Dí­as decisivos para nombrar nuevo defensor general de la Nación

Se viven horas decisivas en el Ministerio de Justicia para remitir al Senado la terna con los candidatos para ocupar la titularidad de la Defensorí­a General de la Nación, luego de la renuncia de Miguel Angel Romero. Si bien aún falta poco más de tres semanas para que la cartera que dirige Horacio Rosatti publique la lista de los preseleccionados  -vence el 4 de julio-, en los pasillos de la Casa Rosada suenan fuerte cuatro nombres para tres plazas.

En ese poker de candidatos se encuentran: el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, discí­pulo del recordado jurista Germán Bidart Campos; la actual defensora general sustituta, Stella Maris Martí­nez; Lucila Larrandart, jueza federal de San Martí­n, y Ricardo Napolitani, vocal del Supremo Tribunal de Santa Cruz, para muchos, el "tapado".

Si bien, hace unos dí­as circuló como candidato Enrique Peretti, otro de los jueces del máximo tribunal de la provincia de la que es oriundo Kirchner, quedó descartado y surgió con mayor fuerza el de Napolitani, quien en 1999, cuando era titular del Juzgado Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, Chubut, condenó a quienes encabezaron un "piquete" en la ruta nacional número 3, medida dejada sin efecto por la Cámara de Casación Penal, al año siguiente.

La ley orgánica del Ministerio Público  -ley 24.946-  dispone que el defensor general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por dos tercios de miembros presentes. Ante la renuncia de Romero, se aplica el decreto 222/03, que establece el procedimiento para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el 588/03 que lo amplí­a para designar al titular de la Procuración General de la Nación y al defensor general.

El decreto establece que producida una vacante, en un plazo máximo de treinta dí­as, se publicará en el Boletí­n Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo, se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia.

El plazo de treinta dí­as empezó a correr desde que Romero presentó su renuncia al cargo el pasado 16 de mayo y se publicó el decreto de aceptación de esa decisión el 19 de ese mes, por lo que el plazo debe computarse al dí­a siguiente y en dí­as hábiles administrativos -en virtud de la ley 19.549 que dispone que se considerarán dí­as hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario-.