Fiscal pide archivar denuncia contra Gerardo Martí­nez por desapariciones en dictadura

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este jueves archivar una denuncia contra el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, acusado de haber actuado como supuesto cómplice de genocidios durante la última dictadura militar cuando se desempeñaba como agente de inteligencia.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que mediante un dictamen, Di Lello le pidió al juez federal Ariel Lijo que archive la causa al considerar que no hay en la "investigación constancias de peso como para sustentar un enrostre personal".

La denuncia contra Martínez, quien en la actualidad goza de la simpatía por parte del Gobierno nacional en medio de la pelea con el titular de la CGT, Hugo Moyano, la habían hecho el Sindicato de la Industria de la Construcción (Sitraic) y organismos de derechos humanos.

Concretamente, lo acusaban de cometer delitos de lesa humanidad cuando se desempeñó como personal civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

En su dictamen, Di Lello tuvo en cuenta que la Secretaría de Derechos Humanos informó que "en relación a la desaparición de personas relacionadas con la Unión Obrera de la Construcción no había mención alguna de su participación", y sostuvo que "la totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o ex trabajadores de actividades ligadas a la construcción fueron anteriores al 1 de marzo de 1982, fecha en que según registro Gerardo Martínez fue incorporado al Ejército argentino como agente civil de inteligencia".

Para el fiscal, "la existencia de constancias que acrediten aunque mínimamente los sucesos impulsados, no me permiten continuar con el sostenimiento de la acción".

Del mismo informe surge que "no se podría determinar que Martínez haya participado en algunos de los sucesos, no sólo por no haber constancias sino porque no coincidirían las fechas de las desapariciones con el ingreso de aquel al Batallón de inteligencia", invocó en su escrito Di Lello.

Además, consideró que "la sola permanencia" de Martínez al aparato de inteligencia del Ejército "resulte orientativo de que el imputado participaba de los fines de tal sociedad criminal, suceso que sólo halla adecuación típica en tanto y en cuanto las actuaciones permitan ubicarlo no sólo en tiempo y espacio como parte del Batallón sino que incluso asignarle tareas o responsabilidad en cada uno de los hechos merecedores de reproche".

"La existencia de constancias que acrediten aunque mínimamente los sucesos impulsados, no me permiten continuar con el sostenimiento de la acción", dijo el fiscal, quien aseguró que "la investigación ha llegado a un estado en el cual el avance o eventualmente su continuidad en este fuero, dependen de un cuadro probatorio que así lo sustente, no encontrándose circunstancias que hasta ahora lo acrediten".

La denuncia
El Sitraic, legisladores, organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas lanzaron a fines de agosto una campaña para exigir el encarcelamiento de Martínez, a quien acusan de haber sido agente de inteligencia y colaborar en la desaparición de 105 albañiles en Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.

"Martínez fue un tipo de los servicios, y no sabemos si lo sigue siendo. Tuvo un nombre de guerra y su rol como agente está comprobado por los organismos oficiales", explicó Oscar Castro, querellante en la causa que lleva el juzgado federal del juez Ariel Lijo y dirigente del Sitraic.

La denuncia contra Martínez fue presentada en los tribunales el 20 de julio del 2011. La Secretaría de Derechos Humanos lo desvinculó de las desapariciones de obreros, pero admitió que el actual titular de la Uocra (DNI 11.934.882) figuraba en el listado del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601, y que había actuado entre marzo de 1982 y diciembre de 1983.

El 3 de julio pasado, en declaraciones radiales, Martínez dijo que había sido convocado por los militares para la reconstrucción de las islas Malvinas una vez que las Fuerzas Armadas dominaran el territorio, pero que él no tuvo "nada que ver con la dictadura, ni había firmado nada".

Sin embargo, semanas después salió a la luz su legajo microfilmado, archivado en el Departamento de Personal de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Según la revisión de las fojas difundidas por un matutino porteño, Martínez trabajó entre 1981 y 1984 para el servicio de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, destacamento militar reconvertido en centro clandestino de detención en los años de plomo. El organismo dependía del Comando de Institutos Militares. Y durante la dictadura sus jefes fueron los generales Riveros, Montes, Nicolaides y Bignone. Para entonces no había ningún plan para reconquistar las islas.

De acuerdo con los documentos, Martínez jura (y firma) servir con "lealtad y fidelidad" al organismo militar. Su especialidad era "Agente de Reunión en el ámbito gremial" aunque ahora se investiga si participó de "interrogatorios". Para el Sitraic, no quedan dudas: el sindicalista cercano a la Presidenta "era un represor, no solo un buchón".