La Cámara baja sancionó la última de las seis leyes que avanzan sobre la Justicia
Diputados transformó en ley la norma que regula el acceso laboral al Poder Judicial sin debate. La oposición volvió a votar en contra de la medida
La Cámara baja convirtió en norma el proyecto de ingreso democrático del personal al Poder Judicial a través de concursos públicos que deberán ser convocados y controlados por la Corte Suprema.
El proyecto del oficialismo -el último que quedaba por ser debatido del paquete de seis iniciativas, varias duramente cuestionadas por la oposición- fue aprobado por 130 votos a favor del oficialismo y sus aliados, y 84 en contra de la oposición.El texto, que ingresó a Diputados en segunda revisión desde el Senado, fue aprobado sin debate por acuerdo entre los legisladores por un pedido del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi.De este modo, el Congreso concluyó con la sanción del paquete de iniciativas que buscan "democratizar la Justicia, cuyos ejes centrales son el voto popular de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y la regulación de las medidas cautelares.El resto de las iniciativas que avanzan sobre la Justicia fueron promulgadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas, siendo la última la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la más cuestionada por la oposición, jueces y abogados, quienes rechazan la votación directa de académicos, magistrados y letrados así como el requisito de que sólo las agrupaciones con representación en al menos 18 provincias pueden postular candidatos.
Ingreso democrático a la JusticiaEl proyecto que convirtieron en ley los diputados establece que el objetivo es "regular el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público".
La iniciativa determina que "podrán ingresar al Poder Judicial y al Ministerio público como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos letrados, mediante el sistema de concursos".Permite la designación directa "excepcionalmente" en los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, pero "tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente mediante en forma definitiva" y a los dos letrados.Además, contempla que deberá establecerse un cupo para discapacitados del 4% de los cargos a cubrir, siempre que alcancen los requisitos para esos puestos.
Los concursos para el Personal Judicial se efectuarán en la Corte Suprema de Justicia, mientras que los que se postulen para el Ministerio Público o la Defensoría General de la Nación participarán en concursos a desarrollarse en cada dependencia.La integración de los órganos que deberán convocar a los concursos deberá ser definida para el caso del Poder Judicial por la Corte Suprema y deberán realizarse con alcance en todas las jurisdicciones, a los efectos de garantizar la participación ciudadana.Además fija que no podrán presentarse a los concursos las personas que hubieran sido condenadas por delitos dolosos en los últimos cinco años, o contra la Administración Pública.A lo largo del proyecto se determina que tampoco podrán presentarse a los concursos las personas inhabilitadas judicialmente para ejercer cargos públicos, o por haber vulnerado el artículo 36 de la Constitución Nacional.