Durrieu: "En la Argentina nadie le teme a la ley penal"

Roberto Durrieu recibe a INFOBAEprofesional  en su luminoso despacho de Maipú 1300, donde funciona el estudio que fundó su padre, en 1952, actualmente especializado en derecho penal.

Destacado jurista, además de presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (termina este año su mandato), y profesor titular de Derecho Penal en la UCA, Durrieu realiza un balance de lo acontecido durante 2004 en instituciones clave de la estructura republicana, como la Corte, el Congreso y el Consejo de la Magistratura.

Además, analiza los proyectos de ley que impulsó el Gobierno para frenar la ola de inseguridad, que en los últimos años azotó en nuestro paí­s, y que tuvieron su impulso con el protagonismo que tomó la aparición de Juan Carlos Blumberg.

Aunque el penalista mantuvo el mismo tono formal y medido durante toda la entrevista, habló con énfasis de la reforma al Código Penal, un tema que verá la luz en los próximos meses cuando el Ministerio de Justicia termine su proyecto de reforma, y no ahorró crí­ticas hacia el Gobierno, sobre el que dijo: "no ha tomado con respecto a la seguridad las medidas que deberí­a haber tomado".

-¿Qué le parecieron los proyectos de ley impulsados por el Gobierno durante 2004 para combatir la inseguridad?

-Si se refiere por ejemplo al juicio por jurados, me parece para ese fin inoperante. El problema de la seguridad no pasa porque a los acusados de delitos los juzguen jueces de derecho con tí­tulo de abogado o la gente del pueblo. No tiene nada que ver con la seguridad. Y no ha tomado con respecto a la seguridad las medidas que deberí­a haber tomado. No creo en el buen funcionamiento de los juicios por jurados integrado por gente inidónea.

-En cambio está de acuerdo con la reforma al Código Penal...

-El Código Penal tiene que tener algunas reformas. A los aspectos de la seguridad le digo que deben hacerse tres reformas sustanciales: debe incorporarse en forma urgente la imputabilidad de los menores a partir de los 14 y 16 años, según los delitos que se les reproche. Esto es urgente porque hoy es evidente que la capacidad de razonamiento delictivo de los menores no corresponde que los haga inimputables porque no lo son, conocen perfectamente la criminalidad del acto.

Por otro lado, no es posible que conviva la condena de ejecución condicional, que es un beneficio que ahora se otorga dos veces en la vida y por delitos de hasta tres años de prisión, junto con la probation o suspensión del proceso a prueba, porque eso significa que un individuo, de acuerdo a esas dos leyes, puede ser descubierto en la comisión del delito y hallado técnicamente culpable y no cumplir pena.

Si a eso se le agrega la inimputabilidad de los menores de 17 años en hurtos, en daños, en violaciones de domicilio, tenemos que la inimputabilidad o impunidad del delito tiene una brecha que en ningún paí­s del mundo iguala a la Argentina. También habrí­a que volver al régimen de reincidencia que fue prácticamente derogado en la reforma de 1984.

-En un escenario de tanta inseguridad, ¿no cree que la gente confunde inseguridad con injusticia?

-Yo dirí­a que no confunde, son aspectos del mismo drama. Porque la inseguridad está especialmente motivada por la impunidad, y la impunidad es una injusticia.

La impunidad puede proceder porque no es descubierto el delincuente, porque las leyes les dan una excesiva protección o porque hay jueces que se equivocan, y esa impunidad hace que al derecho penal se le haya perdido el temor en la Argentina.

Si no se castiga a aquellos ataques a la base mí­nima de ética, para que podamos vivir en sociedad, respetando estos derechos fundamentales, se va destruyendo todo el sistema.

De manera que la impunidad genera la injusticia y la inseguridad, porque en la Argentina nadie le teme a la ley penal, son todas situaciones de un mismo drama.

Balance del año 2004
-¿Qué balance hace del comportamiento que tuvo este año la Corte Suprema?

-Hay dos fallos de la Corte Suprema, en su nueva integración, dolorosos para la vida institucional del paí­s. En primer lugar aquel que acepta la aplicación retroactiva de las leyes penales más gravosas. Se trata de una conquista de los derechos humanos del mundo moderno en derecho penal, no puede aplicarse retroactivamente a los imputados por hechos que han ocurrido antes de la sanción de las disposiciones, y eso ha hecho la Corte.

Después, en el fallo del caso "Peralta", consagra en primer lugar el ataque a los derechos que los inversionistas, que por lo general era de menor monto o cuantí­a, porque se los disminuye enormemente y, al mismo tiempo, beneficia a los deudores, que por lo general era la gente que mayor poder económico tení­a, y en tercer lugar terminan responsabilizando económicamente a los bancos, que no tienen nada que ver con esto, todo lo que ha sucedido es responsabilidad del Estado, y éste debió utilizar medios, si fue el causante, para equilibrar esta situación. Pero no debe ni castigar el patrimonio de los inversionistas, ni debe hacerle ganar plata a los deudores de la manera en que lo hizo, ni debe castigar el patrimonio de los bancos que no tienen nada que ver con estas polí­ticas. De manera que a mi juicio, en estos puntos fundamentales, no es bueno.

-¿Y el Consejo de la Magistratura?

-Creo que el Consejo de la Magistratura ha mejorado sensiblemente en forma comparativa con respecto a años anteriores, ha avanzado muchí­simo en el trabajo y cubrió muchí­simas ternas; donde se hizo un cuello de botella fue en el Ejecutivo.

Pero el trabajo del Consejo, que lo he seguido de cerca de la comisión de selección y designación de jueces ha sido bueno y satisfactorio, y creo que con el tiempo se van a ir limando cada vez más los inconvenientes, porque me parece que el Consejo de la Magistratura tiene esencialmente una función, que es la más importante, y con eso deberí­amos haber terminado, que es la selección de los magistrados y la acusación de los malos magistrados ante la Comisión de Acusación.

Lamentablemente no ha cumplido con todas las expectativas creadas, porque deben realizar auditorí­as e investigaciones para resolver si corresponde o no sancionarlos o iniciar juicio polí­tico, y nada de eso ocurrió. Debo señalar que es una función delicada y que hay que usarla con mucho cuidado, porque son muchos más los jueces honestos que aquellos que no cumplen con su deber. Entonces también debe preservarse la imagen de los jueces.

-En cuanto al Congreso...

-Creo que el Congreso Nacional ha estado cada vez más ausente en la vida pública argentina al haber autorizado de manera no fiscalizada ni controlada la emisión de decretos por el Poder Ejecutivo sin cumplir las disposiciones que la Constitución establece de haber creado la comisión de seguimiento y ratificarlos o no.

Nada de eso se ha hecho, con lo cual es una especie de vaciamiento que eso se le agrega que la ley de leyes, que es el presupuesto de la Nación, pasa a ser una expresión de pura voluntad porque se le otorga al jefe de Gabinete el manejo de las partidas como bien le parezca, de manera tal que el instrumento de los fondos puede hacerlo el Ejecutivo sin el contralor del Congreso.

Eso me parece muy malo, y para agregar actitudes que no hablan de la independencia necesaria de tan importante poder fue la iniciación y curso del juicio polí­tico a los miembros de la Corte de la llamada mayorí­a automática.

Con esto no hago juicio de valor sobre estos jueces, es la primera vez en la historia que un presidente de la República presiona por los medios de prensa al Congreso para que lleve adelante este proceso y coloca a su esposa a presidir la comisión encargada de juzgarlos, y los resultados eran obvios.

En la lectura del contenido no juzga nada profundo, sino está convirtiendo al Congreso en una tercera etapa judicial. Podrí­a haberse buscado muchas causas de acusaciones serias, sino que se hicieron análisis de fallos, con interpretaciones distintas.

Las instituciones en 2005
-¿Cómo ve el panorama institucional para el  año 2005?

-Más allá de mi concepción optimista por naturaleza, porque estoy dispuesto e invito a todos los abogados a todos los ciudadanos, especialmente a la gente joven, a que se sumen a una lucha permanente por la vigencia del derecho y de la esencia de nuestra Constitución, debo decir que no hallo polí­ticas encaminadas a estos objetivos, y nada me hace pensar que el año que viene cambie esta situación, si no  -pienso-  que puede agravarse, porque la situación económica, que también es un factor de inseguridad se va agravando, yo no creo que le den soluciones con polí­ticas estatizantes a la gente que hoy no tiene trabajo.

La única manera de arreglar ese papel importantí­simo y sustancial para la vida argentina es que haya inversiones y no veo un entusiasmo externo por la coyuntura institucional del paí­s.

Perfil del Dr. Roberto Durrieu

• Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
• Profesor titular de Derecho Penal en la UCA.
• Defensor oficial ante la Corte Internacional de Derechos Humanos de Derecho Penal con sede en La Haya.
• Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal.
• Conjuez de la Cámara Nacional Federal de Apelaciones de La Plata.