Las investigaciones, que, según un comunicado del Ministerio, comenzaron hace más de dos años, demuestran la implicación en la trama de más de treinta personas, en su mayoría de origen argentino, que han utilizado cuarenta sociedades españolas, portuguesas y de otros países de la UE para defraudar a Hacienda.
Las investigaciones para localizar a los administradores de cuatro empresas que en los últimos años obtuvieron devoluciones indebidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por unos 4,9 millones de dólares, dieron como resultado la detención de Walter Javier C. y de Roland Alexander B., responsables de dos de las compañías.
Marcelo P., dirigente de la organización, abandonó España y otros tres administradores de las empresas, Oscar Javier D., Javier Martín T. y Juan Carlos R., desaparecieron de sus domicilios.
En la primera fase de la operación, en febrero del 2003, ya fueron detenidos y puestos a disposición judicial otros tres miembros de la red, también argentinos, Gabriela Viviana C., Felipe Rafael M. y Fernando Carlos S..
En los registros practicados en dos oficinas que éstos habían alquilado, la policía halló siete pasaportes falsos con fotografías de los detenidos, documentación, facturas falsas, y tres computadores que contenían la estructura de la organización y las funciones y sobrenombres de sus miembros.
En la comisión del fraude, la organización constituía múltiples sociedades instrumentales por medio de extranjeros no residentes que permanecían sólo unos días en España, tiempo en el que conferían plenos poderes en las empresas a dos de los ciudadanos argentinos, portadores de pasaportes falsos italianos.
Utilizando distintas identidades, esos individuos abrían cuentas a nombre de las sociedades en bancos de España y Portugal, en las que realizaban importantes operaciones de abono y adeudo que servían para dar cobertura a las compraventas ficticias de componentes informáticos, a través de las cuales obtenían de Hacienda significativas devoluciones indebidas de IVA.
Además de esas devoluciones en España en concepto de IVA, otro grupo de sociedades de la misma organización hacía supuestas compras en otros países comunitarios, actuando como evasoras totales de impuestos al emitir facturas falsas, a otras sociedades también controladas por la banda.
También operaban con conocidas empresas españolas mediante las denominadas "operaciones casadas", en las que los mismos productos que compraban a sociedades de la organización eran inmediatamente vendidos, exentos de IVA, a sociedades italianas, francesas o portuguesas también investigadas.
La Policía añade que la red falsificaba los documentos de transporte y determinadas sociedades controladas por el grupo, a las que denominan "copias", que tenían un nombre similar al de otras empresas reales del mismo sector en España y Portugal, a las que imputaban de forma fraudulenta ventas que no habían efectuado.