Debaten nuevo código minero para atraer más inversiones

Apuntando a no repetir esa experiencia y a generar escenarios que favorezcan la llegada de nuevas inversiones, en un marco no conflictivo con las comunidades involucradas, autoridades y representantes del sector en las provincias impulsan la discusión de un nuevo código minero.

Es que el crecimiento que la actividad minera está demostrando en la mayorí­a de las provincias con historial y potencial de recursos generó la necesidad de "aggiornar" las normas de modo de crear un marco regulatorio más adecuado.

La preocupación gira en torno de una actividad que, a futuro, promete inversiones superiores a u$s4.000 millones en varias regiones del paí­s.

Por eso, más que avanzar en puntos que generen mayor atractivo para la inversión, la preocupación es brindar un marco legal que reduzca la conflictividad asociada a los nuevos proyectos de exploración y explotación.

Pendiente
No sólo el caso de la minera canadiense Meridian Gold, en Chubut, dio la pauta del grado al cual puede llegar la preocupación por el cuidado del medio ambiente, sino también los cuestionamientos que aún persisten alrededor de todos los grandes emprendimientos mineros en el paí­s, como Veladero, en la cordillera sanjuanina, o Bajo La Alumbrera, en Catamarca.

Es que la resistencia de las comunidades cercanas a los yacimientos, justificada o no, no puede ser soslayada a la hora de evaluar la viabilidad de inversiones de alto riesgo.

El camino del crecimiento de la actividad minera en el paí­s –que de acuerdo con las caracterí­sticas geológicas deberí­a tener una pendiente favorable– dependerá de las precauciones que se adopten y que puedan garantizar desde la normativa, para la no afectación de los recursos naturales ni de las comunidades en las zonas relacionadas.

Protección
Para analizar este escenario, en Santa Cruz se llevó a cabo una jornada de debate sobre reformas al marco legal de la actividad minera. Fue la primera de una serie de cinco que continuarán hasta fin de año.

El objetivo es no repetir esa experiencia y generar escenarios que favorezcan la llegada de nuevas inversiones, en un marco no conflictivo con las comunidades involucradas. Por eso autoridades y representantes de las provincias impulsan la discusión de un nuevo código minero.
Se dieron cita legisladores de las comisiones de Minerí­a y Energí­a del Congreso, convocados por el presidente de esa área en el Senado, Nicolás Fernández, junto a representantes de ONG, juristas y especialistas en distintas áreas.

El principal objetivo que afloró en las disertaciones y talleres apuntó a generar un marco de debate que instale el concepto de "protección del medio ambiente", las comunidades y las fuentes de trabajo, como puntos centrales de la futura reforma de una norma que por tener más de 100 años de vigencia "se torna obsoleta y desactualizada".

"Las empresas deben prevenir el conflicto"
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ricardo Lorenzetti, le dio al debate una dimensión nacional, al plantear que el cuidado del medio ambiente es un factor que debe estar necesariamente presente.

"Serí­a bueno incorporar mecanismos jurí­dicos claros para actuar frente a las impugnaciones planteadas a proyectos mineros", dijo.

Para el ministro, "cuando hay tensiones entre una empresa minera y una comunidad, la legislación argentina hasta ahora ha incorporado el principio de progresión, vigente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para todos los conflictos y también en la Ley General del Ambiente, que tiene el principio de gradualidad".

Dentro de esas consideraciones, explicó cuáles son –a su criterio– los puntos a tener en cuenta antes de legislar:

• La relación entre el Código de Minerí­a y la ley ambiental. El primero fue gestado en función de la problemática minera exclusivamente ,y la segunda es "transversal", ya que incorpora valores que apuntan al "conflicto".
  
  
• Los cambios a introducir en relación con el cuidado del ambiente sólo pueden superar el estándar de la ley vigente.
  
  
• Evaluar los daños potenciales a las comunidades indí­genas desde la prevención y la precaución. La ley del ambiente ya reconoce el daño cultural y moral colectivo, con lo cual la solución por indemnización ya está prevista.
  
  
• En caso de duda, aplicar el principio de "precaución", para frenar la continuidad del plan dentro de principios lógicos.
  
  
• Incentivos para que las empresas activen controles de mercado para prevenir conflictos.
  Por su parte, el senador Nicolás Fernández convocó a "no desaprovechar la oportunidad de defender el proyecto de Néstor Kirchner", e insistió en que "el compromiso y participación son el freno a proyectos individualistas que consagraron la desigualdad y la acumulación de riqueza en pocas manos".

Carlos Sueldo
Infobae Diario
csueldo@infobae.com