La Cámara de Diputados buscará darle más poder a las cooperativas de trabajo

Tras la fallida reunión para tratar la suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, la Cámara de Diputados buscará debatir este miércoles una serie de proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición.

Casi todos los legisladores coinciden en que debe modificarse la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) vigente, para así proteger a los trabajadores de las empresas que llegan a estas situaciones límite, ya sea por una mala administración o por el impacto del contexto económico sobre su rentabilidad y competitividad.

En este contexto, la Cámara de Diputados será el escenario donde una iniciativa clave, impulsada por el Poder Ejecutiv, intentará lograr media sanción para luego convertirse en ley.

La propuesta apunta a que las empresas que están al borde de la quiebra puedan transformarse en cooperativas de trabajo. A tal efecto, propone dar participación a los empleados de las firmas recuperadas.

Según explicó la presidenta Cristina Kirchner "frente a la pérdida de su fuente de empleo, muchos dependientes podrán decidir permanecer en sus puestos laborales, con el fin de reiniciar la producción mediante una cooperativa".

Con este objetivo, el juez y el síndico de la quiebra deberán considerar, como paso previo a decretar la liquidación de la compañía (remate), toda propuesta tendiente a constituir esta nueva forma de organización.

En tanto, otro punto neurálgico del proyecto radica en el cómputo de todas las acreencias de los trabajadores, como sueldos atrasados y otros derechos que surjan de una liquidación final de haberes, incluida la indemnización, como forma de pago para comprar la liquidación de la empresa original.

Si bien los especialistas que dialogaron con este medio aseguraron que "en principio, la posible reforma parece privilegiar la continuidad de la explotación de la compañía y no el desmantelamiento de la misma", advirtieron que hay que tomar ciertos recaudos, teniendo en cuenta el poder que se les dará a las cooperativas de trabajo.

El proyecto del Gobierno
La iniciativa enviada por la Presidenta contempla, entre otros aspectos:

• La posibilidad de que la cooperativa de trabajo se inscriba en el registro de interesados para adquirir acciones o cuotas sociales de la firma concursada y poder así formular una propuesta a los acreedores durante el acuerdo preventivo. Vale remarcar que la ley vigente establece que, luego de dictada la sentencia de quiebra, se proceda a la incautación de los bienes y papeles de la empresa. En esos casos, el síndico puede convenir la locación o cualquier otro contrato sobre dichos bienes.
• La cooperativa de trabajo podrá proponer qué contrato llevar a cabo y lo garantizará en todo o en parte, si procede su pedido, con los créditos laborales pendientes de sus asociados.
• También podrá presentar, en el plazo de 20 días a partir del pedido formal de hacerse cargo de la firma, un proyecto de explotación donde consten las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará. Dicha propuesta será analizada por el síndico, quien deberá emitir su opinión al respecto.
• Por otra parte, el proyecto de ley señala que el juez de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias o prendarias por un plazo de hasta 2 años, a pedido de los interesados en constituir la cooperativa.

Disidencias
Una de los puntos criticados por los legisladores, que votaron el dictamen en disidencia -en oportunidad en que la iniciativa fue analizada en Comisión- consistía en que ven como "altamente riesgoso", para la seguridad jurídica, conceder la capacidad de continuar la explotación de la empresa a entidades cooperativas en formación.

Estos legisladores explicaron que se trata de entidades de hecho o irregulares, sin ninguna regulación jurídica formal. Para ellos, lo razonable es imponer a las cooperativas la obligación de legalizarse como tales, en un plazo no mayor de 40 días, a partir de la petición de continuar la explotación empresarial.

De esta manera, se reconocería a los dependientes el derecho de continuar con la explotación como cooperativas en formación, pero se les impondría la obligación de regularizar jurídicamente su situación.

Voces
Martín Garcés, socio de Baker & Mckenzie, consideró que "la reforma le otorga un papel mucho más importante a las cooperativas" que el que hoy tienen de acuerdo con la normativa vigentes.

"Si bien no son un fenómeno nuevo en la legislación concursal, en los últimos tiempos se han desarrollado como actores cada vez más conspicuos en los procesos liquidatorios", agregó.

Sobre el proyecto, destacó que "el otorgamiento de facultades al juez, a pedido de la cooperativa de trabajo, para suspender las ejecuciones por hasta un plazo de 2 años puede llegar a provocar consecuencias negativas en el mercado. Esto es así, porque este incremento del riesgo para el acreedor seguramente generará el encarecimiento del crédito, con obvias implicancias desventajosas para el resto de la cadena comercial".

En la misma línea, Juan Carlos Cerutti y Gustavo Unamuno, abogados especialistas en derecho del Trabajo e integrantes del estudio Cerutti - Unamuno - Darago, sostuvieron que "hay que tener ciertas precauciones ya que le están dando mucha importancia a las cooperativas de trabajo".

"Éstas, si bien tienen un fin noble, fueron objeto de abuso por parte de quienes las constituyen, teniendo a supuestos socios cooperantes que, en realidad, eran empleados mal registrados -en negro-", agregaron los expertos.

Los especialistas consultados por iProfesional.com también afirmaron que las reformas que tienden a "cuidar las industrias y los puestos de trabajo" deberían posibilitar a los empleados algún tipo de asesoramiento en cuanto al manejo empresario, ya que si bien fueron dependientes y tienen experiencia en el rubro, algunas de las "fábricas recuperadas" tuvieron serios problemas para ser administradas.