Según un informe de la AFIP, uno de cada tres vigiladores privados trabaja en negro
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Uno de cada tres trabajadores de las empresas de seguridad no está registrado legalmente y el 20 por ciento de las agencias habilitadas en el país no presentan declaraciones juradas de seguridad social.
Así se desprende de un relevamiento difundido hoy por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que especifica datos y estadísticas de uno de los rubros que presenta mayores ·a irregularidades en su funcionamiento.
El organismo recaudador estima que el empleo no registrado en el sector oscila entre el 30 y 35 por ciento, dato que surge de la diferencia entre los 80.000 trabajadores declarados y los 120.000 estimados en actividad.
El INDEC relevó que sobre un total de 1.500 empresas habilitadas en el país, más de 300 agencias no cumplen con las presentaciones de las declaraciones juradas de seguridad social, lo se traduce en una evasión aproximada del 20 por ciento.
Con el objetivo de combatir las distintas formas de evasión que se registra en las empresas de seguridad, a partir del 1 de marzo de este año entrará en vigencia un sistema de retenciones de seguridad social.
El mencionado régimen de retenciones alcanza a empresas, comercios, countries y consorcios que contraten servicios de vigilancia por un importe superior a los 8.000 pesos, aplicando una tasa del 6 por ciento destinada a la seguridad social.
En los últimos dos años se fiscalizaron a más de 750 empresas de seguridad y se detectaron incumplimientos por 7 millones de pesos sobre la nómina salarial.
Las prácticas más habituales de evasión detectadas fueron el empleo en negro no registrado, personal declarado como de media jornada y diferencias entre los sueldos abonados y los registrados.
El sistema de retenciones que entrará en vigencia a partir de marzo tiende a concientizar a los empresarios sobre la necesidad de regularizar a sus trabajadores, ya que parte del costo salarial será retenido por los contratantes.
La alta rotación de mano de obra, como así también la distribución geográfica de los vigiladores en los distintos objetivos, atenta con un efectivo control, según afirmaron fuentes de la AFIP.
Los dos ejemplos más claros de la acción penal de la AFIP frente a irregularidades detectadas en el sector se llevaron a cabo ante empresarios vinculados con las compañías Investigaciones Duque SA, y Seguridad y Custodia SA.
En el caso de Investigaciones Duque, Oscar Mauricio Ghillione, fue detenido y condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo como responsable del delito de evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta.
Ghillione se encuentra detenido desde el 12 de setiembre de 2002 y podría recuperar su libertad en forma condicional en estos días por el cómputo de las dos terceras partes de la pena.
Las maniobras desplegadas consistieron en la presentación de declaraciones juradas engañosas de IVA, a fin de ocultar la realidad de las operaciones comerciales de la firma, como así también la utilización fraudulenta de diferimientos de IVA por simulación de inversiones en empresas promovidas.
En el caso de Seguridad y Custodia, la Justicia resolvió la prisión preventiva de Juan Ramón Goicochea, Carlos Antonio Soria y Alejandro Manuel Soria, por considerarlos prima facie autores del delito de evasión tributaria agravada.
La causa fue iniciada a raíz de una investigación de la AFIP que detectó que la empresa mencionada, dedicada a prestar servicios de seguridad y vigilancia a firmas de primera línea, había ocultado su real situación económica al fisco presentando declaraciones juradas engañosas.
Durante el transcurso de la fiscalización, la empresa denunció que le había sido robada la totalidad de su documentación contable, pero se pudo reconstruir su situación fiscal mediante la información suministrada por sus proveedores y clientes. (Télam)